El PRI enunció la reforma constitucional en materia penal y de justicia que presentará mañana en ambas cámaras y que incluyen la reestructuración a fondo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como una ley antisecuestro.
En conferencia de prensa encabezada por el senador Jesús Murillo Karam y el diputado César Camacho Quiroz, los legisladores subrayaron que con la reforma al artículo 21 y 73 constitucional se obligará a la coordinación no sólo entre la Federación, sino entre las entidades, sin que ello implique que éstas pierdan competencias en materia de seguridad pública.
Mientras que en la ley antisecuestro se propone la federalización de este delito, la creación de grupos especializados antisecuestros, se prohíbe la contratación de seguros de riesgo. Se propone la creación de un fondo antisecuestros para combatir la asistencia ilícita y que se apoye a víctimas, familiares, testigos, y eventualmente pago de recompensas, entre otros cambios.
Camacho Quiroz explicó que la ley antisecuestro requiere de precisiones para evitar que quienes cometan este delito se beneficien de las lagunas existentes en la ley.
Por ejemplo, el Congreso tendrá facultades para legislar en el tema de la federalización. Se obligará al Estado mexicano a poner en marcha un programa para prevenir, perseguir y sancionar el secuestro.
Por su parte, Murillo Karam ponderó que el PRI quiso darle carácter constitucional a las bases de coordinación obligada entre los diferentes niveles de gobierno, porque está demostrado que solos o aislados la Federación, los estados y municipios son flanco débil de la delincuencia.
Indicó que, derivada de esa coordinación, surgiría el Instituto Nacional de Seguridad Pública como órgano de estado que sería no sólo un banco de información, sino su función será la de diseñar las estrategias e inteligencia conjunta para combatir el crimen.
“Después de esta reforma podrá entrar tranquilamente sustentada una Ley General de Seguridad Pública en la que se defina ya con precisión las formas de integración, coordinación, incluso los niveles clasificados de la información que tienen que difundir y radiar los órganos policiacos del país”, puntualizó.
En conferencia de prensa encabezada por el senador Jesús Murillo Karam y el diputado César Camacho Quiroz, los legisladores subrayaron que con la reforma al artículo 21 y 73 constitucional se obligará a la coordinación no sólo entre la Federación, sino entre las entidades, sin que ello implique que éstas pierdan competencias en materia de seguridad pública.
Mientras que en la ley antisecuestro se propone la federalización de este delito, la creación de grupos especializados antisecuestros, se prohíbe la contratación de seguros de riesgo. Se propone la creación de un fondo antisecuestros para combatir la asistencia ilícita y que se apoye a víctimas, familiares, testigos, y eventualmente pago de recompensas, entre otros cambios.
Camacho Quiroz explicó que la ley antisecuestro requiere de precisiones para evitar que quienes cometan este delito se beneficien de las lagunas existentes en la ley.
Por ejemplo, el Congreso tendrá facultades para legislar en el tema de la federalización. Se obligará al Estado mexicano a poner en marcha un programa para prevenir, perseguir y sancionar el secuestro.
Por su parte, Murillo Karam ponderó que el PRI quiso darle carácter constitucional a las bases de coordinación obligada entre los diferentes niveles de gobierno, porque está demostrado que solos o aislados la Federación, los estados y municipios son flanco débil de la delincuencia.
Indicó que, derivada de esa coordinación, surgiría el Instituto Nacional de Seguridad Pública como órgano de estado que sería no sólo un banco de información, sino su función será la de diseñar las estrategias e inteligencia conjunta para combatir el crimen.
“Después de esta reforma podrá entrar tranquilamente sustentada una Ley General de Seguridad Pública en la que se defina ya con precisión las formas de integración, coordinación, incluso los niveles clasificados de la información que tienen que difundir y radiar los órganos policiacos del país”, puntualizó.
Angélica Mercado, Milenio, 1º de octubre.
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