El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzará el próximo lunes la discusión de más de 40 amparos presentados por intelectuales y organismos empresariales en contra de la reforma constitucional en materia electoral.
De acuerdo con fuentes consultadas, se espera un intenso debate, aunque se dijo que la mayoría se inclina por negar el amparo solicitado, porque la legislación no violenta la libertad de expresión ni otras garantías individuales.
En este contexto, agregaron los informantes que entre los temas a discutir destaca el relativo a si la Corte tiene facultades para revisar un proceso de reforma constitucional. Sobre este punto hay opiniones divididas entre los ministros.
Hay quienes opinan que el máximo tribunal sí debe revisar que las modificaciones constitucionales se apeguen estrictamente al procedimiento legal vigente. En cambio, hay ministros que se oponen a esta postura con el argumento de que la Corte se convertiría “en un consejo de notables” capaz de vetar modificaciones a la Carta Magna pasando por encima de los otros poderes.
Los funcionarios de primer nivel consultados comentaron que en el pleno hay una mayoría en favor de declarar la improcedencia de las demandas, en razón de que la legislación no prevé la concesión de amparos en contra de las reformas constitucionales.
Sin embargo, se sabe que al menos dos ministros consideran que el máximo tribunal sí debe entrar al fondo de los asuntos y resolver en consecuencia.
Esto no quiere decir que dichos ministros estén en favor de conceder la protección de garantías; más bien, precisaron los informantes, pretenden que el pleno acepte analizar la constitucionalidad de las reformas.
En este contexto, las fuentes judiciales precisaron que los temas centrales que discutirán los ministros en la sesión del próximo lunes –ya fueron notificados de que la lista oficial enlistará los primeros amparos para esa fecha– son dos: ¿es viable ampararse contra una reforma constitucional?, y ¿los amparos tienen que ver con el tema electoral? De ser así, la ley también es clara en que no procede la petición de garantías en este caso.
Cabe señalar que las demandas presentadas por intelectuales y órganos como el Consejo Coordinador Empresarial sostienen que la nueva legislación viola la libertad de expresión, en razón de que faculta sólo al Instituto Federal Electoral para contratar propaganda para los partidos políticos en radio y televisión, e impide expresamente que los particulares adquieran espacios en los medios electrónicos de comunicación.
Inicialmente los jueces federales se negaron a admitir los amparos y los desecharon por notoriamente improcedentes, al considerar que contra las disposiciones constitucionales no procede ningún recurso jurídico. En julio pasado, la primera sala de la Corte resolvió atraer los amparos.
De acuerdo con fuentes consultadas, se espera un intenso debate, aunque se dijo que la mayoría se inclina por negar el amparo solicitado, porque la legislación no violenta la libertad de expresión ni otras garantías individuales.
En este contexto, agregaron los informantes que entre los temas a discutir destaca el relativo a si la Corte tiene facultades para revisar un proceso de reforma constitucional. Sobre este punto hay opiniones divididas entre los ministros.
Hay quienes opinan que el máximo tribunal sí debe revisar que las modificaciones constitucionales se apeguen estrictamente al procedimiento legal vigente. En cambio, hay ministros que se oponen a esta postura con el argumento de que la Corte se convertiría “en un consejo de notables” capaz de vetar modificaciones a la Carta Magna pasando por encima de los otros poderes.
Los funcionarios de primer nivel consultados comentaron que en el pleno hay una mayoría en favor de declarar la improcedencia de las demandas, en razón de que la legislación no prevé la concesión de amparos en contra de las reformas constitucionales.
Sin embargo, se sabe que al menos dos ministros consideran que el máximo tribunal sí debe entrar al fondo de los asuntos y resolver en consecuencia.
Esto no quiere decir que dichos ministros estén en favor de conceder la protección de garantías; más bien, precisaron los informantes, pretenden que el pleno acepte analizar la constitucionalidad de las reformas.
En este contexto, las fuentes judiciales precisaron que los temas centrales que discutirán los ministros en la sesión del próximo lunes –ya fueron notificados de que la lista oficial enlistará los primeros amparos para esa fecha– son dos: ¿es viable ampararse contra una reforma constitucional?, y ¿los amparos tienen que ver con el tema electoral? De ser así, la ley también es clara en que no procede la petición de garantías en este caso.
Cabe señalar que las demandas presentadas por intelectuales y órganos como el Consejo Coordinador Empresarial sostienen que la nueva legislación viola la libertad de expresión, en razón de que faculta sólo al Instituto Federal Electoral para contratar propaganda para los partidos políticos en radio y televisión, e impide expresamente que los particulares adquieran espacios en los medios electrónicos de comunicación.
Inicialmente los jueces federales se negaron a admitir los amparos y los desecharon por notoriamente improcedentes, al considerar que contra las disposiciones constitucionales no procede ningún recurso jurídico. En julio pasado, la primera sala de la Corte resolvió atraer los amparos.
Jesús Aranda, La Jornada, 25 de septiembre.
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