Los partidos políticos y el IFE analizan la firma de un acuerdo para crear un “frente común” contra el crimen organizado, para las elecciones federales de 2009 y a los comicios concurrentes en 14 entidades.
Serían los primeros pasos para crear en México un sistema de blindaje definitivo para impedir la entrada de dinero sucio en la vida política nacional, según trascendió de la reunión sostenida la noche del jueves pasado.
Para ello se planea elaborar un “diagnóstico general” de la situación en México y organizar un foro con especialistas para delimitar los marcos de referencia.
Además, se plantea retomar a cabalidad las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales (Gafi) del 20 de junio de 2003, diseñadas para combatir el mal uso del sistema financiero con recursos de actividades ilícitas.
Dentro de estas “recomendaciones”, y para efectos de la fiscalización de los recursos de los partidos, destaca la definición de “Personas Políticamente Expuestas” (PPE) y que los partidos, sus funcionarios y candidatos sean considerados como tales.
Un persona políticamente expuesta es aquel individuo que desempeña o desempeñó funciones públicas destacadas en otro país o en territorio nacional, señala un documento entregado el jueves a los representantes de partido.
Se considera como tales a los “jefes de Estado o de gobierno, líderes políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales o funcionarios o miembros importantes de partidos políticos”.
De acuerdo con una resolución emitida por la Secretaría de Hacienda, las PPE se consideran “Clientes de Alto Riesgo”, lo cual se traduce en una supervisión más estricta de su comportamiento transaccional.
Ahora se discute la posibilidad de que los partidos, sus cuadros directivos y candidatos a puestos de elección federal sean considerados PPE.
El IFE advierte, sin embargo, que para esto es necesario elaborar antes “un marco normativo” para el intercambio de información financiera y la celebración de convenios con Hacienda.
En principio, se habla ya no sólo de crear un “mapa de riesgos” con la concurrencia de las instancias de seguridad nacional, sino de promover la observación electoral en zonas de riesgo bajo protección del Ejército mexicano.
Hay consenso en la necesidad de reformar reglamentos para regular la promoción de los candidatos desde las precampañas, así como para la actualización de las “vistas” que el IFE envía a diversas autoridades para fiscalizar personas políticamente expuestas.
De acuerdo con información preliminar obtenida por este diario, hay consensos también en la creación de una unidad mixta, con participación ciudadana para la atención de quejas y denuncias durante los comicios.
Se plantea la creación de una “línea única” para la atención de denuncias y la “intervención inmediata de las instancias competentes en materia de procuración de justicia y seguridad pública”.
Como informó EL UNIVERSAL previamente, la propuesta de involucrar al Cisen en los procesos electorales empieza a perder fuerza; sin embargo, se estudia la posibilidad de intensificar los intercambios de información entre Hacienda y el IFE.
Ello se haría, trascendió, a través de las Unidades de Fiscalización de ambas entidades, que ahora intercambian solamente las listas de candidatos, sin mayores datos que el nombre.
En suma, se plantea la suscripción de un “acuerdo” de todas las fuerzas políticas para “erradicar el riesgo de la influencia del delito en las próximas contiendas electorales”.
Serían los primeros pasos para crear en México un sistema de blindaje definitivo para impedir la entrada de dinero sucio en la vida política nacional, según trascendió de la reunión sostenida la noche del jueves pasado.
Para ello se planea elaborar un “diagnóstico general” de la situación en México y organizar un foro con especialistas para delimitar los marcos de referencia.
Además, se plantea retomar a cabalidad las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales (Gafi) del 20 de junio de 2003, diseñadas para combatir el mal uso del sistema financiero con recursos de actividades ilícitas.
Dentro de estas “recomendaciones”, y para efectos de la fiscalización de los recursos de los partidos, destaca la definición de “Personas Políticamente Expuestas” (PPE) y que los partidos, sus funcionarios y candidatos sean considerados como tales.
Un persona políticamente expuesta es aquel individuo que desempeña o desempeñó funciones públicas destacadas en otro país o en territorio nacional, señala un documento entregado el jueves a los representantes de partido.
Se considera como tales a los “jefes de Estado o de gobierno, líderes políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales o funcionarios o miembros importantes de partidos políticos”.
De acuerdo con una resolución emitida por la Secretaría de Hacienda, las PPE se consideran “Clientes de Alto Riesgo”, lo cual se traduce en una supervisión más estricta de su comportamiento transaccional.
Ahora se discute la posibilidad de que los partidos, sus cuadros directivos y candidatos a puestos de elección federal sean considerados PPE.
El IFE advierte, sin embargo, que para esto es necesario elaborar antes “un marco normativo” para el intercambio de información financiera y la celebración de convenios con Hacienda.
En principio, se habla ya no sólo de crear un “mapa de riesgos” con la concurrencia de las instancias de seguridad nacional, sino de promover la observación electoral en zonas de riesgo bajo protección del Ejército mexicano.
Hay consenso en la necesidad de reformar reglamentos para regular la promoción de los candidatos desde las precampañas, así como para la actualización de las “vistas” que el IFE envía a diversas autoridades para fiscalizar personas políticamente expuestas.
De acuerdo con información preliminar obtenida por este diario, hay consensos también en la creación de una unidad mixta, con participación ciudadana para la atención de quejas y denuncias durante los comicios.
Se plantea la creación de una “línea única” para la atención de denuncias y la “intervención inmediata de las instancias competentes en materia de procuración de justicia y seguridad pública”.
Como informó EL UNIVERSAL previamente, la propuesta de involucrar al Cisen en los procesos electorales empieza a perder fuerza; sin embargo, se estudia la posibilidad de intensificar los intercambios de información entre Hacienda y el IFE.
Ello se haría, trascendió, a través de las Unidades de Fiscalización de ambas entidades, que ahora intercambian solamente las listas de candidatos, sin mayores datos que el nombre.
En suma, se plantea la suscripción de un “acuerdo” de todas las fuerzas políticas para “erradicar el riesgo de la influencia del delito en las próximas contiendas electorales”.
Jorge Octavio Ochoa, El Universal, 27 de octubre.
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