Ante las divergencias que hay sobre la participación de privados en la distribución y refinación de hidrocarburos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será el actor que decida su viabilidad.
La SCJN será un actor fundamental para decidir sobre los alcances de la reforma petrolera y la posibilidad de permitir la participación privada en distribución y refinación de hidrocarburos, según resulta del análisis en el seminario "Retos de México ante la Reforma Energética", organizado por la Academia Mexicana de Derecho Energético.
Según abogados especialistas, esta institución será decisiva para sentar interpretaciones sobre la Constitución, ya que ésta no prohíbe la distribución y refinación de hidrocarburos por parte de terceros.
Jorge Adame, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, afirmó que no hay prohibición constitucional para que empresas refinen, elaboren petroquímicos, importen y distribuyan crudo.
La limitante está en la Ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, misma que podría ser modificada con la reforma en proceso y aquellos interesados en participar en el sector estarían respaldados jurídicamente para solicitar un amparo ante la SCJN en el caso de que se presentara una controversia constitucional.
Y es que la ley reglamentaria señala que la producción en la industria de la refinación es exclusiva del monopolio, en este caso de Pemex, aunque la Constitución sólo habla de la propiedad de la Nación sobre el petróleo, añadió Adame.
Héctor Fix Fierro, director del instituto, coincidió en que la SCJN ha demostrado ser muy sensible a lo que el País está viviendo, por lo que se puede decir que las instituciones están funcionando y que jugará un papel fundamental en este proceso.
Añadió que al legislar con base en una simple interpretación del contenido de la Constitución se corre el riesgo de que en la SCJN se pueda comprobar que no hubo una interpretación adecuada.
Jaime Cárdenas, abogado experto en la materia, se opone a la reforma de Pemex con participación privada, pues opinó que las instituciones deberán considerar la oposición social en torno a la reforma petrolera.
Pedro Silva, director de la Región Marina Suroeste, destacó que es urgente adecuar los esquemas de contratación de Pemex a sus nuevas condiciones, pues 82 por ciento de los recursos de hidrocarburos del País presentan altos grados de complejidad para poder explotarse y la mitad de éstos está en franca declinación.
La SCJN será un actor fundamental para decidir sobre los alcances de la reforma petrolera y la posibilidad de permitir la participación privada en distribución y refinación de hidrocarburos, según resulta del análisis en el seminario "Retos de México ante la Reforma Energética", organizado por la Academia Mexicana de Derecho Energético.
Según abogados especialistas, esta institución será decisiva para sentar interpretaciones sobre la Constitución, ya que ésta no prohíbe la distribución y refinación de hidrocarburos por parte de terceros.
Jorge Adame, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, afirmó que no hay prohibición constitucional para que empresas refinen, elaboren petroquímicos, importen y distribuyan crudo.
La limitante está en la Ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, misma que podría ser modificada con la reforma en proceso y aquellos interesados en participar en el sector estarían respaldados jurídicamente para solicitar un amparo ante la SCJN en el caso de que se presentara una controversia constitucional.
Y es que la ley reglamentaria señala que la producción en la industria de la refinación es exclusiva del monopolio, en este caso de Pemex, aunque la Constitución sólo habla de la propiedad de la Nación sobre el petróleo, añadió Adame.
Héctor Fix Fierro, director del instituto, coincidió en que la SCJN ha demostrado ser muy sensible a lo que el País está viviendo, por lo que se puede decir que las instituciones están funcionando y que jugará un papel fundamental en este proceso.
Añadió que al legislar con base en una simple interpretación del contenido de la Constitución se corre el riesgo de que en la SCJN se pueda comprobar que no hubo una interpretación adecuada.
Jaime Cárdenas, abogado experto en la materia, se opone a la reforma de Pemex con participación privada, pues opinó que las instituciones deberán considerar la oposición social en torno a la reforma petrolera.
Pedro Silva, director de la Región Marina Suroeste, destacó que es urgente adecuar los esquemas de contratación de Pemex a sus nuevas condiciones, pues 82 por ciento de los recursos de hidrocarburos del País presentan altos grados de complejidad para poder explotarse y la mitad de éstos está en franca declinación.
Alma Hernández, Reforma, 8 de octubre.
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