BOGOTÁ.- Un tribunal local ordenó ayer el arresto por tres días del Presidente colombiano, Álvaro Uribe, por desacatar un recurso de amparo, aunque la medida no podrá ser aplicada pues el Mandatario sólo está obligado a responder ante el Congreso y la Corte Suprema.
Según el inédito fallo, Uribe y varios funcionarios del Gobierno y la rama judicial desacataron un recurso que ordenaba reajustar los salarios de los trabajadores de la justicia.
La medida fue adoptada por el Tribunal Superior de Sincelejo, capital del departamento de Sucre a unos 535 kilómetros al noroeste de Bogotá, e incluye también al magistrado Hernando Torres, presidente del Consejo de la Judicatura, y a los Ministros de Hacienda Oscar Zuluaga y de Protección Social Diego Palacio, entre otros.
Sin embargo, el arresto no podrá ser ejecutado ya que los funcionarios podrán apelar ante la Corte Suprema de Justicia.
Además, el Presidente sólo puede ser investigado por la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes y juzgado por la Corte Suprema, previa indagación de esa instancia legislativa.
El viceministro del Interior y Justicia, Gilberto Orozco, dijo que es "un desafuero, una decisión que no tiene sentido" porque excede los límites de la acción de tutela, y anunció que el Gobierno apelará.
El fallo del tribunal de Sincelejo coincidió con el inicio de un paro de labores del sector judicial en demanda de un reajuste de los salarios.
En la conferencia de prensa, Uribe entregó cifras que, según indicó, demuestran que su Gobierno ha hecho un gran esfuerzo para mejorar la situación salarial de los empleados del Poder Judicial.
Según el inédito fallo, Uribe y varios funcionarios del Gobierno y la rama judicial desacataron un recurso que ordenaba reajustar los salarios de los trabajadores de la justicia.
La medida fue adoptada por el Tribunal Superior de Sincelejo, capital del departamento de Sucre a unos 535 kilómetros al noroeste de Bogotá, e incluye también al magistrado Hernando Torres, presidente del Consejo de la Judicatura, y a los Ministros de Hacienda Oscar Zuluaga y de Protección Social Diego Palacio, entre otros.
Sin embargo, el arresto no podrá ser ejecutado ya que los funcionarios podrán apelar ante la Corte Suprema de Justicia.
Además, el Presidente sólo puede ser investigado por la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes y juzgado por la Corte Suprema, previa indagación de esa instancia legislativa.
El viceministro del Interior y Justicia, Gilberto Orozco, dijo que es "un desafuero, una decisión que no tiene sentido" porque excede los límites de la acción de tutela, y anunció que el Gobierno apelará.
El fallo del tribunal de Sincelejo coincidió con el inicio de un paro de labores del sector judicial en demanda de un reajuste de los salarios.
En la conferencia de prensa, Uribe entregó cifras que, según indicó, demuestran que su Gobierno ha hecho un gran esfuerzo para mejorar la situación salarial de los empleados del Poder Judicial.
AFP, Reforma, 4 de septiembre.
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