Un pacto nacional de seguridad a largo plazo, sacar del debate político el tema de la seguridad nacional, y acabar con la negociación de los castigos por parte de las autoridades, lo que ha generado la impunidad, propuso la Red a Favor de los Juicios Orales.
Ernesto Canales, Miguel Sarre, Ana Laura Magoloni y Lucy Tacher, integrantes de la red, indicaron que las 74 acciones del Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, sólo son enunciados de buenas propuestas porque en 100 días no se van a reducir los índices de la delincuencia.
Por lo tanto, los integrantes de la red solicitaron al gobierno federal aclarar a la sociedad que esas acciones no se cumplirán y así no causarán desaliento entre la población, porque no es una política de Estado que tenga una estrategia efectiva.
Dijeron que el presidente Felipe Calderón, los gobernadores y todos los firmantes de ese acuerdo desaprovecharon la oportunidad de establecer una política de seguridad, y sólo firmaron acciones que nunca explicaron cómo van a cumplir.
Aseguraron que la profesionalización de la policía mínimo dura 10 años para ver frutos, “y no basta sólo con despedir a los policías, porque ¿a dónde se les va a reubicar o se les procesará por estar involucrados con el crimen organizado?.
Un paso importante, sostuvieron, es acabar con la negociación de los castigos, es decir una independencia total de los poderes, porque en ocasiones los gobernadores influyen para la impartición de justicia, sobre todo si es un personaje político importante.
Al opinar sobre la propuesta del ombudsman nacional, José Luis Soberanes, de crear en los congresos un organismo que investigue a los servidores públicos involucrados con el crimen organizado, Ernesto Canales consideró que es sólo otra “ocurrencia” que no tiene una
base técnica.
Por separado, la Conferencia del Episcopado Mexicano señaló que lamentablemente los esfuerzos realizados hasta el momento por quienes tienen la obligación de brindar protección a la sociedad y detener la escalada de violencia, aunque meritorios, no han arrojado los resultados esperados.
El Episcopado señaló que es necesario no sólo hablar de buenos deseos, sino luchar por poner en práctica y hacer realidad los compromisos que delante de la sociedad se firmaron con los 74 puntos del acuerdo para la seguridad nacional.
Ernesto Canales, Miguel Sarre, Ana Laura Magoloni y Lucy Tacher, integrantes de la red, indicaron que las 74 acciones del Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, sólo son enunciados de buenas propuestas porque en 100 días no se van a reducir los índices de la delincuencia.
Por lo tanto, los integrantes de la red solicitaron al gobierno federal aclarar a la sociedad que esas acciones no se cumplirán y así no causarán desaliento entre la población, porque no es una política de Estado que tenga una estrategia efectiva.
Dijeron que el presidente Felipe Calderón, los gobernadores y todos los firmantes de ese acuerdo desaprovecharon la oportunidad de establecer una política de seguridad, y sólo firmaron acciones que nunca explicaron cómo van a cumplir.
Aseguraron que la profesionalización de la policía mínimo dura 10 años para ver frutos, “y no basta sólo con despedir a los policías, porque ¿a dónde se les va a reubicar o se les procesará por estar involucrados con el crimen organizado?.
Un paso importante, sostuvieron, es acabar con la negociación de los castigos, es decir una independencia total de los poderes, porque en ocasiones los gobernadores influyen para la impartición de justicia, sobre todo si es un personaje político importante.
Al opinar sobre la propuesta del ombudsman nacional, José Luis Soberanes, de crear en los congresos un organismo que investigue a los servidores públicos involucrados con el crimen organizado, Ernesto Canales consideró que es sólo otra “ocurrencia” que no tiene una
base técnica.
Por separado, la Conferencia del Episcopado Mexicano señaló que lamentablemente los esfuerzos realizados hasta el momento por quienes tienen la obligación de brindar protección a la sociedad y detener la escalada de violencia, aunque meritorios, no han arrojado los resultados esperados.
El Episcopado señaló que es necesario no sólo hablar de buenos deseos, sino luchar por poner en práctica y hacer realidad los compromisos que delante de la sociedad se firmaron con los 74 puntos del acuerdo para la seguridad nacional.
Eugenia Jiménez, Milenio, 9 de septiembre.
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