Bogotá, 10 de octubre. El sindicato de la rama judicial colombiana calificó hoy de “inconstitucional” la decisión del presidente Álvaro Uribe de declarar el estado de excepción para enfrentar una huelga del sector, que empezó el 3 de septiembre, en tanto que la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) calificó la medida gubernamental de “golpe a la democracia” y propia de “un dictador”, que puede afectar la aprobación en Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio (TLC) bilateral.
El mandatario decretó el jueves por la noche el “estado de conmoción interior” por 90 días –es la segunda vez que adopta esta norma desde que asumió el poder en agosto del 2002–, que puede ser prorrogada hasta por dos periodos, el último de los cuales con el visto bueno del Senado, y que le otorga facultades extraordinarias para expedir decretos con fuerza de ley y de vigencia transitoria.
Tras la ruptura de pláticas, Uribe expidió el martes un decreto de aumento a los sueldos que fue rechazado por la Asociación Nacional de Empleados de la Rama Judicial (Asonal).
El incremento para 2009 y 2010 equivale a 49.3 millones de dólares, mientras que el sindicato exige 133.4 millones. Para los sindicatos que apoyan al gremio judicial el aumento ofrecido es insignificante ante los 7 mil millones destinados a las fuerzas armadas en el presupuesto de 2009.
El líder de la CUT, la principal central obrera de Colombia, Tarcisio Mora, declaró que “Uribe demuestra que su interés es privilegiar la guerra y no la justicia y la lucha contra la impunidad”.
Añadió que va a ser más difícil la aprobación del TLC en Estados Unidos, al recordar que los sectores del Partido Demócrata han expresado preocupación por los recortes a las garantías sindicales.
Por la Asonal, que aglutina a unos 45 mil trabajadores de la justicia, su dirigente Fabio Hernández dijo que con la medida coercitiva el gobierno busca sofocar la movilización de los trabajadores.
Apuntó que la Constitución colombiana establece que la conmoción interior debe ser utilizada en caso de una grave alteración del orden público, lo cual no ha sucedido con esta huelga.
Álvaro Uribe justificó el estado de excepción al argumentar que la parálisis de actividades ha provocado que cerca de 3 mil personas capturadas por la sindicación de diversos delitos han quedado en libertad, y que con la huelga de más de un mes la administración de justicia presenta más de 120 mil procesos dejados de fallar y unas 25 mil audiencias que no se han podido llevar a cabo.
El mandatario decretó el jueves por la noche el “estado de conmoción interior” por 90 días –es la segunda vez que adopta esta norma desde que asumió el poder en agosto del 2002–, que puede ser prorrogada hasta por dos periodos, el último de los cuales con el visto bueno del Senado, y que le otorga facultades extraordinarias para expedir decretos con fuerza de ley y de vigencia transitoria.
Tras la ruptura de pláticas, Uribe expidió el martes un decreto de aumento a los sueldos que fue rechazado por la Asociación Nacional de Empleados de la Rama Judicial (Asonal).
El incremento para 2009 y 2010 equivale a 49.3 millones de dólares, mientras que el sindicato exige 133.4 millones. Para los sindicatos que apoyan al gremio judicial el aumento ofrecido es insignificante ante los 7 mil millones destinados a las fuerzas armadas en el presupuesto de 2009.
El líder de la CUT, la principal central obrera de Colombia, Tarcisio Mora, declaró que “Uribe demuestra que su interés es privilegiar la guerra y no la justicia y la lucha contra la impunidad”.
Añadió que va a ser más difícil la aprobación del TLC en Estados Unidos, al recordar que los sectores del Partido Demócrata han expresado preocupación por los recortes a las garantías sindicales.
Por la Asonal, que aglutina a unos 45 mil trabajadores de la justicia, su dirigente Fabio Hernández dijo que con la medida coercitiva el gobierno busca sofocar la movilización de los trabajadores.
Apuntó que la Constitución colombiana establece que la conmoción interior debe ser utilizada en caso de una grave alteración del orden público, lo cual no ha sucedido con esta huelga.
Álvaro Uribe justificó el estado de excepción al argumentar que la parálisis de actividades ha provocado que cerca de 3 mil personas capturadas por la sindicación de diversos delitos han quedado en libertad, y que con la huelga de más de un mes la administración de justicia presenta más de 120 mil procesos dejados de fallar y unas 25 mil audiencias que no se han podido llevar a cabo.
AFP, DPA y Reuters, La Jornada, 11 de octubre.
0 Responses to "“Inconstitucional”, el estado de excepción por huelga en rama judicial de Colombia"
Publicar un comentario