Desecha el TEPJF que el Cisen indague candidaturas

Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) cerraron la puerta a la posibilidad de que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) sea un filtro para determinar la viabilidad de las candidaturas para el proceso electoral de 2009.

“Ello sería un retroceso total a nuestro sistema político nacional. No podemos regresar al sistema en el que el Ejecutivo va a determinar quién puede o quién no puede ser candidato”, advirtió el magistrado José Alejandro Luna Ramos, durante una conferencia de prensa en la que los otros integrantes de la sala superior del máximo tribunal electoral plantearon alertas similares.

El magistrado Pedro Esteban Penagos subrayó que “el día que se permita” que el Cisen investigue a los candidatos, “estaremos afectando la certeza jurídica, la libertad y la seguridad de todos los ciudadanos” que busquen un puesto de elección popular. “Terminaríamos, desde luego, con un sistema democrático confiable, porque se prestaría a muchas presiones”, dijo.

Horas después de las declaraciones de los magistrados, el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) pospuso la discusión y votación de una propuesta del Partido Socialdemócrata (PSD) para que el árbitro electoral federal firme un convenio de colaboración con el Cisen (órgano de inteligencia civil dependiente del secretario de Gobernación), a fin de someter a revisión a los candidatos de ese partido y determinar si poseen algún vínculo con el crimen organizado.

Leonardo Valdés, consejero presidente del IFE, dijo que un convenio de esa naturaleza tiene “aristas e implicaciones jurídicas complejas” que deben ser analizadas con todo cuidado, no para alcanzar un impacto mediático sino para blindar” el proceso electoral del dinero o intereses del crimen organizado.

Aunque la víspera había declarado estar en favor de realizar convenios de colaboración con dependencias federales (como Cisen, PGR y Sedena, entre otras), este miércoles matizó su postura y destacó, en cambio, que el IFE ejercerá hasta el límite sus nuevas facultades en materia de fiscalización del dinero que gastan los partidos políticos.

Valdés destacó que hay una preocupación generalizada acerca de la inseguridad que se vive en el país, incluso con la agresión a candidatos.

En ese “contexto nada favorable” para el desarrollo de un proceso electoral pacífico –agregó–, la propuesta del PSD cobra importancia, “porque si no tuviéramos tales indicios (la posibilidad de un convenio con el Cisen) parecería una situación burocrática, pero entiendo que no es así”.

El tema será debatido en la sesión posterior a la programada para mañana (viernes), en la cual se declararán formalmente iniciados los trabajos del proceso electoral 2008-2009.

Por la mañana, los magistrados expusieron, a pregunta expresa, los riesgos de la posibilidad de que el Cisen tenga participación en el proceso electoral y destacaron los elementos con los que cuenta el IFE ahora, especialmente el acceso a las cuentas bancarias de los partidos políticos para evitar el uso de fondos ilícitos, es decir, “controles similares” a los de órganos de inteligencia o “tener su propio Cisen” para la fiscalización.

Luna Ramos aclaró que “bajo ningún aspecto podríamos regresar a esos extremos”.

El magistrado Constancio Carrasco consideró que toca a los partidos políticos hacer el escrutinio inicial de sus aspirantes a puestos de elección popular, mientras que el Instituto Federal Electoral cuenta con la capacidad para realizar una investigación adecuada para combatir esos flagelos de cara al proceso electoral.

Las controversias de 2006 siguen abiertas
El tribunal se declaró listo para el proceso del próximo año, aunque su presidenta, María del Carmen Alanís, reconoció que ningún acto protocolario cierra las controversias pendientes –planteadas ante instancias administrativas y jurisdiccionales– derivadas del proceso de 2006.

Respecto de la posible infracción del ex presidente Vicente Fox Quesada, en el sentido de que no acató su responsabilidad de “cumplir y hacer cumplir con la Constitución” –al interferir en el proceso electoral, como lo definió una magistrada en 2006–, los integrantes del tribunal electoral opinaron que ese análisis y la procedencia de la eventual sanción corresponde a la Cámara de Diputados, con base en la Ley Federal de Responsabilidades.

“Entonces, no es una cuestión electoral propiamente, sino sería una cuestión de responsabilidad política”, expresó el magistrado Manuel González Oropeza.

En conferencia de prensa, la magistrada presidenta Alanís dijo que ante el proceso que arranca, el objetivo del tribunal electoral es contribuir para que se logre “la renovación de la confianza en las instituciones comiciales.

Recordó finalmente que se celebrarán 14 procesos electorales locales el próximo año, de ahí que se estarán eligiendo mil 626 representantes populares. El tribunal ha resuelto en lo que va del año 3 mil 284 asuntos y espera cerrar 2008 con 4 mil, récord histórico del organismo, agregó.

Fabiola Martínez, La Jornada, 2 de octubre.


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