Nueva York, 12 de septiembre. El gobierno de George W. Bush intensificó la crisis diplomática con Caracas y La Paz al afirmar que la expulsión de los embajadores estadunidenses por los dos gobiernos “refleja la debilidad y desesperación de esos líderes al enfrentar desafíos internos serios”, expulsó al embajador venezolano en Washington y, por otro lado, acusó a tres altos funcionarios de seguridad venezolanos de asistir a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en actividades de narcotráfico y armas.
Aunque el presidente Hugo Chávez ya había ordenado retirar su embajador en Washington, Bernardo Álvarez (quien regresó a su país hoy) y dijo que no enviaría un representante a este país hasta que tomara posesión un nuevo gobierno que “respete a los pueblos de América Latina”, el Departamento de Estado anunció que expulsará al diplomático, como ya lo hizo en el caso del embajador boliviano, en represalia por las acciones de esos dos gobiernos.
Junto con ello, procede el juicio en Miami sobre supuestos agentes venezolanos en el caso del “maletín” con 800 mil dólares en efectivo descubierto en el aeropuerto en Buenos Aires, que los fiscales aquí afirman era contribución secreta del gobierno de Chávez a la campaña electoral de la hoy presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, lo que ha sido tajantemente rechazado por los gobiernos argentino y venezolano.
Entre los implicados en las acusaciones está Henry Rangel Silva, jefe de la agencia de inteligencia venezolana Disip.
Sean McCormack, vocero del Departamento de Estado, declaró hoy que la expulsión de los embajadores estadunidenses es muestra de la “debilidad” y “desesperación” política de Evo Morales y Hugo Chávez, y que las acusaciones contra “nuestros finos embajadores por los líderes de Bolivia y Venezuela son falsos, y los líderes de estos países lo saben”.
En referencia a que ambos embajadores fueron acusados de participar en conspiraciones políticas con opositores de ambos presidentes, McCormack dijo que “la única conspiración de significado en la región es el compromiso común de los países democráticos de mejorar las oportunidades para sus ciudadanos. El único derrocamiento que buscamos es el de la pobreza”.
Reiteró que el compromiso de Estados Unidos es “nuestra agenda de justicia social para el hemisferio” y que “los valores” que favorece Estados Unidos y sus “amigos democráticos” son los que están ganando en el hemisferio, y no “los que gritan más fuerte”.
Ayer, el mismo vocero respondió a la orden de expulsión del embajador en La Paz, Philip Goldberg, con la advertencia de que era “un grave error” con serias consecuencias para la relación bilateral e “implicaciones regionales serias” al “perjudicar los intereses de ambos países (Estados Unidos y Bolivia)”, poco antes de anunciar la expulsión del embajador boliviano Gustavo Guzmán en Washington en represalia.
Por separado, el gobierno de Bush acusó hoy que los dos jefes máximos de inteligencia de Venezuela, Hugo Armando Carvajal Barrios y Henry Rangel Silva, junto con el ex funcionario Ramón Rodríguez Chacín, apoyaron actividades “narcoterroristas” de las FARC en la región.
El Departamento de Tesoro anunció el hecho al “designar” a estos funcionarios en su lista de personas y empresas que son sancionadas con el congelamiento de sus activos en Estados Unidos y la prohibición de toda transacción estadunidense con ellos.
“La designación expone a dos altos oficiales del gobierno venezolano y a un ex funcionario que armaron, asistieron y financiaron a las FARC, aun mientras éstas aterrorizaban y secuestraban a inocentes”, declaró Adam Szubin, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro.
Aunque la percepción general aquí es que este anuncio fue parte de una represalia política contra Venezuela, el vocero del Departamento de Estado aseguró que era parte de un proceso ya encaminado desde hace tiempo.
A la vez, preguntado si el juicio que avanza en Miami sobre la conspiración para entregar fondos secretos a la entonces candidata Cristina Fernández, y después encubrirlos por parte del gobierno venezolano actuando a través de empresarios y “agentes” en Miami, es parte de la ofensiva contra el régimen de Chávez y sus aliados, McCormack insistió en que es “un asunto enteramente judicial” que “tiene nada que ver con política o la diplomacia”.
