El titular de la Secretaría de Gobernación, Fernando Gómez Mont, aprovechó su primera participación como orador en un acto del calendario cívico mexicano para advertir que en este gobierno no se dará “ni un paso atrás en la lucha por desmantelar las redes de narcotraficantes y secuestradores, destruir sus mecanismos de lavado de dinero y sus casas de seguridad, asegurar sus recursos, sus mercancías, sus armas, y consignar ante el Poder Judicial a todos y cada uno de ellos”, pues sólo así “cumpliremos con los postulados revolucionarios de libertad, igualdad y seguridad, consagrados en la Constitución del 17”.
Se refirió también a los comicios intermedios de 2009 y pidió hacer de éstos el ámbito para enriquecer la agenda nacional y perseverar en el “ímpetu reformista” que ha caracterizado “el trabajo político de los últimos años”, porque, puntualizó, “el pacto civil emanado de la Revolución es un expediente que se actualiza constantemente”.
Pero ante todo, el responsable de la política interior del país fue más explícito en sus referencias hacia quienes hoy “desafían al estado de derecho”.
Son delincuentes que “cobardemente corrompen, amenazan y envenenan a nuestra juventud”, y contra los cuales el país libra hoy “una lucha inédita”.
Combatirlos y derrotarlos, puntualizó, representa también honrar los ideales revolucionarios. Y el gobierno está determinado a intensificar esa lucha, “pues siguen vigentes las causas por las que se decidió librarla”.
En el aniversario 98 del inicio de la Revolución Mexicana, y teniendo como fondo el monumento que se levanta en la Plaza de la República, en el centro de la ciudad de México, Gómez Mont expresó su convicción sobre el problema que encara el gobierno federal por la febril actividad de las bandas del narcotráfico y, en general, de la delincuencia organizada.
La lucha continuará, afirmó, porque es abrumadora la mayoría de mexicanos que quiere vivir en paz en comparación con quienes delinquen. Y aquéllos “nos exigen la aplicación del estado de derecho en todos los espacios amenazados por la criminalidad”.
Ponderó lo logrado gracias al trabajo coordinado entre los gobiernos federal, estatales, del Distrito Federal y municipales. Son, señaló, “resultados históricos en aseguramiento de drogas, armas y dinero, así como en la detención de importantes narcotraficantes y bandas de secuestradores”.
Pero es justamente el reclamo ciudadano el que exige “ir mucho más allá” de tales alcances, agregó, porque “no podremos sentirnos satisfechos hasta que las familias mexicanas se sientan seguras en cualquier región del país”.
Esa insatisfacción se mantendrá, recalcó, hasta que se disponga de policías de probada honestidad en los tres órdenes de gobierno, altamente capacitados y equipados, que combatan con eficacia la criminalidad, que dispongan de mejores instrumentos de información y de inteligencia, y que los respalde un servicio civil profesional de carrera que dignifique su función.
Porque, reiteró Gómez Mont, “no podemos sentirnos satisfechos” hasta actualizar el marco jurídico de seguridad y justicia a la nueva realidad del país, y hasta conseguir que arraigue en la sociedad la cultura de la legalidad y hacer de la denuncia ciudadana y de la prevención del delito “una práctica cotidiana”.
Esa lucha sin cuartel debe darse con la articulación de mayores consensos y con el respeto a las diferencias, “para avanzar más aprisa”, manifestó.
En su análisis sobre la gesta revolucionaria, Gómez Mont mencionó que Francisco I. Madero movilizó al país para “remover una estructura basada en la autoridad paternal de una sola persona”, y citó a Jesús Reyes Heroles en su definición de la mexicana como una revolución liberal.
Los desafíos del país “no permiten respiro ni dan pie al anquilosamiento de las instituciones”, señaló. Y dijo que decisiones como el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, así como las reformas estructurales aprobadas por el Congreso, “perfilan el rostro de lo que será México en el siglo XXI”.
Se refirió también a los comicios intermedios de 2009 y pidió hacer de éstos el ámbito para enriquecer la agenda nacional y perseverar en el “ímpetu reformista” que ha caracterizado “el trabajo político de los últimos años”, porque, puntualizó, “el pacto civil emanado de la Revolución es un expediente que se actualiza constantemente”.
Pero ante todo, el responsable de la política interior del país fue más explícito en sus referencias hacia quienes hoy “desafían al estado de derecho”.
Son delincuentes que “cobardemente corrompen, amenazan y envenenan a nuestra juventud”, y contra los cuales el país libra hoy “una lucha inédita”.
Combatirlos y derrotarlos, puntualizó, representa también honrar los ideales revolucionarios. Y el gobierno está determinado a intensificar esa lucha, “pues siguen vigentes las causas por las que se decidió librarla”.
En el aniversario 98 del inicio de la Revolución Mexicana, y teniendo como fondo el monumento que se levanta en la Plaza de la República, en el centro de la ciudad de México, Gómez Mont expresó su convicción sobre el problema que encara el gobierno federal por la febril actividad de las bandas del narcotráfico y, en general, de la delincuencia organizada.
La lucha continuará, afirmó, porque es abrumadora la mayoría de mexicanos que quiere vivir en paz en comparación con quienes delinquen. Y aquéllos “nos exigen la aplicación del estado de derecho en todos los espacios amenazados por la criminalidad”.
Ponderó lo logrado gracias al trabajo coordinado entre los gobiernos federal, estatales, del Distrito Federal y municipales. Son, señaló, “resultados históricos en aseguramiento de drogas, armas y dinero, así como en la detención de importantes narcotraficantes y bandas de secuestradores”.
Pero es justamente el reclamo ciudadano el que exige “ir mucho más allá” de tales alcances, agregó, porque “no podremos sentirnos satisfechos hasta que las familias mexicanas se sientan seguras en cualquier región del país”.
Esa insatisfacción se mantendrá, recalcó, hasta que se disponga de policías de probada honestidad en los tres órdenes de gobierno, altamente capacitados y equipados, que combatan con eficacia la criminalidad, que dispongan de mejores instrumentos de información y de inteligencia, y que los respalde un servicio civil profesional de carrera que dignifique su función.
Porque, reiteró Gómez Mont, “no podemos sentirnos satisfechos” hasta actualizar el marco jurídico de seguridad y justicia a la nueva realidad del país, y hasta conseguir que arraigue en la sociedad la cultura de la legalidad y hacer de la denuncia ciudadana y de la prevención del delito “una práctica cotidiana”.
Esa lucha sin cuartel debe darse con la articulación de mayores consensos y con el respeto a las diferencias, “para avanzar más aprisa”, manifestó.
En su análisis sobre la gesta revolucionaria, Gómez Mont mencionó que Francisco I. Madero movilizó al país para “remover una estructura basada en la autoridad paternal de una sola persona”, y citó a Jesús Reyes Heroles en su definición de la mexicana como una revolución liberal.
Los desafíos del país “no permiten respiro ni dan pie al anquilosamiento de las instituciones”, señaló. Y dijo que decisiones como el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, así como las reformas estructurales aprobadas por el Congreso, “perfilan el rostro de lo que será México en el siglo XXI”.
Rosa Elvira Vargas, La Jornada, 21 de noviembre.
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