El Senado prepara un paquete de por los menos 10 iniciativas que deberán ser aprobadas en las próximas semanas, a fin de concretar las disposiciones incluidas en la reciente reforma constitucional en materia de justicia y seguridad pública, además de modificaciones legales para combatir con mayor rigor el delito de secuestro.
Las comisiones de Defensa Nacional, Justicia y Seguridad Pública se reunirán este martes para definir prioridades, analizar las iniciativas pendientes relacionadas con el combate al crimen organizado y poner en marcha los acuerdos recientes del pleno, entre ellos, demandar al gobierno federal toda la información relacionada con las averiguaciones y juicios contra los secuestradores, informó el panista Felipe González.
“Queremos que nos informen cuántos secuestradores cumplen su condena, cuántos salen mediante la preliberación y el número de secuestradores que se han fugado de los reclusorios en los últimos dos años”, comentó el legislador, que acaba de asumir la presidencia de la Comisión de Seguridad Pública, que dejó vacante su compañero Ulises Ramírez, al integrarse a la Secretaría de Gobernación.
El senador González recordó que el martes pasado, la mayoría de las fuerzas políticas aprobaron su propuesta de requerir esa información a los titulares de Gobernación y de Seguridad Pública, ya que es necesaria “para saber de qué estamos hablando”.
Si resulta que las leyes no son claras y permiten que quienes cometen secuestros no sean realmente sancionados, “tendremos que actuar en consecuencia”.
Sobre el tema, el senador perredista Tomás Torres coincidió en que será interesante conocer esos datos, ya que vendrán a demostrar que pocos secuestradores son juzgados, y aquellos que llegan a pisar las cárceles permanecen poco tiempo en prisión.
Recordó que la semana pasada presentó un paquete de reformas encaminadas a evitar la impunidad de quienes han hecho toda una industria alrededor del plagio de personas. Se trata, dijo, de modificaciones constitucionales y a leyes secundarias, para fortalecer el sistema penal y facilitar la captura y enjuiciamiento de los delincuentes.
Una de las propuestas, explicó, es para modificar el Código Federal de Procedimientos Penales, con miras a que una simple denuncia baste para iniciar una averiguación por secuestro.
En la reunión del martes de comisiones unidas, recalcó, se deberá también concretar el encuentro de los legisladores con un representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Judicatura, para discutir las acciones que deberán poner en marcha, a fin de dar cumplimiento del acuerdo en materia de seguridad pública signado hace dos semanas en Los Pinos.
Diez leyes por modificar
Por otra parte, el también senador del PRD Ricardo Monreal informó que en este periodo deben concluir las modificaciones de por lo menos 10 leyes reglamentarias de la reforma constitucional en materia de justicia. Habrá cambios, adelantó en la Ley de Seguridad Pública, las leyes orgánicas de la Procuraduría General de la República (PGR), del Poder Judicial, así como del Código Penal Federal.
Monreal resaltó que su bancada buscará que aquellas medidas que fueron muy controvertidas, pero quedaron establecidas en la Constitución, entre ellas el arraigo y el espionaje telefónico, tengan una reglamentación precisa, que las restrinja a casos de delincuencia organizada y se impida la violación de derechos humanos.
Las comisiones de Defensa Nacional, Justicia y Seguridad Pública se reunirán este martes para definir prioridades, analizar las iniciativas pendientes relacionadas con el combate al crimen organizado y poner en marcha los acuerdos recientes del pleno, entre ellos, demandar al gobierno federal toda la información relacionada con las averiguaciones y juicios contra los secuestradores, informó el panista Felipe González.
“Queremos que nos informen cuántos secuestradores cumplen su condena, cuántos salen mediante la preliberación y el número de secuestradores que se han fugado de los reclusorios en los últimos dos años”, comentó el legislador, que acaba de asumir la presidencia de la Comisión de Seguridad Pública, que dejó vacante su compañero Ulises Ramírez, al integrarse a la Secretaría de Gobernación.
El senador González recordó que el martes pasado, la mayoría de las fuerzas políticas aprobaron su propuesta de requerir esa información a los titulares de Gobernación y de Seguridad Pública, ya que es necesaria “para saber de qué estamos hablando”.
Si resulta que las leyes no son claras y permiten que quienes cometen secuestros no sean realmente sancionados, “tendremos que actuar en consecuencia”.
Sobre el tema, el senador perredista Tomás Torres coincidió en que será interesante conocer esos datos, ya que vendrán a demostrar que pocos secuestradores son juzgados, y aquellos que llegan a pisar las cárceles permanecen poco tiempo en prisión.
Recordó que la semana pasada presentó un paquete de reformas encaminadas a evitar la impunidad de quienes han hecho toda una industria alrededor del plagio de personas. Se trata, dijo, de modificaciones constitucionales y a leyes secundarias, para fortalecer el sistema penal y facilitar la captura y enjuiciamiento de los delincuentes.
Una de las propuestas, explicó, es para modificar el Código Federal de Procedimientos Penales, con miras a que una simple denuncia baste para iniciar una averiguación por secuestro.
En la reunión del martes de comisiones unidas, recalcó, se deberá también concretar el encuentro de los legisladores con un representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Judicatura, para discutir las acciones que deberán poner en marcha, a fin de dar cumplimiento del acuerdo en materia de seguridad pública signado hace dos semanas en Los Pinos.
Diez leyes por modificar
Por otra parte, el también senador del PRD Ricardo Monreal informó que en este periodo deben concluir las modificaciones de por lo menos 10 leyes reglamentarias de la reforma constitucional en materia de justicia. Habrá cambios, adelantó en la Ley de Seguridad Pública, las leyes orgánicas de la Procuraduría General de la República (PGR), del Poder Judicial, así como del Código Penal Federal.
Monreal resaltó que su bancada buscará que aquellas medidas que fueron muy controvertidas, pero quedaron establecidas en la Constitución, entre ellas el arraigo y el espionaje telefónico, tengan una reglamentación precisa, que las restrinja a casos de delincuencia organizada y se impida la violación de derechos humanos.
Andrea Becerril, La Jornada, 7 de septiembre.
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