El representante federal Eliot Ángel, presidente del subcomité sobre el hemisferio occidental del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, declaró que “condenaba firmemente la decisión del presidente Chávez de expulsar al embajador estadunidense” y que igual que la expulsión del embajador estadunidense de Bolivia, “ésta es una acción provocativa que es completamente… injustificada”.
Instó por “cabezas frías” y la búsqueda de cooperación, pero le impuso esa tarea al régimen venezolano. “Si el presidente Chávez verdaderamente es serio sobre ayudar a los pobres, entonces debería dejar este disparate y provocación hacia Estados Unidos y trabajar en asociación con otras naciones de la región”.
La tensión diplomática con Venezuela ha sido permanente a lo largo del gobierno del presidente Bush, pero se agudizó en los últimos meses con acusaciones de la Casa Blanca de que Caracas no estaba cooperando en la lucha antinarcóticos, el asunto de las FARC en la crisis entre Ecuador y Colombia, el tema del “maletín”, las advertencias de Estados Unidos sobre la inseguridad de los aeropuertos en Venezuela y la invitación de Hugo Chávez a los militares rusos para “ejercicios conjuntos”, entre otras cosas.
Pero al llegar a lo que aquí llaman “un nuevo punto bajo en la relación”, hay preocupaciones sobre si éste afectará el vínculo económico entre los dos países, sobre todo en torno al petróleo, ya que Venezuela es el cuarto proveedor de crudo de Estados Unidos.
Por ahora los analistas financieros no están preocupados, aunque algunos dicen que los mercados podrían mostrarse algo “agitados” por la posibilidad de una mayor intensificación de la crisis en la relación bilateral con Caracas. Ginafranco Bertozzi, de la empresa bursátil Lehman Brothers, aconseja a los inversionistas no sobre reaccionar ya que ésta se mantiene en el ámbito diplomático y no hay medidas relacionadas con el petróleo, reportó Reuters.
“Esta expulsión en verdad es sólo hasta el próximo gobierno (de Estados Unidos), cuya elección está a solamente a 53 días, y mientras tanto el petróleo aún está fluyendo”, escribió. Agregó: “dudamos de que veremos una intensificación, pero el conflicto superficial probablemente continuará en el corto plazo”.
Aunque el presidente Hugo Chávez ya había ordenado retirar su embajador en Washington, Bernardo Álvarez (quien regresó a su país hoy) y dijo que no enviaría un representante a este país hasta que tomara posesión un nuevo gobierno que “respete a los pueblos de América Latina”, el Departamento de Estado anunció que expulsará al diplomático, como ya lo hizo en el caso del embajador boliviano, en represalia por las acciones de esos dos gobiernos.
Junto con ello, procede el juicio en Miami sobre supuestos agentes venezolanos en el caso del “maletín” con 800 mil dólares en efectivo descubierto en el aeropuerto en Buenos Aires, que los fiscales aquí afirman era contribución secreta del gobierno de Chávez a la campaña electoral de la hoy presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, lo que ha sido tajantemente rechazado por los gobiernos argentino y venezolano.
Entre los implicados en las acusaciones está Henry Rangel Silva, jefe de la agencia de inteligencia venezolana Disip.
Sean McCormack, vocero del Departamento de Estado, declaró hoy que la expulsión de los embajadores estadunidenses es muestra de la “debilidad” y “desesperación” política de Evo Morales y Hugo Chávez, y que las acusaciones contra “nuestros finos embajadores por los líderes de Bolivia y Venezuela son falsos, y los líderes de estos países lo saben”.
En referencia a que ambos embajadores fueron acusados de participar en conspiraciones políticas con opositores de ambos presidentes, McCormack dijo que “la única conspiración de significado en la región es el compromiso común de los países democráticos de mejorar las oportunidades para sus ciudadanos. El único derrocamiento que buscamos es el de la pobreza”.
Reiteró que el compromiso de Estados Unidos es “nuestra agenda de justicia social para el hemisferio” y que “los valores” que favorece Estados Unidos y sus “amigos democráticos” son los que están ganando en el hemisferio, y no “los que gritan más fuerte”.
