Aunque el Senado ya aprobó la creación de un Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, aún no existen las antenas que se requieren para localizar los chips de los más de 80 millones de celulares en nuestro país, con el fin de evitar robos, extorsiones y secuestros.
El pasado 28 de septiembre, los senadores aprobaron una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones para obligar a las empresas de telefonía móvil a crear un registro de líneas contratadas y el chip de los celulares, para que éstos, mediante una orden judicial, puedan ser localizados cuando se detecte un vínculo con secuestros o extorsiones.
El Senado puso como plazo un año para que esas empresas pudieran adquirir las antenas necesarias para localizar vía satélite la ubicación de los usuarios. Sin embargo, los consorcios telefónicos Iusacell, Unefon y Telcel cabildearon en el Senado para que se les otorgara una prórroga de un año más, por lo que será hasta el 2010 cuando la ley aprobada en el Senado pueda ser funcional.
El integrante de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, Javier Orozco (PVEM), admitió que mientras esas antenas no sean adaptadas a la medida antiextorsión, dichos delitos continuarán ocurriendo.
“Lo cuestionable que han señalado muchos especialistas es que se dio un margen muy amplio de dos años para que se lleve a cabo todo esto, y en dos años cuántas extorsiones o secuestros se pueden derivar de una llamada por un celular” -se preguntó. “Así lo entendemos pero aquí fue un planteamiento de las empresas de telefonía celular” sostuvo.
El pasado 28 de septiembre, los senadores aprobaron una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones para obligar a las empresas de telefonía móvil a crear un registro de líneas contratadas y el chip de los celulares, para que éstos, mediante una orden judicial, puedan ser localizados cuando se detecte un vínculo con secuestros o extorsiones.
El Senado puso como plazo un año para que esas empresas pudieran adquirir las antenas necesarias para localizar vía satélite la ubicación de los usuarios. Sin embargo, los consorcios telefónicos Iusacell, Unefon y Telcel cabildearon en el Senado para que se les otorgara una prórroga de un año más, por lo que será hasta el 2010 cuando la ley aprobada en el Senado pueda ser funcional.
El integrante de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, Javier Orozco (PVEM), admitió que mientras esas antenas no sean adaptadas a la medida antiextorsión, dichos delitos continuarán ocurriendo.
“Lo cuestionable que han señalado muchos especialistas es que se dio un margen muy amplio de dos años para que se lleve a cabo todo esto, y en dos años cuántas extorsiones o secuestros se pueden derivar de una llamada por un celular” -se preguntó. “Así lo entendemos pero aquí fue un planteamiento de las empresas de telefonía celular” sostuvo.
Jorge Monroy, El Economista, 13 de octubre.
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