La propuesta para que el Cisen investigue a candidatos en el proceso electoral de 2009 se tambalea luego de que los representantes del PRI, PRD y PVEM en el IFE anticiparon su rechazo a dicho planteamiento.
Sin embargo, se trabaja en la posibilidad de crear un “mapa de riesgos”, con ayuda de instancias gubernamentales, que incidiría directamente en la organización del proceso y en la capacitación de funcionarios electorales.
Más que tener un corte “militar” o policíaco, dicho mapa permitiría delinear desde ahora ciertos mecanismos de prevención, así como esquemas de acción para los funcionarios electorales.
Una de las propuestas que se baraja entre los partidos, es que desde las precampañas se informe del personal que opera y los cambios en éste, en el transcurso de las mismas.
Aunque los partidos ratificaron su disposición de participar en todos los acuerdos que permitan inhibir el acceso del crimen organizado en las campañas, admitieron que el Tribunal Electoral tiene razón al advertir que la entrada del Cisen sería un “retroceso”.
A la reticencia que ya habían planteado Rafael Hernández Estrada, del PRD, y Sebastián Lerdo de Tejada, del PRI, sobre la participación del Cisen se sumó la diputada del Partido Verde Sara Castellanos.
Además, algunos funcionarios y consejeros del IFE también han dejado entrever su oposición al considerar tal medida innecesaria, pues la Unidad de Fiscalización del IFE tiene todos los instrumentos para evitar la entrada de dinero ilícito.
Rafael Hernández dijo que sería tanto como abrir las puertas a la policía política del gobierno para “espiar” a los partidos; Lerdo de Tejada dijo que si el gobierno tiene sospechas, “que se ponga a trabajar e investigue”.
Castellanos dijo que tiene razón el magistrado Alejandro Luna Ramos al decir que hay riesgo de que el Ejecutivo sea quien determine las candidaturas.
A contracorriente, el representante del Partido Social Demócrata Miguel González Compeán dijo: “Los magistrados podrán decir lo que quieran, pero ellos no son partidos políticos”.
Tajante, dijo que en uso de la autonomía de los partidos políticos, “esas decisiones las tomamos nosotros” y no el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
“Los magistrados están para resolver conflictos y decir qué es lo que debe ser la ley pero no para dar opiniones políticas. Yo creo que fue un exceso de los magistrados” opinar sobre ese tema, “no es su papel”, sentenció.
Aún así, la diputada federal Sara Castellanos insistió en que la Unidad de Fiscalización del IFE tiene la fuerza suficiente para actuar y no es ninguna novedad para los partidos de que ésta tiene que reportar a la Unidad de Fiscalización de Hacienda.
Los representantes de los partidos políticos y los consejeros del IFE iniciaron el lunes pasado una serie de encuentros para definir una estrategia para evitar que el crimen organizado contamine el proceso electoral federal del año próximo.
La próxima reunión deberá efectuarse antes del 29 de octubre, fecha en que sesionará otra vez el pleno del Consejo General del IFE, trascendió ayer.
Sin embargo, se trabaja en la posibilidad de crear un “mapa de riesgos”, con ayuda de instancias gubernamentales, que incidiría directamente en la organización del proceso y en la capacitación de funcionarios electorales.
Más que tener un corte “militar” o policíaco, dicho mapa permitiría delinear desde ahora ciertos mecanismos de prevención, así como esquemas de acción para los funcionarios electorales.
Una de las propuestas que se baraja entre los partidos, es que desde las precampañas se informe del personal que opera y los cambios en éste, en el transcurso de las mismas.
Aunque los partidos ratificaron su disposición de participar en todos los acuerdos que permitan inhibir el acceso del crimen organizado en las campañas, admitieron que el Tribunal Electoral tiene razón al advertir que la entrada del Cisen sería un “retroceso”.
A la reticencia que ya habían planteado Rafael Hernández Estrada, del PRD, y Sebastián Lerdo de Tejada, del PRI, sobre la participación del Cisen se sumó la diputada del Partido Verde Sara Castellanos.
Además, algunos funcionarios y consejeros del IFE también han dejado entrever su oposición al considerar tal medida innecesaria, pues la Unidad de Fiscalización del IFE tiene todos los instrumentos para evitar la entrada de dinero ilícito.
Rafael Hernández dijo que sería tanto como abrir las puertas a la policía política del gobierno para “espiar” a los partidos; Lerdo de Tejada dijo que si el gobierno tiene sospechas, “que se ponga a trabajar e investigue”.
Castellanos dijo que tiene razón el magistrado Alejandro Luna Ramos al decir que hay riesgo de que el Ejecutivo sea quien determine las candidaturas.
A contracorriente, el representante del Partido Social Demócrata Miguel González Compeán dijo: “Los magistrados podrán decir lo que quieran, pero ellos no son partidos políticos”.
Tajante, dijo que en uso de la autonomía de los partidos políticos, “esas decisiones las tomamos nosotros” y no el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
“Los magistrados están para resolver conflictos y decir qué es lo que debe ser la ley pero no para dar opiniones políticas. Yo creo que fue un exceso de los magistrados” opinar sobre ese tema, “no es su papel”, sentenció.
Aún así, la diputada federal Sara Castellanos insistió en que la Unidad de Fiscalización del IFE tiene la fuerza suficiente para actuar y no es ninguna novedad para los partidos de que ésta tiene que reportar a la Unidad de Fiscalización de Hacienda.
Los representantes de los partidos políticos y los consejeros del IFE iniciaron el lunes pasado una serie de encuentros para definir una estrategia para evitar que el crimen organizado contamine el proceso electoral federal del año próximo.
La próxima reunión deberá efectuarse antes del 29 de octubre, fecha en que sesionará otra vez el pleno del Consejo General del IFE, trascendió ayer.
Jorge Octavio Ochoa, El Universal, 15 de octubre.
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