La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 28 comisiones y procuradurías estatales de derechos humanos determinaron crear un frente de unidad que conduzca a contar con un sistema ordenado de evaluación de las 75 acciones previstas en el reciente Acuerdo Nacional sobre Seguridad, Justicia y Legalidad.
Entre otras medidas concretas, se trata de contar con indicadores sobre el cumplimiento de órdenes de aprehensión dictadas por jueces penales y las pendientes de ejecución, pues el incumplimiento de tales órdenes es uno de los cotos de impunidad que caracterizan a la procuración de justicia en la mayoría de las entidades del país.
El frente de unidad de los 28 ombudsman establece también la necesidad de recabar información que lleve indicadores confiables sobre el quehacer de las procuradurías, para que se elimine el subregistro de delitos cometidos a causa de la extendida práctica del Ministerio Público del fuero común de elaborar “actas circunstanciadas” o “actas especiales de hechos”, con las que se evita de manera artificiosa iniciar averiguaciones previas.
Los ombudsman proponen, asimismo, que se analice y se avance en la propuesta de “conformar una instancia plenamente imparcial y autónoma del Ministerio Público, encargada de investigar los delitos en los que se encuentren involucrados policías y otros miembros del área de seguridad pública”.
Como resultado de la reunión, expresaron su preocupación por las condiciones de la seguridad pública, los presidentes y procuradores de los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos acordaron conformar una Red Nacional de Atención a Víctimas del Delito que mejore los esfuerzos de todas las dependencias públicas en los tres ámbitos de gobierno, con el fin de lograr la prestación de servicios de asesoría jurídica a las víctimas, atención médica y psicológica de urgencia y el establecimiento de medidas de seguridad y auxilio en su favor.
Los organismos públicos firmantes participarán en la elaboración del Censo Nacional de Delitos no Denunciados que será parte del segundo informe nacional sobre el ejercicio efectivo del derecho a la seguridad pública.
Asimismo, aportarán indicadores respecto de la incidencia de servidores públicos de las áreas de seguridad pública en las quejas que se presentan ante los propios organismos de derechos humanos por presuntos abusos u omisiones de agentes de la autoridad.
Entre otras medidas concretas, se trata de contar con indicadores sobre el cumplimiento de órdenes de aprehensión dictadas por jueces penales y las pendientes de ejecución, pues el incumplimiento de tales órdenes es uno de los cotos de impunidad que caracterizan a la procuración de justicia en la mayoría de las entidades del país.
El frente de unidad de los 28 ombudsman establece también la necesidad de recabar información que lleve indicadores confiables sobre el quehacer de las procuradurías, para que se elimine el subregistro de delitos cometidos a causa de la extendida práctica del Ministerio Público del fuero común de elaborar “actas circunstanciadas” o “actas especiales de hechos”, con las que se evita de manera artificiosa iniciar averiguaciones previas.
Los ombudsman proponen, asimismo, que se analice y se avance en la propuesta de “conformar una instancia plenamente imparcial y autónoma del Ministerio Público, encargada de investigar los delitos en los que se encuentren involucrados policías y otros miembros del área de seguridad pública”.
Como resultado de la reunión, expresaron su preocupación por las condiciones de la seguridad pública, los presidentes y procuradores de los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos acordaron conformar una Red Nacional de Atención a Víctimas del Delito que mejore los esfuerzos de todas las dependencias públicas en los tres ámbitos de gobierno, con el fin de lograr la prestación de servicios de asesoría jurídica a las víctimas, atención médica y psicológica de urgencia y el establecimiento de medidas de seguridad y auxilio en su favor.
Los organismos públicos firmantes participarán en la elaboración del Censo Nacional de Delitos no Denunciados que será parte del segundo informe nacional sobre el ejercicio efectivo del derecho a la seguridad pública.
Asimismo, aportarán indicadores respecto de la incidencia de servidores públicos de las áreas de seguridad pública en las quejas que se presentan ante los propios organismos de derechos humanos por presuntos abusos u omisiones de agentes de la autoridad.
Milenio, 3 de septiembre.
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