Diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron en comisiones la Ley de Extinción de Dominio para el DF.
Se prevé que el próximo martes el dictamen sea ratificado ante el pleno y que este nuevo ordenamiento entre en vigor en 2009.
La nueva ley plantearía iniciar un juicio de combinación de materias civil y penal en contra de aquellas personas que sean acusadas de cuatro delitos en específico.
Se trata de delincuencia organizada, secuestro, robo de vehículo y la trata de personas, lo que generaría una investigación por parte de la autoridad en contra de los bienes de quienes cometieran estos ilícitos.
El dictamen de ley, además, propone que esta indagación se inicie desde la averiguación previa que el Ministerio Público abra en contra del indiciado y que pueda continuar durante el proceso penal ante un juez, e incluso aún después de dictar la sentencia.
El diputado presidente de la Comisión de Procuración de Justicia, Daniel Ordóñez, resaltó que se trata de un nuevo procedimiento y que será una figura autónoma de lo que actualmente se conoce como derecho penal y civil, explicó que para ello también modificaron la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia, y poder crear una nueva figura de juez.
Se trata de los jueces en materia de extinción de dominio, quienes se encargarán de deliberar sobre estas acusaciones que el Gobierno de la Ciudad podrá emprender en contra de los acusados.
Informó que se trata de comprobar la licitud de los bienes que posean todas aquellas personas implicadas en dichos delitos, a pesar de que no hayan recibido una sentencia.
A pesar de que el dictamen fue aprobado por unanimidad, la fracción del PAN se reservó un artículo.
La duda de los blanquiazules es el artículo cuarto, en donde se establecerá el destino que tendrán los recursos requisados por el Gobierno.
Se prevé que el próximo martes el dictamen sea ratificado ante el pleno y que este nuevo ordenamiento entre en vigor en 2009.
La nueva ley plantearía iniciar un juicio de combinación de materias civil y penal en contra de aquellas personas que sean acusadas de cuatro delitos en específico.
Se trata de delincuencia organizada, secuestro, robo de vehículo y la trata de personas, lo que generaría una investigación por parte de la autoridad en contra de los bienes de quienes cometieran estos ilícitos.
El dictamen de ley, además, propone que esta indagación se inicie desde la averiguación previa que el Ministerio Público abra en contra del indiciado y que pueda continuar durante el proceso penal ante un juez, e incluso aún después de dictar la sentencia.
El diputado presidente de la Comisión de Procuración de Justicia, Daniel Ordóñez, resaltó que se trata de un nuevo procedimiento y que será una figura autónoma de lo que actualmente se conoce como derecho penal y civil, explicó que para ello también modificaron la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia, y poder crear una nueva figura de juez.
Se trata de los jueces en materia de extinción de dominio, quienes se encargarán de deliberar sobre estas acusaciones que el Gobierno de la Ciudad podrá emprender en contra de los acusados.
Informó que se trata de comprobar la licitud de los bienes que posean todas aquellas personas implicadas en dichos delitos, a pesar de que no hayan recibido una sentencia.
A pesar de que el dictamen fue aprobado por unanimidad, la fracción del PAN se reservó un artículo.
La duda de los blanquiazules es el artículo cuarto, en donde se establecerá el destino que tendrán los recursos requisados por el Gobierno.
Jorge Pérez, Reforma, 21 de noviembre.
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