Con los ecos de 2006 apenas despejados esta semana, sin la credibilidad creciente de que gozó durante 15 años, el Instituto Federal Electoral (IFE) dio arranque formal, el viernes pasado, a un nuevo proceso.
Con nuevos integrantes, otro marco legal que, en teoría, impedirá que el instituto vuelva a ser rebasado por la realidad político-electoral, enfrenta unos comicios en los que se agrega un nuevo factor: la creciente presencia del crimen organizado, que es ya una preocupación en algunos sectores del IFE.
Más allá de los partidos y de la credibilidad del organismo, los comicios de 2009 tendrán en los medios de comunicación un elemento clave para su desarrollo. La importancia que tienen en la propaganda electoral difundida ahora estrictamente durante tiempos oficiales les confiere gran trascendencia en la contienda, particularmente por su obligación de transmitir los promocionales, de no vender anuncios de contenido electoral y de equilibrar la cobertura en noticiarios.
“El aspecto más complejo de la reforma para aplicar será todo lo que está relacionado con los medios de comunicación. Soy escéptico y no creo que el IFE vaya a querer imponerse a un poder fáctico como son la radio y la televisión”, advierte el ex consejero electoral Jaime Cárdenas, quien acota que la propia reforma no fue complementada en este rubro con cambios a otras leyes que la apuntalaran.
Con otra óptica, los consejeros coinciden en que una de sus principales preocupaciones se asocia con las tareas relacionadas con los medios de comunicación.
Para el monitoreo de los promocionales, plantea el consejero Marco Antonio Baños, “usaremos un esquema alterno”, sobre todo en lo relativo a las precampañas, fase en la cual, por la tardanza en la entrega de recursos de la ampliación presupuestal solicitada, no se contará con el equipo ideal para el seguimiento.
Su colega Javier Guerrero asume que, si bien los comicios de 2009 pueden tomarse genéricamente como una primera experiencia de la aplicación de la nueva ley, en especial el tema relacionado con los medios es donde podrían enfrentarse mayores riesgos.
Las obligaciones derivadas de la reforma electoral en materia de medios de comunicación son complejas: en principio, por el monopolio que tiene el IFE de la administración de los tiempos oficiales, incluso en procesos locales.
A la dificultad de tener que monitorear las campañas federales en cada uno de los 300 distritos federales para supervisar que los anuncios que el propio IFE distribuye a los concesionarios se transmitan en los tiempos pautados, se añade la vigilancia para que no se difundan espots que pudieran ser comprados por los partidos o particulares, sin descontar la administración de los tiempos locales con las mismas tareas.
Ello implicará que el instituto deberá administrar y monitorear el próximo año las campañas mediáticas de las elecciones para gobernador en Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Colima, Campeche y Querétaro. Igualmente la renovación de los congresos y ayuntamientos en esas mismas entidades y además en el estado de México, Distrito Federal, Jalisco, Guanajuato y Morelos, y sólo de ayuntamientos en Quintana Roo.
A partir de este año, las nuevas disposiciones legales uniforman el día de la elección federal –el 5 de julio– con el de las campañas loca-les y, por ende, el tiempo de proselitismo.
De tal forma, el IFE deberá monitorear no sólo las 300 campañas federales, sino supervisar la publicidad partidista para la elección de seis gobernadores, 279 diputaciones locales y 566 alcaldes en el país. Las complicaciones serán mayores en la medida en que no son coincidentes ninguna de las variables: la demarcación de los distritos federales con los locales y con los ayuntamientos.
Sin embargo, las tareas de monitoreo deberán comenzar en la última semana de enero, cuando la ley marca el arranque de las precampañas federales, en las cuales, se admite, se utilizará el monitoreo alternativo, como el que se ha empleado hasta ahora en las campañas locales en curso.
Autopromoción de funcionarios
Para John Ackerman, especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, existe otro ámbito que requerirá atención especial y sobre el cual, hasta ahora, el IFE no ha actuado en función de su importancia: las restricciones a la publicidad oficial, que impiden a funcionarios promocionarse con recursos públicos.
“Existen casos muy claros de promoción de funcionarios donde ya están encontrando cómo darle la vuelta a las restricciones para publicitarse en medios electrónicos dee comunicación. Los casos más claros son los de Enrique Peña Nieto, Marcelo Ebrard y hasta del propio presidente Felipe Calderón, ante lo cual el IFE debiera actuar para detenerlo”, advierte.
Lo cierto es que en este rubro el instituto ha dejado crecer las quejas acumuladas y suman ya poco más de 160 los diputados o funcionarios de distintos niveles de gobierno los que han sido denunciados. Ningun caso ha sido resuelto y el tiempo transcurre.
Sin embargo, a diferencia de las quejas que comúnmente los partidos interponen, en este caso sí hay un plazo que obliga al IFE a resolverlos: enero de 2009.
Hay exigencias legales que precipitarán una resolución al respecto, toda vez que una de las sanciones que pueden desprenderse de una recurrente violación de este capítulo es la negativa del instituto a proporcionar registro a los candidatos que se hayan promocionado deliberadamente con recursos públicos.
Empero, la promoción de sus imágenes utilizando noticiarios lleva a Ackerman a advertir otro punto en el que se percibe debilidad del IFE frente a los medios: los lineamientos sobre los programas noticiosos de radio y televisión.
En principio esta regulación busca una cobertura más equitativa, aunque la postura asumida por el consejero presidente del instituto, Leonardo Valdés, ante los concesionarios es preocupante. “Quisiera pensar uno que fue una frase que no refleja de lo que en realidad se trata, y que el IFE garantice la equidad en las coberturas”, señaló el especialista.
