A través de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Cámara de Diputados se dispone a ejercer con seriedad su facultad legal de vigilar que cada peso transferido a las 32 entidades federativas del país para combatir la inseguridad pública y librar la batalla contra la delincuencia organizada y el narcotráfico se emplee de manera correcta, esto es, sin desviaciones.
La decisión pretende dar cumplimiento, en el plazo de un año contado a partir del pasado 21 de agosto, a los compromisos contraídos por el Poder Legislativo en el “Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad”.
Antonio Ortega Martínez (PRD), presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, anticipa que las auditorías horizontales de desempeño que habrán de realizarse a los cuantiosos recursos ya otorgados y los que se asignarán a través del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal del 2009 a todas las entidades estatales y municipales evidenciarán por lo menos tres aspectos: “Que en muchas entidades no hay una visión de largo plazo para atacar el problema de la delincuencia y la inseguridad; no hay una planeación que establezca metas y objetivos concretos y que hay un despilfarro, un desorden en entidades que prácticamente tiran al caño el dinero para la seguridad pública”.
De ahí la importancia de las evaluaciones de la ASF, dice, con el fin de que el programa general con que se pretende atacar en los próximos años el problema de la inseguridad y los presupuestos tengan una base ya experimentada de qué es lo no que no hay que hacer y dónde poner mecanismos que impidan que se siga haciendo mal uso de los recursos públicos.
“En el tema de seguridad vamos a hacer una revisión multianual, de seguimiento, de evaluación del desempeño que permita ver muy claramente qué entidades están aprovechando con responsabilidad y racionalidad los recursos y cuáles lo utilizan sin ningún resultado”.
Revisiones permitirán informar a la sociedad
En la óptica del perredista, tras las revisiones la sociedad sabrá con certeza qué funcionarios son los responsables del crecimiento de los índices delictivos, ya que, no obstante que tuvieron los recursos suficientes, no fueron capaces de hacer una planeación adecuada, definir metas y establecer indicadores y mecanismos de evaluación y seguimiento.
“No se le pueden seguir dando recursos a las entidades que no los aprovechan correctamente. A los que hacen bien el trabajo hay que estimularlos, y a los que no, ya no darles recursos. Ahora sí vamos a ver si no estamos tirando dinero a la basura, si no se fue dinero bueno al caño, porque algunos funcionarios obtienen recursos públicos para programas específicos y los destinan sin planeación, sin visión, sin responsabilidad, en un desorden absoluto”.
Cuentas claras
Para Alma Alcaraz (PAN), secretaria de la citada Comisión Ordinaria de Trabajo y Coordinadora de la Subcomisión de Transferencias Federales a Estados y Municipios, así como titular de la Subcomisión de Control de las Transferencias Federales a Estados y Municipios de la Comisión de Función Pública de la Cámara Baja, el tema es de “alta prioridad para el país” por la cantidad de recursos que se transfieren a los estados para seguridad pública.
“Todos coincidimos en que existen serias dudas del manejo que se le da a los recursos públicos cuando se transfieren a las entidades federativas. No existe claridad del uso del gasto en el tema de seguridad pública, como tampoco en el de los diferentes ramos, como el 33, lo que se destina a salud, al ataque a la pobreza y a educación ni de los excedentes petroleros. No existe confiabilidad de los diputados federales de cómo se gastan esos recursos porque cuando vamos a los estados vemos un marco legal totalmente laxo”.
A decir de la panista, no se puede confiar en las revisiones que hacen las entidades de fiscalización superior locales porque “están coptadas por los gobernadores”, que son quienes tienen el poder en los congresos estatales.
“Entonces, sucede que esas entidades locales se vuelven un arma de poder político, lejos de ser lo que es la ASF, que audita, presenta sus cuentas y a quien le gustó bien, y a quien no, también”.
Es por eso que el órgano superior de fiscalización realizará las auditorías de manera directa y rendirá cuentas al Poder Legislativo, completa.
Sin fideicomisos
Para Javier Guerrero (PRD), secretario de la Comisión de Vigilancia, el problema no es tanto la falta de transparencia de las entidades federativas, sino la ineficiencia en la aplicación de los recursos por las reglas y la mecánica centralizadora que existe.
Y anticipa que por ello su partido propondrá, en el marco de la discusión del PEF 2009, la conveniencia de eliminar los fideicomisos y que el Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública de los estados y el Distrito Federal se maneje y opere como todos los demás fondos: transferencias directas a las entidades con criterios y etiquetas.
El problema, insiste, es de burocratismo, reglas de operación obsoletas e ineficiencia porque hay una mecánica centralizadora en el ejercicio de los recursos y hay mucha tardanza en la firma de convenios.
“Ésa no es necesariamente responsabilidad de las entidades. Nos tienen que dar resultados de manera inmediata. Los recursos no son todo, hace falta consolidar esquemas de coordinación y la Federación tiene que confiar en la capacidad de los estados e involucrarlos en esquemas de corresponsabilidad para una mejor aplicación de los recursos”, concluye.
