BOGOTÁ.- Un grupo de seis militares de una guarnición en el este de Colombia, fueron detenidos bajo sospecha de haber matado hace un año a dos civiles para hacerlos parecer como muertos en combate, informó ayer la Fiscalía.
La orden contra los militares se produce después que la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas denunció la desaparición este año de 23 jóvenes de barrios pobres de Bogotá, que luego aparecieron reportados por el Ejército como muertos en combate, cerca a la frontera con Venezuela.
Los seis militares pertenecen a una unidad antisecuestro que operaba en cercanías a Yopal, capital del departamento petrolero de Casanare, 360 kilómetros al este de Bogotá.
Según la Fiscalía, en agosto de 2007 los militares informaron a sus superiores de un choque con un grupo armado y como prueba mostraron los cadáveres de dos supuestos irregulares, cada uno de ellos armados.
Los peritajes, agrega el informe de los fiscales, establecieron que las armas que tenían los campesinos no fueron disparadas, mientras que los fusiles de los militares fueron accionados repetidamente.
El Gobierno colombiano anunció la semana pasada la conformación de una comisión para investigar las denuncias sobre desapariciones de civiles, que luego aparecen reportados como irregulares muertos en combate.
El Ministro de Defensa Juan Manuel Santos advirtió a comienzos de octubre a militares y policías que no se tendrá más en cuenta el número de muertos en combate como indicador de efectividad.
La proliferación de "falsos positivos", es decir reportes mentirosos de operaciones exitosas que los uniformados hacen para obtener premios y ascensos, ha originado más de 500 investigaciones, según organismos de derechos humanos.
En tanto, la Oposición colombiana denunció que más de 150 jóvenes han sido reportados como desaparecidos por sus familiares y se teme que hayan sido ejecutados, aunque las autoridades afirmen que murieron en combates.
El senador del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), Gustavo Petro, dijo en un debate en el Congreso que 20 de los jóvenes desaparecieron en Engativá, localidad que integra el Distrito Capital.
Señaló que son más de 150 denuncias, y que muchos de estos casos ya son investigados por tratarse de jóvenes reportados por el Ejército como muertos en combate.
"Comparado esto con los descuartizamientos que se evidencian en los cadáveres que se rescatan de las fosas comunes de los crímenes cometidos por los paramilitares, éste es un delito más grave", dijo Petro.
Otros 19 jóvenes desaparecieron en enero pasado de la localidad de Soacha, vecina a Bogotá, y ocho meses después sus cadáveres fueron hallados en la zona rural de la ciudad de Ocaña, en el nororiente del país.
El Ejército los reportó en septiembre pasado como muertos en combate, por lo que la Fiscalía decidió iniciar una investigación para establecer si se trató de un caso de reclutamiento o de un homicidio.
La orden contra los militares se produce después que la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas denunció la desaparición este año de 23 jóvenes de barrios pobres de Bogotá, que luego aparecieron reportados por el Ejército como muertos en combate, cerca a la frontera con Venezuela.
Los seis militares pertenecen a una unidad antisecuestro que operaba en cercanías a Yopal, capital del departamento petrolero de Casanare, 360 kilómetros al este de Bogotá.
Según la Fiscalía, en agosto de 2007 los militares informaron a sus superiores de un choque con un grupo armado y como prueba mostraron los cadáveres de dos supuestos irregulares, cada uno de ellos armados.
Los peritajes, agrega el informe de los fiscales, establecieron que las armas que tenían los campesinos no fueron disparadas, mientras que los fusiles de los militares fueron accionados repetidamente.
El Gobierno colombiano anunció la semana pasada la conformación de una comisión para investigar las denuncias sobre desapariciones de civiles, que luego aparecen reportados como irregulares muertos en combate.
El Ministro de Defensa Juan Manuel Santos advirtió a comienzos de octubre a militares y policías que no se tendrá más en cuenta el número de muertos en combate como indicador de efectividad.
La proliferación de "falsos positivos", es decir reportes mentirosos de operaciones exitosas que los uniformados hacen para obtener premios y ascensos, ha originado más de 500 investigaciones, según organismos de derechos humanos.
En tanto, la Oposición colombiana denunció que más de 150 jóvenes han sido reportados como desaparecidos por sus familiares y se teme que hayan sido ejecutados, aunque las autoridades afirmen que murieron en combates.
El senador del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), Gustavo Petro, dijo en un debate en el Congreso que 20 de los jóvenes desaparecieron en Engativá, localidad que integra el Distrito Capital.
Señaló que son más de 150 denuncias, y que muchos de estos casos ya son investigados por tratarse de jóvenes reportados por el Ejército como muertos en combate.
"Comparado esto con los descuartizamientos que se evidencian en los cadáveres que se rescatan de las fosas comunes de los crímenes cometidos por los paramilitares, éste es un delito más grave", dijo Petro.
Otros 19 jóvenes desaparecieron en enero pasado de la localidad de Soacha, vecina a Bogotá, y ocho meses después sus cadáveres fueron hallados en la zona rural de la ciudad de Ocaña, en el nororiente del país.
El Ejército los reportó en septiembre pasado como muertos en combate, por lo que la Fiscalía decidió iniciar una investigación para establecer si se trató de un caso de reclutamiento o de un homicidio.
AP, Reforma, 10 de octubre.
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