Acuerdo inicial entre PRD, PAN y PRI que permite a la IP invertir en Pemex

En las negociaciones del dictamen de la reforma energética hay un acuerdo inicial entre los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) para presentar una nueva propuesta sobre el tema de los contratos, en la que se establecerá que el capital privado podrá participar en la exploración de hidrocarburos, inclusive en aguas profundas, así como en la construcción de instalaciones y en otros servicios petroleros, pero bajo reglas específicas, a fin de impedir –señalan– corrupción y discrecionalidad.

De acuerdo con versiones de legisladores que participan en el proceso de dictamen, se decidió crear un apartado específico sobre contratos en la Ley Orgánica de Pemex, en el que se asentarán las condiciones y formas por la que la paraestatal podrá convenir con empresas privadas nacionales y extranjeras, la contratación de maquinaria o de obras específicas.

En ese apartado se precisa la obligación de Pemex de llevar a cabo entre 25 y 40 por ciento de contratos y de adquisiciones con empresas nacionales. Los porcentajes varían, ya que se tienen que establecer con base en convenios internacionales en la materia, signados por el gobierno mexicano.

Se aclara que los contratos nunca podrán ser de riesgo, es decir, Pemex no podrá pagar con reservas, barril de petróleo, calidad del pozo, ni nada que signifique compartir las ganancias con la empresa contratista.

Sin embargo, hay consenso en incluir lo que el panista Juan Bueno Torio definió como “contratos incentivados pero predeterminados”, en los que la paraestatal establecerá el premio que se dará al contratista, en relación exclusivamente con el tiempo de término de la obra, y si lo hace antes, recibirán un pago adicional.

Es decir, si una compañía perforadora nacional o extranjera, se compromete a terminar el trabajo en un año, habrá un contrato donde se establezca que en caso de concluir antes, tendrá un incentivo.

La posibilidad de explorar en aguas profundas se concreta en el proyecto de dictamen, que fija como criterio que no se permitirá que se asigne a ninguna compañía petrolera contratos para perforar o explorar en bloque y el pago deberá ser siempre en efectivo y determinado de antemano.

El proyecto de dictamen retoma parte de la iniciativa del PRI que presentó Manlio Fabio Beltrones, sobre todo en lo referente a transparentar los contratos, ya que se impone la obligación de subirlos a Internet y entregarlos a la Auditoría Superior de la Federación.

Sin embargo, se contempla también la posibilidad de aprobar contratos sin licitar y confidenciales, como se propone en las iniciativas de Felipe Calderón y del PRI. La argumentación es que la confidencialidad operará siempre y cuando se justifique por ser secretos tecnológicos que deban preservar las empresas.

En el caso de contratos sin licitar, el comité de contratos tendrá que justificar y argumentar en todos los casos. Hay una lista extensa, en la que se detallan los casos en que se puede adjudicar de manera directa y aquellos en que no.

Uno de ellos es cuando se declara “la no idoneidad”, es decir, que sólo una empresa cuenta con la tecnología requerida para llevar a cabo la obra en cuestión.

De aprobarse incluir en la Ley Orgánica de Pemex todo el capítulo sobre contratos, ya no sería necesario reformar la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia de Petróleo, como se propone en la iniciativa del Frente Amplio Progresista (FAP).

Otros de los puntos en que hay un acuerdo inicial entre los tres partidos es que Pemex podrá recurrir a un arbitraje internacional en caso de controversia con alguna corporación extranjera contratada, aunque una vez que ese tribunal resuelva el caso, éste regresará a la instancia judicial nacional.

Andrea Becerril, La Jornada, 9 de octubre.