La decisión pretende dar cumplimiento, en el plazo de un año contado a partir del pasado 21 de agosto, a los compromisos contraídos por el Poder Legislativo en el “Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad”.
Antonio Ortega Martínez (PRD), presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, anticipa que las auditorías horizontales de desempeño que habrán de realizarse a los cuantiosos recursos ya otorgados y los que se asignarán a través del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal del 2009 a todas las entidades estatales y municipales evidenciarán por lo menos tres aspectos: “Que en muchas entidades no hay una visión de largo plazo para atacar el problema de la delincuencia y la inseguridad; no hay una planeación que establezca metas y objetivos concretos y que hay un despilfarro, un desorden en entidades que prácticamente tiran al caño el dinero para la seguridad pública”.
De ahí la importancia de las evaluaciones de la ASF, dice, con el fin de que el programa general con que se pretende atacar en los próximos años el problema de la inseguridad y los presupuestos tengan una base ya experimentada de qué es lo no que no hay que hacer y dónde poner mecanismos que impidan que se siga haciendo mal uso de los recursos públicos.
“En el tema de seguridad vamos a hacer una revisión multianual, de seguimiento, de evaluación del desempeño que permita ver muy claramente qué entidades están aprovechando con responsabilidad y racionalidad los recursos y cuáles lo utilizan sin ningún resultado”.
Revisiones permitirán informar a la sociedad
En la óptica del perredista, tras las revisiones la sociedad sabrá con certeza qué funcionarios son los responsables del crecimiento de los índices delictivos, ya que, no obstante que tuvieron los recursos suficientes, no fueron capaces de hacer una planeación adecuada, definir metas y establecer indicadores y mecanismos de evaluación y seguimiento.
“No se le pueden seguir dando recursos a las entidades que no los aprovechan correctamente. A los que hacen bien el trabajo hay que estimularlos, y a los que no, ya no darles recursos. Ahora sí vamos a ver si no estamos tirando dinero a la basura, si no se fue dinero bueno al caño, porque algunos funcionarios obtienen recursos públicos para programas específicos y los destinan sin planeación, sin visión, sin responsabilidad, en un desorden absoluto”.
Cuentas claras
Para Alma Alcaraz (PAN), secretaria de la citada Comisión Ordinaria de Trabajo y Coordinadora de la Subcomisión de Transferencias Federales a Estados y Municipios, así como titular de la Subcomisión de Control de las Transferencias Federales a Estados y Municipios de la Comisión de Función Pública de la Cámara Baja, el tema es de “alta prioridad para el país” por la cantidad de recursos que se transfieren a los estados para seguridad pública.
“Todos coincidimos en que existen serias dudas del manejo que se le da a los recursos públicos cuando se transfieren a las entidades federativas. No existe claridad del uso del gasto en el tema de seguridad pública, como tampoco en el de los diferentes ramos, como el 33, lo que se destina a salud, al ataque a la pobreza y a educación ni de los excedentes petroleros. No existe confiabilidad de los diputados federales de cómo se gastan esos recursos porque cuando vamos a los estados vemos un marco legal totalmente laxo”.
A decir de la panista, no se puede confiar en las revisiones que hacen las entidades de fiscalización superior locales porque “están coptadas por los gobernadores”, que son quienes tienen el poder en los congresos estatales.
“Entonces, sucede que esas entidades locales se vuelven un arma de poder político, lejos de ser lo que es la ASF, que audita, presenta sus cuentas y a quien le gustó bien, y a quien no, también”.
Es por eso que el órgano superior de fiscalización realizará las auditorías de manera directa y rendirá cuentas al Poder Legislativo, completa.
Sin fideicomisos
Para Javier Guerrero (PRD), secretario de la Comisión de Vigilancia, el problema no es tanto la falta de transparencia de las entidades federativas, sino la ineficiencia en la aplicación de los recursos por las reglas y la mecánica centralizadora que existe.
Y anticipa que por ello su partido propondrá, en el marco de la discusión del PEF 2009, la conveniencia de eliminar los fideicomisos y que el Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública de los estados y el Distrito Federal se maneje y opere como todos los demás fondos: transferencias directas a las entidades con criterios y etiquetas.
El problema, insiste, es de burocratismo, reglas de operación obsoletas e ineficiencia porque hay una mecánica centralizadora en el ejercicio de los recursos y hay mucha tardanza en la firma de convenios.
“Ésa no es necesariamente responsabilidad de las entidades. Nos tienen que dar resultados de manera inmediata. Los recursos no son todo, hace falta consolidar esquemas de coordinación y la Federación tiene que confiar en la capacidad de los estados e involucrarlos en esquemas de corresponsabilidad para una mejor aplicación de los recursos”, concluye.
Rolando Ramos, El Economista, 8 de octubre.
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