Activistas defensores de derechos humanos aseguraron ayer que el Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) comprobó que “hay evidencia de que en el país dicha práctica prevalece en numerosos ámbitos”, además de que la mera existencia de leyes contra ese delito de lesa humanidad no asegura su erradicación.
En conferencia de prensa, integrantes de grupos de la Red Todos los Derechos para Todos informaron que durante su reciente visita al país –del 28 de agosto al 12 de septiembre–, el SPT se reunió con representantes gubernamentales y activistas para recabar información.
La visita se enmarca dentro del Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, que busca erradicar ese mal y fue firmado por México en 2003 y entró en vigor en 2006, por lo que el Estado mexicano tiene la obligación de cumplirlo.
La red, los centros Miguel Agustín Pro Juárez y Fray Francisco de Vitoria, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y Sin Fronteras expusieron que presentaron ante el SPT elementos para acreditar las evidencias de la práctica sistemática de la tortura en México.
Agregaron que durante el conflicto social que se vivió en Oaxaca hubo entre 500 y 700 personas privadas de su libertad “arbitrariamente y muchas de ellas objeto de malos tratos”.
Debido a que la tortura “sigue siendo práctica sistemática” en el país, las ONG exigieron al gobierno federal hacer públicos el informe y recomendaciones del SPT, pues “sería muestra de que existe voluntad para prevenir y sancionar ese delito de lesa humanidad”.
Por su parte, el SPT informó en un comunicado que hará llegar al Estado sus observaciones, de carácter confidencial, por lo que será el gobierno el que decida si las da a conocer.
En conferencia de prensa, integrantes de grupos de la Red Todos los Derechos para Todos informaron que durante su reciente visita al país –del 28 de agosto al 12 de septiembre–, el SPT se reunió con representantes gubernamentales y activistas para recabar información.
La visita se enmarca dentro del Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, que busca erradicar ese mal y fue firmado por México en 2003 y entró en vigor en 2006, por lo que el Estado mexicano tiene la obligación de cumplirlo.
La red, los centros Miguel Agustín Pro Juárez y Fray Francisco de Vitoria, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y Sin Fronteras expusieron que presentaron ante el SPT elementos para acreditar las evidencias de la práctica sistemática de la tortura en México.
Agregaron que durante el conflicto social que se vivió en Oaxaca hubo entre 500 y 700 personas privadas de su libertad “arbitrariamente y muchas de ellas objeto de malos tratos”.
Debido a que la tortura “sigue siendo práctica sistemática” en el país, las ONG exigieron al gobierno federal hacer públicos el informe y recomendaciones del SPT, pues “sería muestra de que existe voluntad para prevenir y sancionar ese delito de lesa humanidad”.
Por su parte, el SPT informó en un comunicado que hará llegar al Estado sus observaciones, de carácter confidencial, por lo que será el gobierno el que decida si las da a conocer.
Emir Olivares Alonso, La Jornada, 13 de septiembre.
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