El PAN en la Cámara de Diputados impulsará la firma de un pacto nacional entre todos los partidos políticos, los gobiernos federal y estatales, y las autoridades electorales, a fin de cerrar el paso a la posible infiltración de recursos del narcotráfico en las campañas de 2009, anunció la legisladora del blanquiazul, Yadhira Tamayo.
Como parte de ese pacto, añadió, se pretende también monitorear cualquier indicio de que el narcotráfico pretenda influir u operar en el proceso electoral del próximo año.
De lo que se trata, explicó, es de cerrar el paso a la delincuencia organizada, que “probablemente intentará amenazar o comprar candidatos para ganar espacios políticos en el país”, advirtió la diputada, luego de que el pasado viernes iniciara formalmente el proceso federal electoral del 2009.
Tamayo dijo que si bien hay avances, entre los que destaca una mayor fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE), en partidos y candidatos, “se requieren más reformas y acuerdos prácticos para blindar los comicios intermedios y dar más certidumbre a los ciudadanos”, subrayó.
La integrante de la Comisión de Justicia de la Cámara baja aseguró que “no se debe descartar que el narcotráfico intente infundir temor entre la ciudadanía, por lo que la tarea de partidos, candidatos y autoridades será más complicada”, alertó.
“La delincuencia organizada buscará por todos lo métodos influir en las elecciones, ya sea intimidando o comprando candidatos, a fin de acrecentar su poder. Corremos el riesgo de regresar a la narcopolítica. Justo ahora que se libra una de las batallas más duras contra el crimen, debemos blindar las elecciones”, exigió.
Por ello es necesario establecer un pacto nacional de partidos, instituciones electorales y gobiernos, para neutralizar y rechazar el uso de dinero ilícito en las campañas electorales de 2009, sobre todo ahora que se libra una guerra contra cárteles de la droga y entre ellos hay ajustes de cuentas, resaltó.
Reconoció que en la actualidad el IFE tiene facultades, como autoridad hacendaria, para anular el secreto bancario de los partidos en sus tareas de fiscalización, pero hace falta, indicó, que sean los mismos partidos políticos los que denuncien cuando algún candidato local o federal haya sido presionado o intimidado por el crimen organizado, demandó.
Como parte de ese pacto, añadió, se pretende también monitorear cualquier indicio de que el narcotráfico pretenda influir u operar en el proceso electoral del próximo año.
De lo que se trata, explicó, es de cerrar el paso a la delincuencia organizada, que “probablemente intentará amenazar o comprar candidatos para ganar espacios políticos en el país”, advirtió la diputada, luego de que el pasado viernes iniciara formalmente el proceso federal electoral del 2009.
Tamayo dijo que si bien hay avances, entre los que destaca una mayor fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE), en partidos y candidatos, “se requieren más reformas y acuerdos prácticos para blindar los comicios intermedios y dar más certidumbre a los ciudadanos”, subrayó.
La integrante de la Comisión de Justicia de la Cámara baja aseguró que “no se debe descartar que el narcotráfico intente infundir temor entre la ciudadanía, por lo que la tarea de partidos, candidatos y autoridades será más complicada”, alertó.
“La delincuencia organizada buscará por todos lo métodos influir en las elecciones, ya sea intimidando o comprando candidatos, a fin de acrecentar su poder. Corremos el riesgo de regresar a la narcopolítica. Justo ahora que se libra una de las batallas más duras contra el crimen, debemos blindar las elecciones”, exigió.
Por ello es necesario establecer un pacto nacional de partidos, instituciones electorales y gobiernos, para neutralizar y rechazar el uso de dinero ilícito en las campañas electorales de 2009, sobre todo ahora que se libra una guerra contra cárteles de la droga y entre ellos hay ajustes de cuentas, resaltó.
Reconoció que en la actualidad el IFE tiene facultades, como autoridad hacendaria, para anular el secreto bancario de los partidos en sus tareas de fiscalización, pero hace falta, indicó, que sean los mismos partidos políticos los que denuncien cuando algún candidato local o federal haya sido presionado o intimidado por el crimen organizado, demandó.
Luciano Franco, Crónica, 6 de octubre.
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