El presidente Felipe Calderón convocó a tomar decisiones históricas que den cuenta de la unidad en el país para hacer frente a la criminalidad porque México no será el mismo país antes y después de los atentados registrados el pasado 15 de septiembre, en Morelia, Michoacán.
“Vamos a redoblar el esfuerzo y no dar ni un paso atrás”, dijo durante la 24 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), que abrió con un minuto de silencio por las víctimas de aquellos hechos.
“Es un momento de definiciones históricas; lo que hagamos o dejemos de hacer después de este 15 de septiembre marcará para siempre la forma en la que los mexicanos del futuro recordarán este momento de nuestra historia”, dijo el mandatario.
Ante gobernadores del país, el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, y de organizaciones civiles, el titular del Ejecutivo dijo: “De nosotros depende convertirnos en la generación que enfrentó y derrotó con decisión, unidad y firmeza a los enemigos de México, la generación que por encima de diferencias políticas se supo unir en lo esencial en el momento histórico que se le exigió recuperar a México de mano de las delincuencia y ponerlo en la ruta para ser un país desarrollado”.
Hizo un corte en materia de seguridad, a 30 días de la pasada sesión del consejo que se reunió ante la presión generada por el secuestro y asesinato del joven Fernando Martí. Son “incipientes resultados”, dijo, pero la cooperación y la corresponsabilidad “rendirán frutos”. Esos primeros resultados “nos indican qué es lo que tenemos que corregir y qué es lo que tenemos que enfatizar”, señaló.
Durante la sesión, el CNSP aprobó la Estrategia Nacional e Integral contra el Secuestro, que contempla cinco ejes, entre ellos la creación de unidades especializadas en el combate a ese fenómeno y establecer una plataforma tecnológica e informática.
Adicionalmente, fortalecer la prevención del delito y ajustar marcos normativos, en virtud de que existe una “enorme dispersión” en el tratamiento normativo del secuestro. Por lo que se planteó la necesidad de una ley general contra ese ilícito.
Otro eje es la reclusión de secuestradores en módulos especializados, en penales de alta seguridad; se subraya prevenir y detectar el uso ilícito de líneas telefónicas en su interior.
La propuesta fue presentada por el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, a nombre de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y de los procuradores de justicia de los 31 estados y del Distrito Federal.
Sobre el contenido de la estrategia, Medina Mora precisó la obligación de contar con un plan de prevención en cada municipio, estado y región, así como mantener actualizada una radiografía real del delito de secuestro.
Paralelamente, la creación de Unidades Especializadas en Combate al Secuestro, para las cuales se otorgará 11.5 millones de pesos para el equipamiento de cada una de ellas, que ya existen en apenas 16 entidades federativas, pero que se establecerán en las 32.
Por otro lado, se establecerá un sistema integral de atención a víctimas y familiares y se facilitará la obtención de órdenes de arraigo, de cateo e intervención de comunicaciones privadas por cualquier medio.
También plantea el establecimiento de mecanismos de colaboración como el apoyo para el allanamiento en flagrancia, que permita liberar víctimas en distintos estados, como lo permite la jurisprudencia de la SCJN.
Habrá prisión preventiva para los secuestradores en centros de máxima seguridad o módulos especializados y se evitará el traslado del inculpado y la víctima al lugar donde se encuentre el juez para la práctica de diligencias, usando medios tecnológicos para ello.
Se ejercerá una prohibición clara y determinante para la obtención de beneficios preliberatorios, penitenciarios o penas conmutativas y quedará impedida la intervención de mediadores y asesores privados cuando éstos obtengan un beneficio económico o propongan abstenerse de presentar la denuncia. (Con información de Sergio Jiménez, Alberto Morales y Alberto Cuenca)
“Vamos a redoblar el esfuerzo y no dar ni un paso atrás”, dijo durante la 24 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), que abrió con un minuto de silencio por las víctimas de aquellos hechos.
“Es un momento de definiciones históricas; lo que hagamos o dejemos de hacer después de este 15 de septiembre marcará para siempre la forma en la que los mexicanos del futuro recordarán este momento de nuestra historia”, dijo el mandatario.
Ante gobernadores del país, el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, y de organizaciones civiles, el titular del Ejecutivo dijo: “De nosotros depende convertirnos en la generación que enfrentó y derrotó con decisión, unidad y firmeza a los enemigos de México, la generación que por encima de diferencias políticas se supo unir en lo esencial en el momento histórico que se le exigió recuperar a México de mano de las delincuencia y ponerlo en la ruta para ser un país desarrollado”.
Hizo un corte en materia de seguridad, a 30 días de la pasada sesión del consejo que se reunió ante la presión generada por el secuestro y asesinato del joven Fernando Martí. Son “incipientes resultados”, dijo, pero la cooperación y la corresponsabilidad “rendirán frutos”. Esos primeros resultados “nos indican qué es lo que tenemos que corregir y qué es lo que tenemos que enfatizar”, señaló.
Durante la sesión, el CNSP aprobó la Estrategia Nacional e Integral contra el Secuestro, que contempla cinco ejes, entre ellos la creación de unidades especializadas en el combate a ese fenómeno y establecer una plataforma tecnológica e informática.
Adicionalmente, fortalecer la prevención del delito y ajustar marcos normativos, en virtud de que existe una “enorme dispersión” en el tratamiento normativo del secuestro. Por lo que se planteó la necesidad de una ley general contra ese ilícito.
Otro eje es la reclusión de secuestradores en módulos especializados, en penales de alta seguridad; se subraya prevenir y detectar el uso ilícito de líneas telefónicas en su interior.
La propuesta fue presentada por el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, a nombre de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y de los procuradores de justicia de los 31 estados y del Distrito Federal.
Sobre el contenido de la estrategia, Medina Mora precisó la obligación de contar con un plan de prevención en cada municipio, estado y región, así como mantener actualizada una radiografía real del delito de secuestro.
Paralelamente, la creación de Unidades Especializadas en Combate al Secuestro, para las cuales se otorgará 11.5 millones de pesos para el equipamiento de cada una de ellas, que ya existen en apenas 16 entidades federativas, pero que se establecerán en las 32.
Por otro lado, se establecerá un sistema integral de atención a víctimas y familiares y se facilitará la obtención de órdenes de arraigo, de cateo e intervención de comunicaciones privadas por cualquier medio.
También plantea el establecimiento de mecanismos de colaboración como el apoyo para el allanamiento en flagrancia, que permita liberar víctimas en distintos estados, como lo permite la jurisprudencia de la SCJN.
Habrá prisión preventiva para los secuestradores en centros de máxima seguridad o módulos especializados y se evitará el traslado del inculpado y la víctima al lugar donde se encuentre el juez para la práctica de diligencias, usando medios tecnológicos para ello.
Se ejercerá una prohibición clara y determinante para la obtención de beneficios preliberatorios, penitenciarios o penas conmutativas y quedará impedida la intervención de mediadores y asesores privados cuando éstos obtengan un beneficio económico o propongan abstenerse de presentar la denuncia. (Con información de Sergio Jiménez, Alberto Morales y Alberto Cuenca)
Julián Sánchez y Alejandro Medellín, El Universal, 20 de septiembre.
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