A fin de fortalecer las acciones para impedir el ingreso de dinero del crimen organizado a las campañas electorales en 2009, el Instituto Federal Electoral (IFE) no descarta establecer un acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para incrementar la coordinación. Así lo dio a conocer el consejero presidente del organismo, Leonardo Valdés, quien precisó que también se prevé el reforzamiento de medidas en juntas distritales en colaboración con las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar).
Entrevistado en el contexto de su presencia en la junta distrital 15, para verificar la apertura de la bodega, subrayó que, producto de la reforma electoral, el instituto cuenta ya con mayores elementos para fiscalizar los manejos financieros de los partidos. Destacó dos elementos que coadyuvarían a mejorar las acciones para reducir este riesgo: la apertura del secreto bancario al IFE de las cuentas de los partidos, y la obligatoriedad de éstos para presentar informes trimestrales.
“Por si esto fuera poco, lo que también tenemos es que nuestra Unidad de Fiscalización tiene la capacidad de conocer las cuentas bancarias, fiduciarias y fiscales de los partidos políticos, de las personas que les den donativos o aportaciones, e incluso de sus proveedores; de tal suerte que ya no hay secreto bancario que pueda detener las investigaciones del IFE.”
Con estos recursos, dijo Valdés, el instituto está en posibilidades de impedir, si es el caso, o de advertir, que recursos provenientes de actividades ilícitas participen en el proceso electoral. La legislación “le da atribuciones al IFE para investigar las cuentas de los partidos, sin ninguna limitación”.
Así, añadió, con la colaboración de otras instancias del Estado mexicano y la disposición de los partidos para “blindar sus propias campañas electorales, esperamos poder dar cuentas satisfactorias a la sociedad”.
–¿Podría haber un acuerdo expreso con la PGR y Hacienda?
–Podría, por supuesto. Evidentemente el IFE, en el ámbito de sus competencias, será determinante en las investigaciones que se lleven a cabo, y estoy cierto que la PGR y otras instancias también aplicarán sus facultades para hacer lo propio.
En otro orden de ideas, Valdés dio a conocer que se han realizado avances sustanciales en materia de planeación, de cara al arranque formal del año electoral el próximo 3 de octubre. Explicó que ya se aprobó el documento que contiene el plan integral del proceso; la Junta General Ejecutiva ya avaló el calendario de las actividades que se iniciarán a partir de esa fecha; la Comisión de Capacitación Electoral aprobó la estrategia para capacitar a todos los funcionarios, y la Comisión de Organización Electoral ya avaló el Programa de Asistencia Electoral.
Entrevistado en el contexto de su presencia en la junta distrital 15, para verificar la apertura de la bodega, subrayó que, producto de la reforma electoral, el instituto cuenta ya con mayores elementos para fiscalizar los manejos financieros de los partidos. Destacó dos elementos que coadyuvarían a mejorar las acciones para reducir este riesgo: la apertura del secreto bancario al IFE de las cuentas de los partidos, y la obligatoriedad de éstos para presentar informes trimestrales.
“Por si esto fuera poco, lo que también tenemos es que nuestra Unidad de Fiscalización tiene la capacidad de conocer las cuentas bancarias, fiduciarias y fiscales de los partidos políticos, de las personas que les den donativos o aportaciones, e incluso de sus proveedores; de tal suerte que ya no hay secreto bancario que pueda detener las investigaciones del IFE.”
Con estos recursos, dijo Valdés, el instituto está en posibilidades de impedir, si es el caso, o de advertir, que recursos provenientes de actividades ilícitas participen en el proceso electoral. La legislación “le da atribuciones al IFE para investigar las cuentas de los partidos, sin ninguna limitación”.
Así, añadió, con la colaboración de otras instancias del Estado mexicano y la disposición de los partidos para “blindar sus propias campañas electorales, esperamos poder dar cuentas satisfactorias a la sociedad”.
–¿Podría haber un acuerdo expreso con la PGR y Hacienda?
–Podría, por supuesto. Evidentemente el IFE, en el ámbito de sus competencias, será determinante en las investigaciones que se lleven a cabo, y estoy cierto que la PGR y otras instancias también aplicarán sus facultades para hacer lo propio.
En otro orden de ideas, Valdés dio a conocer que se han realizado avances sustanciales en materia de planeación, de cara al arranque formal del año electoral el próximo 3 de octubre. Explicó que ya se aprobó el documento que contiene el plan integral del proceso; la Junta General Ejecutiva ya avaló el calendario de las actividades que se iniciarán a partir de esa fecha; la Comisión de Capacitación Electoral aprobó la estrategia para capacitar a todos los funcionarios, y la Comisión de Organización Electoral ya avaló el Programa de Asistencia Electoral.
Alonso Urrutia, La Jornada, 26 de septiembre.
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