La “degradación” de la seguridad pública no se puede paliar con “lamentos o expresiones de buena intención”, se requieren medidas enérgicas, como crear organismos que investiguen y persigan a los malos elementos de la corporaciones policiacas, aseguró el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, en un carta enviada al presidente Felipe Calderón.
El ombudsman nacional propuso que estas instituciones dependan del Congreso de la Unión y las legislaturas locales.
Para concretar esta iniciativa se requieren reformar dos párrafos del artículo 102 constitucional, apartado B, que quedarían como sigue: “El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos encargados de realizar las investigaciones de los delitos y persecución de los responsables cuando existan datos que hagan probable suponer que se encuentran involucrados servidores públicos de las áreas de seguridad pública, particularmente miembros de corporaciones policiales y del ámbito de la procuración de justicia”.
En la misiva, fechada el pasado 18 de agosto, Soberanes expresó al Presidente que es “terrible la impunidad de que han disfrutado miembros de las corporaciones policiacas e integrantes de las diversas procuradurías de justicia”.
El funcionario indicó que las medidas deben estar “bien pensadas, pues de lo contrario corremos el riesgo de llegar a situaciones de anarquía, ajenas y contrarias a la estabilidad y al orden constitucional democrático”.
El ombudsman nacional propuso que estas instituciones dependan del Congreso de la Unión y las legislaturas locales.
Para concretar esta iniciativa se requieren reformar dos párrafos del artículo 102 constitucional, apartado B, que quedarían como sigue: “El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos encargados de realizar las investigaciones de los delitos y persecución de los responsables cuando existan datos que hagan probable suponer que se encuentran involucrados servidores públicos de las áreas de seguridad pública, particularmente miembros de corporaciones policiales y del ámbito de la procuración de justicia”.
En la misiva, fechada el pasado 18 de agosto, Soberanes expresó al Presidente que es “terrible la impunidad de que han disfrutado miembros de las corporaciones policiacas e integrantes de las diversas procuradurías de justicia”.
El funcionario indicó que las medidas deben estar “bien pensadas, pues de lo contrario corremos el riesgo de llegar a situaciones de anarquía, ajenas y contrarias a la estabilidad y al orden constitucional democrático”.
Eugenia Jiménez, Milenio, 4 de septiembre.
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