Puede 2006 sentar base jurídica en precampañas

Lejos de estar sepultados y en el olvido, los expedientes de irregularidades de la precampaña del 2006 podrían sentar jurisprudencia del Tribunal Electoral, luego de que PRD y PAN apelaron las multas y sanciones aplicadas por el Instituto Federal Electoral (IFE) en su última sesión.

Ambos partidos han presentado una serie de recursos de apelación con los que buscan que la Sala Superior de dicho Tribunal siente un criterio definitivo en cuanto a la participación de grupos empresariales y gremiales como el Consejo Coordinador Empresarial y la Convención Nacional Democrática.

El sol azteca presentó ante el Tribunal Electoral un recurso en contra de la amonestación pública que emitió el IFE en su contra, así como de los Partidos del Trabajo y Convergencia por la toma de tribunas del Congreso de la Unión, en abril pasado previo a los debates sobre la reforma energética.

Aunque no se trata de una sanción pecuniaria, para el PRD el hecho es grave pues el Consejo General del IFE era incompetente para atender este caso pues las presuntas conductas eran imputables a senadores y diputados, pero no al partido en particular.

“Conforme al criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los miembros de los partidos realizan actos como militantes, que son independientes de los que emiten (aun perteneciendo a dichos institutos políticos) si tienen algún cargo, por ejemplo de elección popular, y que no existía ninguna base para confundir los actos u opiniones que emitan en cualquiera de los distintos ámbitos señalados”.

La representación jurídica del PRD ante el IFE advierte en su recurso de apelación que no era factible que se imputara responsabilidad al PRD por los actos materia de la queja, pues era claro que habían sido realizados por legisladores en ejercicio de sus funciones y derivado de su propia actividad parlamentaria.

En su caso, esto debió ser materia de conocimiento de autoridades diversas que resultaran competentes en la materia, mas no del Instituto Federal Electoral, insiste en su alegato Rafael Hernández Estrada.
Jorge Octavio Ochoa, El Universal, 10 de octubre.

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