La Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación impulsa, junto con la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la federalización de los delitos contra periodistas y la definición de esta actividad para así terminar con la burocracia y con el vacío legal que deja en la impunidad las muertes y atentados contra los comunicadores en México.
El presidente de la comisión especial, el panista Gerardo Priego, informó que se recopilan las propuestas sobre el tema aportadas por organizaciones civiles, dependencias federales y legisladores, mismas que serán incluidas en una iniciativa de ley.
Fernando García Cordero, asesor jurídico de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), señaló que “toda definición de periodista o de la actividad periodística que limite la libertad de expresión empobrece y distorsiona la legislación lesionando el ejercicio de un derecho fundamental”.
Roberto Rock, vicepresidente del Comité contra la Impunidad de la SIP, propuso en tanto una coordinación entre leyes locales y federales, a fin de que las quejas no graves contra los comunicadores se atiendan en el fuero local, y las sí graves en el federal.
Dijo que la Conferencia de Editores propone incrementar las sanciones de los delitos en contra de los periodistas.
Ricardo Trotti, director del Instituto de Prensa de la SIP, explicó que definir la actividad periodística es muy peligroso porque podría abrir una ventana para la discriminación de aquellas personas que trabajan para la comunicación.
“La libertad de prensa no es ningún privilegio de los periodistas, sino un atributo de la sociedad; sin ella no puede haber una sociedad informada que es fundamental para la democracia. Se debe legislar sobre los delitos contra la libertad de prensa y de expresión, que son el fundamento para este ejercicio”.
En su intervención, María del Rocío Torres Contreras, catedrática de la UNAM, dijo que la impunidad representa el peligro más evidente para el libre ejercicio del periodismo.
“En nuestro país prevalece un clima de riesgo para la actividad informativa”, señaló.
El presidente de la comisión especial, el panista Gerardo Priego, informó que se recopilan las propuestas sobre el tema aportadas por organizaciones civiles, dependencias federales y legisladores, mismas que serán incluidas en una iniciativa de ley.
Fernando García Cordero, asesor jurídico de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), señaló que “toda definición de periodista o de la actividad periodística que limite la libertad de expresión empobrece y distorsiona la legislación lesionando el ejercicio de un derecho fundamental”.
Roberto Rock, vicepresidente del Comité contra la Impunidad de la SIP, propuso en tanto una coordinación entre leyes locales y federales, a fin de que las quejas no graves contra los comunicadores se atiendan en el fuero local, y las sí graves en el federal.
Dijo que la Conferencia de Editores propone incrementar las sanciones de los delitos en contra de los periodistas.
Ricardo Trotti, director del Instituto de Prensa de la SIP, explicó que definir la actividad periodística es muy peligroso porque podría abrir una ventana para la discriminación de aquellas personas que trabajan para la comunicación.
“La libertad de prensa no es ningún privilegio de los periodistas, sino un atributo de la sociedad; sin ella no puede haber una sociedad informada que es fundamental para la democracia. Se debe legislar sobre los delitos contra la libertad de prensa y de expresión, que son el fundamento para este ejercicio”.
En su intervención, María del Rocío Torres Contreras, catedrática de la UNAM, dijo que la impunidad representa el peligro más evidente para el libre ejercicio del periodismo.
“En nuestro país prevalece un clima de riesgo para la actividad informativa”, señaló.
Andrea Merlos, El Universal, 12 de septiembre.
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