Reprueba México en diagnóstico de derechos humanos para la ONU

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reprobó al gobierno mexicano en la defensa a garantías fundamentales de sus ciudadanos.

Esto, al realizar un diagnóstico del estado que guardan los derechos en nuestro país, y que servirá de sustento a la Organización de las Naciones Unidas para aplicar una evaluación sobre la materia a las autoridades nacionales.

Este mecanismo se denomina Examen Periódico Universal y será aplicado en febrero próximo a los 192 Estados miembros de la ONU, entre éstos México.

De antemano, la CNDH calificó como deficiente el accionar del gobierno en economía, educación, medio ambiente, salud, sistema penitenciario, libertad de expresión y seguridad pública.
Y también evaluó de manera insatisfactoria las políticas de migración, así como las encaminadas a evitar la trata de personas, la tortura y la discriminación a mujeres, niños, adultos mayores, discapacitados e indígenas.

El dictamen previo, enviado a Crónica, consta de 60 puntos…
Con respecto a los derechos económicos, la Comisión reportó a la ONU que el 40% de la población económicamente activa trabaja en el sector informal, con bajos salarios y desprovistos de prestaciones de seguridad social.

En educación, alertó sobre la falta de maestros en primaria y secundaria, de manera especial en zonas indígenas, "donde se presenta el índice más elevado de analfabetismo y un alto porcentaje de niños menores de 16 años que trabajan, sobre todo en el sector agropecuario".

Advirtió, en el renglón de medio ambiente, deficiencias en el uso racional de recursos naturales, preservación del patrimonio natural y diversidad biológica.

INUTILIDAD. Uno de los panoramas más críticos, apuntó, se da en seguridad pública: culpó al gobierno de implementar acciones de contención al crimen, "sin atender causas generadoras como corrupción en cuerpos de seguridad pública, inequidad en la redistribución del ingreso, marginación y exclusión de grupos sociales y desintegración de núcleos familiares".

Aseguró que las estrategias anticrimen de los últimos años, incluida la de Felipe Calderón, no han alcanzado los resultados esperados "debido a la falta de continuidad, la improvisación, la corrupción y la impunidad…, que constituye un lastre para la procuración de justicia y favorece la comisión de los delitos".
Pese a que las instituciones de seguridad pública han contado con mayores recursos, los índices delictivos se han incrementado de manera exponencial.

"Reformar leyes para abatir la delincuencia, sólo es útil cuando se acompaña de campañas de prevención, así como de profesionalización del personal en instancias de procuración y administración de justicia… Los programas oficiales no han logrado coordinar los tres ámbitos de gobierno, ni consolidar la función del Ministerio Público ni respetar los derechos de la víctimas ni disminuir delitos o abatir la corrupción, lo cual implica un atentado al derecho a la seguridad pública de todos los habitantes".

La CNDH, por el contrario, reprochó el abuso de autoridad, reflejado en detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, encubrimiento a policías y militares, además de agresiones y asesinatos en retenes.

"En la actualidad, aún existen actos de tortura y malos tratos que atentan contra la integridad física o psicológica de las personas", añadió.

Y en el sistema penitenciario, indicó, faltan recursos, infraestructura, equipamiento y capacitación del personal que labora en centros de reclusión. Hay, en cambio, sobrepoblación, por lo que "es necesario establecer criterios uniformes en legislaciones para otorgar la libertad anticipada a quienes así lo merezcan y no representen una amenaza para la sociedad".

DE LA TRATA AL SECUESTRO. Sobre la trata de personas, comunicó un incremento, alentado por vacíos en legislaciones locales.

También habló de aumentó en el agravio a periodistas. "De 2005 a 2008 la Comisión ha radicado expedientes relacionados con la muerte de 24 trabajadores de los medios, asesinados por razón de su labor profesional, y se ha documentado la desaparición de ocho".
La atención sanitaria, afirmó, es insuficiente, principalmente en enfermedades como el sida.

Catalogó como asignaturas pendientes la violencia de género, "que ha alcanzado graves proporciones"; la igualdad entre hombres y mujeres; la justicia para adolescentes; el respeto a los adultos mayores, "víctimas de explotación y maltrato físico o mental".

En torno a los pueblos indígenas consignó que "no disfrutan de una situación social y económica propicia para mejorar su desarrollo. Siguen careciendo de empleos, con salarios extremadamente bajos, además de desigualdad ante la administración de justicia, problemas de desnutrición, alta mortalidad y falta de servicios, rezago educativo"… Pidió atender los conflictos agrarios que les impiden a labriegos disfrutar de sus derechos a la tenencia de la tierra.

Sobre migrantes indocumentados, en su mayoría centroamericanos, relató: "padecen una amplia gama de abusos, agresiones y violaciones a sus derechos humanos, tanto por agentes del gobierno como de la delincuencia común y organizada. A partir de 2007, a los asaltos y extorsiones se ha sumado, de manera creciente, el secuestro: a los familiares radicados en Estados Unidos se les exigen cientos o miles de dólares para la liberación".

Y más: "La impunidad ha dado origen a la conformación de grupos delictivos que asaltan a migrantes, violan a mujeres y niñas en caminos de extravío o en lugares cercanos a las vías ferroviarias. Lo más grave de esta práctica es que, en algunos casos, se cuenta con la complicidad de cuerpos policiacos".

Finalmente, la CNDH notificó a la ONU la ausencia de leyes que garanticen los derechos de jornaleros agrícolas, en especial de los niños.

Daniel Blancas Madrigal, Crónica, 5 de octubre.