Con nuevos integrantes, otro marco legal que, en teoría, impedirá que el instituto vuelva a ser rebasado por la realidad político-electoral, enfrenta unos comicios en los que se agrega un nuevo factor: la creciente presencia del crimen organizado, que es ya una preocupación en algunos sectores del IFE.
Más allá de los partidos y de la credibilidad del organismo, los comicios de 2009 tendrán en los medios de comunicación un elemento clave para su desarrollo. La importancia que tienen en la propaganda electoral difundida ahora estrictamente durante tiempos oficiales les confiere gran trascendencia en la contienda, particularmente por su obligación de transmitir los promocionales, de no vender anuncios de contenido electoral y de equilibrar la cobertura en noticiarios.
“El aspecto más complejo de la reforma para aplicar será todo lo que está relacionado con los medios de comunicación. Soy escéptico y no creo que el IFE vaya a querer imponerse a un poder fáctico como son la radio y la televisión”, advierte el ex consejero electoral Jaime Cárdenas, quien acota que la propia reforma no fue complementada en este rubro con cambios a otras leyes que la apuntalaran.
Con otra óptica, los consejeros coinciden en que una de sus principales preocupaciones se asocia con las tareas relacionadas con los medios de comunicación.
Para el monitoreo de los promocionales, plantea el consejero Marco Antonio Baños, “usaremos un esquema alterno”, sobre todo en lo relativo a las precampañas, fase en la cual, por la tardanza en la entrega de recursos de la ampliación presupuestal solicitada, no se contará con el equipo ideal para el seguimiento.
Su colega Javier Guerrero asume que, si bien los comicios de 2009 pueden tomarse genéricamente como una primera experiencia de la aplicación de la nueva ley, en especial el tema relacionado con los medios es donde podrían enfrentarse mayores riesgos.
Las obligaciones derivadas de la reforma electoral en materia de medios de comunicación son complejas: en principio, por el monopolio que tiene el IFE de la administración de los tiempos oficiales, incluso en procesos locales.
A la dificultad de tener que monitorear las campañas federales en cada uno de los 300 distritos federales para supervisar que los anuncios que el propio IFE distribuye a los concesionarios se transmitan en los tiempos pautados, se añade la vigilancia para que no se difundan espots que pudieran ser comprados por los partidos o particulares, sin descontar la administración de los tiempos locales con las mismas tareas.
Ello implicará que el instituto deberá administrar y monitorear el próximo año las campañas mediáticas de las elecciones para gobernador en Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Colima, Campeche y Querétaro. Igualmente la renovación de los congresos y ayuntamientos en esas mismas entidades y además en el estado de México, Distrito Federal, Jalisco, Guanajuato y Morelos, y sólo de ayuntamientos en Quintana Roo.
A partir de este año, las nuevas disposiciones legales uniforman el día de la elección federal –el 5 de julio– con el de las campañas loca-les y, por ende, el tiempo de proselitismo.
De tal forma, el IFE deberá monitorear no sólo las 300 campañas federales, sino supervisar la publicidad partidista para la elección de seis gobernadores, 279 diputaciones locales y 566 alcaldes en el país. Las complicaciones serán mayores en la medida en que no son coincidentes ninguna de las variables: la demarcación de los distritos federales con los locales y con los ayuntamientos.
Sin embargo, las tareas de monitoreo deberán comenzar en la última semana de enero, cuando la ley marca el arranque de las precampañas federales, en las cuales, se admite, se utilizará el monitoreo alternativo, como el que se ha empleado hasta ahora en las campañas locales en curso.
Autopromoción de funcionarios
Para John Ackerman, especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, existe otro ámbito que requerirá atención especial y sobre el cual, hasta ahora, el IFE no ha actuado en función de su importancia: las restricciones a la publicidad oficial, que impiden a funcionarios promocionarse con recursos públicos.
“Existen casos muy claros de promoción de funcionarios donde ya están encontrando cómo darle la vuelta a las restricciones para publicitarse en medios electrónicos dee comunicación. Los casos más claros son los de Enrique Peña Nieto, Marcelo Ebrard y hasta del propio presidente Felipe Calderón, ante lo cual el IFE debiera actuar para detenerlo”, advierte.
Lo cierto es que en este rubro el instituto ha dejado crecer las quejas acumuladas y suman ya poco más de 160 los diputados o funcionarios de distintos niveles de gobierno los que han sido denunciados. Ningun caso ha sido resuelto y el tiempo transcurre.
Sin embargo, a diferencia de las quejas que comúnmente los partidos interponen, en este caso sí hay un plazo que obliga al IFE a resolverlos: enero de 2009.
Hay exigencias legales que precipitarán una resolución al respecto, toda vez que una de las sanciones que pueden desprenderse de una recurrente violación de este capítulo es la negativa del instituto a proporcionar registro a los candidatos que se hayan promocionado deliberadamente con recursos públicos.
Empero, la promoción de sus imágenes utilizando noticiarios lleva a Ackerman a advertir otro punto en el que se percibe debilidad del IFE frente a los medios: los lineamientos sobre los programas noticiosos de radio y televisión.
En principio esta regulación busca una cobertura más equitativa, aunque la postura asumida por el consejero presidente del instituto, Leonardo Valdés, ante los concesionarios es preocupante. “Quisiera pensar uno que fue una frase que no refleja de lo que en realidad se trata, y que el IFE garantice la equidad en las coberturas”, señaló el especialista.
Alonso Urrutia, La Jornada, 6 de octubre.
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