En los próximos tres meses cada estado del país contará con una Unidad Especializada en Combate al Secuestro, cuyo personal será capacitado por la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública federal, y que recibirá un salario especial, además de “recompensas económicas” por las bandas de plagiarios que detengan, así lo acordaron los procuradores generales de justicia del territorio nacional.
Asimismo, se pondrá a consideración del Congreso de la Unión las penas que se impondrá a los plagiarios (las cuales no se dieron a conocer) y que estarán a discusión de los congresos locales, para homologar a nivel nacional el castigo de este delito.
Por el momento, los 31 estados que conforman el territorio nacional y el Distrito Federal recibirán en los siguientes 15 días, los manuales para el Manejo de Crisis y Negociación (genérico y específico), para la Entrevista, de los Centros de Denuncia y el de Información.
Dicho consenso se da a 22 días del Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, que fue suscrito por el presidente Felipe Calderón y los gobernadores, y por los miembros del gabinete de seguridad federal, además de los representantes de los poderes Legislativo y Judicial, de los tres órdenes de gobierno, y por parte de las organizaciones civiles, sociales, empresariales y religiosas.
Las entidades que actualmente cuentan con unidades especializadas en el combate al delito de secuestro (sólo 50 por ciento de los estados) adoptarán los protocolos comunes e integrales de actuación policial, ministerial y pericial, y se comprometieron a revisar sus procesos operativos para que sean acordes a la Estrategia Nacional e Integral contra el Delito de Secuestro.
Aunque no se dio a conocer el número de bandas que operan, el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, de la PGR, Víctor Emilio Corzo, dijo que la autoridad conoce muy bien dichas cifras, pero advirtió que éstas no son difundidas para no redimensionar el fenómeno que actualmente nos aqueja.
Al término de la reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Procuración de Justicia, precisó que no se busca generar temor con el supuesto aumento de bandas, pues insistió que estos grupos criminales operan en las zonas limítrofes de los estados, y con ello hacen creer que se trata de diversas bandas de secuestradores.
El procurador general de Justicia de Nuevo León, Luis Carlos Treviño, quien dio a conocer el acuerdo alcanzado, subrayó que la PGR ya tiene listo un programa de capacitación del personal ministerial que integrarán las unidades; al mismo tiempo, la dependencia federal se comprometió a conformar un directorio de expertos de las procuradurías de justicia que pueden ser capacitadores de agentes del Ministerio Público y peritos.
Por su parte, la SSP federal asesorará al personal policial que sea evaluado mediante un curso que tendrá una duración de 40 días, y una que vez que sean aceptados, deberán ser sometidos al mismo procedimiento cada año.
La citada secretaría, junto con PGR, se comprometieron a brindar el trabajo tutorial para instalar las Unidades Especializadas, en un término de tres meses.
De igual manera, se llegó al consenso de que el personal antisecuestro que deje de laborar en las unidades será monitoreado, esto para evitar casos como los que se han presentado en los últimos meses, en los que ha habido participación de uniformados.
La Unidad de Coordinación e Intercambio de Información Policial, y la PGR a través del Cenapi, serán las responsables de administrar la información, la cual formará parte de la base de datos de Plataforma México.
Banco de voces
Tanto las 32 procuradurías de justicia como la PGR integrarán, en un plazo de seis meses, un banco de voces de personas sujetas a investigación, así como de su personal que atiende el secuestro, al sistema automatizado de identificación biométrica por voz.
Ahora, las dependencias encargadas de procurar justicia tendrán que entregar al día las estadísticas en materia de secuestro; las procuradurías estatales proporcionarán tanto denuncias como casos registrados, casos resueltos, desarticulación de bandas, detenidos y consignados.
Asimismo, se pondrá a consideración del Congreso de la Unión las penas que se impondrá a los plagiarios (las cuales no se dieron a conocer) y que estarán a discusión de los congresos locales, para homologar a nivel nacional el castigo de este delito.
Por el momento, los 31 estados que conforman el territorio nacional y el Distrito Federal recibirán en los siguientes 15 días, los manuales para el Manejo de Crisis y Negociación (genérico y específico), para la Entrevista, de los Centros de Denuncia y el de Información.
Dicho consenso se da a 22 días del Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, que fue suscrito por el presidente Felipe Calderón y los gobernadores, y por los miembros del gabinete de seguridad federal, además de los representantes de los poderes Legislativo y Judicial, de los tres órdenes de gobierno, y por parte de las organizaciones civiles, sociales, empresariales y religiosas.
Las entidades que actualmente cuentan con unidades especializadas en el combate al delito de secuestro (sólo 50 por ciento de los estados) adoptarán los protocolos comunes e integrales de actuación policial, ministerial y pericial, y se comprometieron a revisar sus procesos operativos para que sean acordes a la Estrategia Nacional e Integral contra el Delito de Secuestro.
Aunque no se dio a conocer el número de bandas que operan, el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, de la PGR, Víctor Emilio Corzo, dijo que la autoridad conoce muy bien dichas cifras, pero advirtió que éstas no son difundidas para no redimensionar el fenómeno que actualmente nos aqueja.
Al término de la reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Procuración de Justicia, precisó que no se busca generar temor con el supuesto aumento de bandas, pues insistió que estos grupos criminales operan en las zonas limítrofes de los estados, y con ello hacen creer que se trata de diversas bandas de secuestradores.
El procurador general de Justicia de Nuevo León, Luis Carlos Treviño, quien dio a conocer el acuerdo alcanzado, subrayó que la PGR ya tiene listo un programa de capacitación del personal ministerial que integrarán las unidades; al mismo tiempo, la dependencia federal se comprometió a conformar un directorio de expertos de las procuradurías de justicia que pueden ser capacitadores de agentes del Ministerio Público y peritos.
Por su parte, la SSP federal asesorará al personal policial que sea evaluado mediante un curso que tendrá una duración de 40 días, y una que vez que sean aceptados, deberán ser sometidos al mismo procedimiento cada año.
La citada secretaría, junto con PGR, se comprometieron a brindar el trabajo tutorial para instalar las Unidades Especializadas, en un término de tres meses.
De igual manera, se llegó al consenso de que el personal antisecuestro que deje de laborar en las unidades será monitoreado, esto para evitar casos como los que se han presentado en los últimos meses, en los que ha habido participación de uniformados.
La Unidad de Coordinación e Intercambio de Información Policial, y la PGR a través del Cenapi, serán las responsables de administrar la información, la cual formará parte de la base de datos de Plataforma México.
Banco de voces
Tanto las 32 procuradurías de justicia como la PGR integrarán, en un plazo de seis meses, un banco de voces de personas sujetas a investigación, así como de su personal que atiende el secuestro, al sistema automatizado de identificación biométrica por voz.
Ahora, las dependencias encargadas de procurar justicia tendrán que entregar al día las estadísticas en materia de secuestro; las procuradurías estatales proporcionarán tanto denuncias como casos registrados, casos resueltos, desarticulación de bandas, detenidos y consignados.
Rubén Mosso, Milenio, 13 de septiembre.
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