Bogotá, 8 de octubre. El presidente colombiano, Álvaro Uribe, dijo hoy que la fiscalía general aún no ha establecido cómo murieron 19 jóvenes que desaparecieron en Soacha, una localidad que colinda con esta capital, cuyos cadáveres fueron encontrados en dos fosas comunes en los departamentos de Santander y Norte de Santander, hace dos semanas.
De esta manera, el gobernante conservador rectificó declaraciones formuladas ayer cuando defendió la argumentación del ejército de que que los jóvenes fueron abatidos en un combate entre el ejército y la guerrilla, al asegurar que la misma fiscalía general ya había dado por bueno ese reporte.
Pero el titular de la fiscalía, Mario Inguarán, aclaró ayer mismo que Uribe malinterpretó un informe de esa instancia, y resaltó que aún no había definido la razón de la muerte de los jóvenes.
En un comunicado, Uribe reconoció hoy que “la fiscalía aún no ha establecido la afirmación del ejército de que fueron dados de baja en combate”, como le había atribuido la víspera a ese organismo y a supuestas investigaciones de autoridades forenses, y dijo ahora que es la fiscalía “la que debe adelantar la investigación”.
Uribe afirmó el martes que “el fiscal general de la nación aseguró que los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate, no fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales y no murieron un día después de su desaparición, sino un mes más tarde”, en rechazo a reclamos de familiares y organismos humanitarios que temen se trate de ejecuciones extrajudiciales cometidas por los militares en el contexto de la controvertida política de seguridad del gobierno.
De acuerdo con familiares de los jóvenes, varios de ellos dijeron antes de desaparecer que habían sido contratados para trabajar en fincas del norte del país.
Por su parte, el opositor partido Polo Democrático Alternativo afirmó que en realidad son más de 150 los jóvenes que han sido reportados desaparecidos por sus familiares y se teme que hayan sido ejecutados, como en otros casos denunciados anteriormente.
En tanto, se reportó que seis militares colombianos fueron detenidos acusados de haber dado muerte a dos campesinos en un caserío de Casanare, a quienes habían presentado como insurgentes muertos en combate.
Los uniformados detenidos son acusados de los delitos de homicidio en persona protegida, desaparición forzada y concierto para delinquir.
Mientras, el Ministerio de Defensa informó que ocho militares murieron este miércoles al caer en un campo minado en las afueras de la población de Barbacoas, en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, cuya trampa atribuyó a la columna Daniel Aldana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que se moviliza por la costa del Pacífico colombiano.
De esta manera, el gobernante conservador rectificó declaraciones formuladas ayer cuando defendió la argumentación del ejército de que que los jóvenes fueron abatidos en un combate entre el ejército y la guerrilla, al asegurar que la misma fiscalía general ya había dado por bueno ese reporte.
Pero el titular de la fiscalía, Mario Inguarán, aclaró ayer mismo que Uribe malinterpretó un informe de esa instancia, y resaltó que aún no había definido la razón de la muerte de los jóvenes.
En un comunicado, Uribe reconoció hoy que “la fiscalía aún no ha establecido la afirmación del ejército de que fueron dados de baja en combate”, como le había atribuido la víspera a ese organismo y a supuestas investigaciones de autoridades forenses, y dijo ahora que es la fiscalía “la que debe adelantar la investigación”.
Uribe afirmó el martes que “el fiscal general de la nación aseguró que los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate, no fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales y no murieron un día después de su desaparición, sino un mes más tarde”, en rechazo a reclamos de familiares y organismos humanitarios que temen se trate de ejecuciones extrajudiciales cometidas por los militares en el contexto de la controvertida política de seguridad del gobierno.
De acuerdo con familiares de los jóvenes, varios de ellos dijeron antes de desaparecer que habían sido contratados para trabajar en fincas del norte del país.
Por su parte, el opositor partido Polo Democrático Alternativo afirmó que en realidad son más de 150 los jóvenes que han sido reportados desaparecidos por sus familiares y se teme que hayan sido ejecutados, como en otros casos denunciados anteriormente.
En tanto, se reportó que seis militares colombianos fueron detenidos acusados de haber dado muerte a dos campesinos en un caserío de Casanare, a quienes habían presentado como insurgentes muertos en combate.
Los uniformados detenidos son acusados de los delitos de homicidio en persona protegida, desaparición forzada y concierto para delinquir.
Mientras, el Ministerio de Defensa informó que ocho militares murieron este miércoles al caer en un campo minado en las afueras de la población de Barbacoas, en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, cuya trampa atribuyó a la columna Daniel Aldana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que se moviliza por la costa del Pacífico colombiano.
AFP, DPA y Reuters, La Jornada, 9 de octubre.
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