El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, envió al presidente Felipe Calderón una misiva el 18 de agosto pasado, en la cual le propuso que en las 75 acciones en materia de seguridad pública que se iban a anunciar el día 21 se incluyera la reforma al artículo 102 constitucional, “para establecer organismos independientes que investiguen a los policías y a funcionarios de las procuradurías generales de justicia cuando cometan delitos”.
El ombudsman señaló: “como se ha visto, una de las causas más importantes de la crisis de seguridad pública es la terrible impu- nidad que han disfrutado los miembros de las corporaciones policiacas e integrantes de las diversas procuradurías de justicia. De no encontrarse los medios para que respeten la legalidad, se corre el peligro de que se conviertan en un poderoso factor que siembra y promueve la ingobernabilidad”.
Advirtió que la degradación de la seguridad pública “es una dolorosa realidad que no podemos negar ni paliar con lamentos o la expresión de buenas intenciones; se requieren medidas enérgicas, y a la vez muy bien reflexionadas”.
Demandó “decisiones concretas, cuyos resultados puedan ser verificables y medidos; de lo contrario, corremos el riesgo de llegar a situaciones de anarquía, por completo ajenas y contrarias a la estabilidad y al orden constitucional democrático”.
El titular de la CNDH indicó en la misiva: “consciente de la responsabilidad que me corresponde como ombudsman nacional en los difíciles momentos actuales, me dirijo a ustedes –el Presidente y los gobernadores– para proponer que se adicionen dos párrafos al artículo 102 constitucional, apartado B”.
Así, planteó que “el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos encargados de realizar las investigaciones de los delitos y persecución de los responsables cuando existan datos que hagan probable suponer que se encuentran involucrados servidores públicos de las áreas de seguridad pública, particularmente miembros de corporaciones policiales y del ámbito de la procuración de justicia. Los organismos referidos actuarán con plena autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios”.
Explicó: “con organismos autónomos de esa naturaleza, ajenos a los intereses que han corrompido a las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, podríamos tener una nueva oportunidad como sociedad y nación, para que dichas corporaciones de policía e instituciones puedan retomar el camino de la legalidad”.
El ombudsman señaló: “como se ha visto, una de las causas más importantes de la crisis de seguridad pública es la terrible impu- nidad que han disfrutado los miembros de las corporaciones policiacas e integrantes de las diversas procuradurías de justicia. De no encontrarse los medios para que respeten la legalidad, se corre el peligro de que se conviertan en un poderoso factor que siembra y promueve la ingobernabilidad”.
Advirtió que la degradación de la seguridad pública “es una dolorosa realidad que no podemos negar ni paliar con lamentos o la expresión de buenas intenciones; se requieren medidas enérgicas, y a la vez muy bien reflexionadas”.
Demandó “decisiones concretas, cuyos resultados puedan ser verificables y medidos; de lo contrario, corremos el riesgo de llegar a situaciones de anarquía, por completo ajenas y contrarias a la estabilidad y al orden constitucional democrático”.
El titular de la CNDH indicó en la misiva: “consciente de la responsabilidad que me corresponde como ombudsman nacional en los difíciles momentos actuales, me dirijo a ustedes –el Presidente y los gobernadores– para proponer que se adicionen dos párrafos al artículo 102 constitucional, apartado B”.
Así, planteó que “el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos encargados de realizar las investigaciones de los delitos y persecución de los responsables cuando existan datos que hagan probable suponer que se encuentran involucrados servidores públicos de las áreas de seguridad pública, particularmente miembros de corporaciones policiales y del ámbito de la procuración de justicia. Los organismos referidos actuarán con plena autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios”.
Explicó: “con organismos autónomos de esa naturaleza, ajenos a los intereses que han corrompido a las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, podríamos tener una nueva oportunidad como sociedad y nación, para que dichas corporaciones de policía e instituciones puedan retomar el camino de la legalidad”.
Víctor Ballinas, la Jornada, 8 de septiembre.
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