Con la iniciativa de Ley de Extinción de Dominio que entregó a la Asamblea Legislativa del DF (ALDF), Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno capitalino, pretende crear un sistema de recompensas a través del cual se otorgue dinero a la persona que denuncie el uso de un inmueble o propiedad para actividades de secuestro, robo de auto, trata de personas o delincuencia organizada.
El premio por denunciar sería de 5% sobre el valor de los bienes o de lo que se obtenga por la venta de los mismos. El gobierno local se encargará de enajenarlos.
Durante su segundo informe de gobierno, Ebrard anunció el envío de esta iniciativa al Legislativo local para su eventual aprobación. La propuesta tiene como objetivo quitar a los presuntos criminales los derechos de propiedad o posesión de aquellos bienes que sean utilizados para delinquir o producto del crimen. La medida procedería también en bienes que un criminal herede a otra persona.
Esta iniciativa, de la cual EL UNIVERSAL posee una copia, plantea que la figura de extinción de dominio también se aplique cuando esas propiedades estén destinadas a ocultar o mezclar bienes que sean producto de ilícitos, sin que haya contraprestación ni compensación alguna para el afectado, si éste no logra probar la procedencia lícita de esos bienes.
Las autoridades locales elaboraron esta iniciativa sustentada en una reforma constitucional al artículo 22 de la Carta Magna, que se promulgó en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de este año, y que creó a nivel nacional la figura de extinción de dominio.
Así, el gobierno de Ebrard tiene lista su propuesta de extinción de dominio para la capital del país, en la cual se plantea que la pérdida de un bien o propiedad procederá aunque no se haya dictado una sentencia que determine la responsabilidad penal de los presuntos criminales.
En esos casos, la propiedad quedará a resguardo de la Oficialía Mayor del DF, como medida cautelar, pero aunque el inculpado quedara absuelto durante el proceso penal, se aclara que esto no prejuzgará sobre la legitimidad de un bien.
La extinción de dominio también se aplicará para bienes en renta, es decir, aquellos que un tercero utilice para la comisión de delitos. El dueño perderá los derechos de propiedad si tuvo conocimiento de los ilícitos que ahí se cometían y no lo notificó a las autoridades o no hizo algo para impedirlo, aunque no se precisa qué es ese “algo” que podría hacer una persona.
A través de esta iniciativa también se pretende atacar a los prestanombres, pues se propone que la extinción de dominio se imponga para aquellos bienes que estén intitulados a nombre de terceros pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de la delincuencia y el acusado por esos ilícitos se comporte como dueño.
La recompensa
Del cuerpo de la iniciativa, integrada por 62 artículos, tres de ellos transitorios, destaca el capítulo relativo a la denuncia, pues ahí se plantea que “cualquier persona podrá presentarla ante el agente del Ministerio Público, sobre hechos posiblemente constitutivos de delito donde se involucren bienes que pueden ser objeto de la extinción de dominio”, se lee en el documento.
Al presentar esa denuncia, el ciudadano deberá acompañarla de la relación de bienes que presuma como parte de un delito. De resultar cierto ese aviso, el denunciante recibirá 5% del producto que se obtenga por la liquidación de los bienes o sobre su valor comercial.
El premio por denunciar sería de 5% sobre el valor de los bienes o de lo que se obtenga por la venta de los mismos. El gobierno local se encargará de enajenarlos.
Durante su segundo informe de gobierno, Ebrard anunció el envío de esta iniciativa al Legislativo local para su eventual aprobación. La propuesta tiene como objetivo quitar a los presuntos criminales los derechos de propiedad o posesión de aquellos bienes que sean utilizados para delinquir o producto del crimen. La medida procedería también en bienes que un criminal herede a otra persona.
Esta iniciativa, de la cual EL UNIVERSAL posee una copia, plantea que la figura de extinción de dominio también se aplique cuando esas propiedades estén destinadas a ocultar o mezclar bienes que sean producto de ilícitos, sin que haya contraprestación ni compensación alguna para el afectado, si éste no logra probar la procedencia lícita de esos bienes.
Las autoridades locales elaboraron esta iniciativa sustentada en una reforma constitucional al artículo 22 de la Carta Magna, que se promulgó en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de este año, y que creó a nivel nacional la figura de extinción de dominio.
Así, el gobierno de Ebrard tiene lista su propuesta de extinción de dominio para la capital del país, en la cual se plantea que la pérdida de un bien o propiedad procederá aunque no se haya dictado una sentencia que determine la responsabilidad penal de los presuntos criminales.
En esos casos, la propiedad quedará a resguardo de la Oficialía Mayor del DF, como medida cautelar, pero aunque el inculpado quedara absuelto durante el proceso penal, se aclara que esto no prejuzgará sobre la legitimidad de un bien.
La extinción de dominio también se aplicará para bienes en renta, es decir, aquellos que un tercero utilice para la comisión de delitos. El dueño perderá los derechos de propiedad si tuvo conocimiento de los ilícitos que ahí se cometían y no lo notificó a las autoridades o no hizo algo para impedirlo, aunque no se precisa qué es ese “algo” que podría hacer una persona.
A través de esta iniciativa también se pretende atacar a los prestanombres, pues se propone que la extinción de dominio se imponga para aquellos bienes que estén intitulados a nombre de terceros pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de la delincuencia y el acusado por esos ilícitos se comporte como dueño.
La recompensa
Del cuerpo de la iniciativa, integrada por 62 artículos, tres de ellos transitorios, destaca el capítulo relativo a la denuncia, pues ahí se plantea que “cualquier persona podrá presentarla ante el agente del Ministerio Público, sobre hechos posiblemente constitutivos de delito donde se involucren bienes que pueden ser objeto de la extinción de dominio”, se lee en el documento.
Al presentar esa denuncia, el ciudadano deberá acompañarla de la relación de bienes que presuma como parte de un delito. De resultar cierto ese aviso, el denunciante recibirá 5% del producto que se obtenga por la liquidación de los bienes o sobre su valor comercial.
Alberto Cuenca, El Universal, 19 de septiembre.
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