Ayer, el mismo vocero respondió a la orden de expulsión del embajador en La Paz, Philip Goldberg, con la advertencia de que era “un grave error” con serias consecuencias para la relación bilateral e “implicaciones regionales serias” al “perjudicar los intereses de ambos países (Estados Unidos y Bolivia)”, poco antes de anunciar la expulsión del embajador boliviano Gustavo Guzmán en Washington en represalia.
Por separado, el gobierno de Bush acusó hoy que los dos jefes máximos de inteligencia de Venezuela, Hugo Armando Carvajal Barrios y Henry Rangel Silva, junto con el ex funcionario Ramón Rodríguez Chacín, apoyaron actividades “narcoterroristas” de las FARC en la región.
El Departamento de Tesoro anunció el hecho al “designar” a estos funcionarios en su lista de personas y empresas que son sancionadas con el congelamiento de sus activos en Estados Unidos y la prohibición de toda transacción estadunidense con ellos.
“La designación expone a dos altos oficiales del gobierno venezolano y a un ex funcionario que armaron, asistieron y financiaron a las FARC, aun mientras éstas aterrorizaban y secuestraban a inocentes”, declaró Adam Szubin, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro.
Aunque la percepción general aquí es que este anuncio fue parte de una represalia política contra Venezuela, el vocero del Departamento de Estado aseguró que era parte de un proceso ya encaminado desde hace tiempo.
A la vez, preguntado si el juicio que avanza en Miami sobre la conspiración para entregar fondos secretos a la entonces candidata Cristina Fernández, y después encubrirlos por parte del gobierno venezolano actuando a través de empresarios y “agentes” en Miami, es parte de la ofensiva contra el régimen de Chávez y sus aliados, McCormack insistió en que es “un asunto enteramente judicial” que “tiene nada que ver con política o la diplomacia”.
El representante federal Eliot Ángel, presidente del subcomité sobre el hemisferio occidental del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, declaró que “condenaba firmemente la decisión del presidente Chávez de expulsar al embajador estadunidense” y que igual que la expulsión del embajador estadunidense de Bolivia, “ésta es una acción provocativa que es completamente… injustificada”.
Instó por “cabezas frías” y la búsqueda de cooperación, pero le impuso esa tarea al régimen venezolano. “Si el presidente Chávez verdaderamente es serio sobre ayudar a los pobres, entonces debería dejar este disparate y provocación hacia Estados Unidos y trabajar en asociación con otras naciones de la región”.
La tensión diplomática con Venezuela ha sido permanente a lo largo del gobierno del presidente Bush, pero se agudizó en los últimos meses con acusaciones de la Casa Blanca de que Caracas no estaba cooperando en la lucha antinarcóticos, el asunto de las FARC en la crisis entre Ecuador y Colombia, el tema del “maletín”, las advertencias de Estados Unidos sobre la inseguridad de los aeropuertos en Venezuela y la invitación de Hugo Chávez a los militares rusos para “ejercicios conjuntos”, entre otras cosas.
Pero al llegar a lo que aquí llaman “un nuevo punto bajo en la relación”, hay preocupaciones sobre si éste afectará el vínculo económico entre los dos países, sobre todo en torno al petróleo, ya que Venezuela es el cuarto proveedor de crudo de Estados Unidos.
Por ahora los analistas financieros no están preocupados, aunque algunos dicen que los mercados podrían mostrarse algo “agitados” por la posibilidad de una mayor intensificación de la crisis en la relación bilateral con Caracas. Ginafranco Bertozzi, de la empresa bursátil Lehman Brothers, aconseja a los inversionistas no sobre reaccionar ya que ésta se mantiene en el ámbito diplomático y no hay medidas relacionadas con el petróleo, reportó Reuters.
“Esta expulsión en verdad es sólo hasta el próximo gobierno (de Estados Unidos), cuya elección está a solamente a 53 días, y mientras tanto el petróleo aún está fluyendo”, escribió. Agregó: “dudamos de que veremos una intensificación, pero el conflicto superficial probablemente continuará en el corto plazo”.
David Brooks, La Jornada, 13 de septiembre.
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