BUENOS AIRES.— Mientras David Murcia Guzmán, el rey midas de las denominadas pirámides financieras, se encuentra desde ayer en poder de la Justicia colombiana, miles de usuarios de esos esquemas financieros, sin control del Banco Central, volvieron a protestar y a chocar con la policía en el centro de Bogotá y en varias ciudades del sur del país.
Murcia fue detenido la noche del lunes en la ciudad panameña de Campana. De inmediato fue trasladado a Cartagena y ayer declaró por más de siete horas en el búnker de la fiscalía, en el centro bogotano. Según fuentes judiciales, Murcia negó tener vínculos con el narco “o haber lavado dinero proveniente del mismo”, aunque la fiscalía asegura tener pruebas de lo contrario.
En tanto, los usuarios de su conglomerado de empresas, DMG, marcharon por la principal avenida de la ciudad hacia la Plaza de Bolívar, frente al Congreso, aunque no alcanzaron a llegar, pues cientos de metros antes fueron interceptados por la policía, en medio de una batahola que terminó siendo la versión capitalina de la ira de los ahorristas en Putumayo, Cauca y Pasto.
En Putumayo, donde se estima que 80% de la población colocó sus ahorros en las pirámides, los comercios permanecieron cerrados. “Todos los municipios están paralizados, el comercio cerró sus puertas, pusieron avisos de apoyo a DMG”, aseguró desde Mocoa (capital de ese departamento) el gobernador Felipe Guzmán.
La noche del miércoles, el presidente Álvaro Uribe se disculpó porque “El Estado no actuó antes, con más velocidad” pero advirtió que así como las autoridades intervinieron y buscan devolver los fondos a los clientes “es muy posible que muchos de los que pusieron su dinero allí lo pierdan”.
Las escenas de violencia se repitieron ayer por la tarde en el estadio de futbol El Campín, donde el gobierno citó a los clientes de las pirámides. Las demoras en la atención y algunas discusiones generaron los primeros encontronazos con la Policía.
También ayer, las autoridades judiciales condenaron a tres años y un mes de prisión a Flor Marina Romero de Rachez, representante de una pirámide que estafó a más de 52 mil depositantes de dinero en Villavicencio (departamento del Meta), informaron en Bogotá fuentes de la fiscalía.
Murcia fue detenido la noche del lunes en la ciudad panameña de Campana. De inmediato fue trasladado a Cartagena y ayer declaró por más de siete horas en el búnker de la fiscalía, en el centro bogotano. Según fuentes judiciales, Murcia negó tener vínculos con el narco “o haber lavado dinero proveniente del mismo”, aunque la fiscalía asegura tener pruebas de lo contrario.
En tanto, los usuarios de su conglomerado de empresas, DMG, marcharon por la principal avenida de la ciudad hacia la Plaza de Bolívar, frente al Congreso, aunque no alcanzaron a llegar, pues cientos de metros antes fueron interceptados por la policía, en medio de una batahola que terminó siendo la versión capitalina de la ira de los ahorristas en Putumayo, Cauca y Pasto.
En Putumayo, donde se estima que 80% de la población colocó sus ahorros en las pirámides, los comercios permanecieron cerrados. “Todos los municipios están paralizados, el comercio cerró sus puertas, pusieron avisos de apoyo a DMG”, aseguró desde Mocoa (capital de ese departamento) el gobernador Felipe Guzmán.
La noche del miércoles, el presidente Álvaro Uribe se disculpó porque “El Estado no actuó antes, con más velocidad” pero advirtió que así como las autoridades intervinieron y buscan devolver los fondos a los clientes “es muy posible que muchos de los que pusieron su dinero allí lo pierdan”.
Las escenas de violencia se repitieron ayer por la tarde en el estadio de futbol El Campín, donde el gobierno citó a los clientes de las pirámides. Las demoras en la atención y algunas discusiones generaron los primeros encontronazos con la Policía.
También ayer, las autoridades judiciales condenaron a tres años y un mes de prisión a Flor Marina Romero de Rachez, representante de una pirámide que estafó a más de 52 mil depositantes de dinero en Villavicencio (departamento del Meta), informaron en Bogotá fuentes de la fiscalía.
José Vales corresponsal, El Universal, 21 de noviembre.
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