Oaxaca, Oax., 10 de diciembre. El asesor jurídico de la Red de Radios Comunitarias de México, David Peña Rodríguez, reprobó que el fiscal especial para la Atención de Delitos contra Periodistas de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Orellana Wiarco, haya determinado que el asesinato de las locutoras indígenas de la estación La voz que rompe el silencio, Felicitas Martínez y Teresa Bautista, no estuvo vinculado con su actividad periodística.
“La información que ofrece el fiscal no está sustentada en la realidad, pues no hay un respaldo probatorio”, afirmó.
El abogado expuso que una conclusión como la dada a conocer por Orellana Wiarco sólo se podría obtener una vez agotadas todas las líneas de investigación.
“No podemos decir cuál era la intención de matarlas si no conocemos quién o quiénes las privaron de la vida, aun suponiendo, sin conceder, que se trató de de una equivocación”, señaló.
Además, destacó que en la averiguación previa iniciada por la PGR “no se ha descartado ninguna línea de investigación” que apunte a que el asesinato fue por su labor periodística.
Consideró que con esa conclusión Orella Wiarco pretende “desvirtuar el trabajo de las radios comunitarias y de las compañeras que estaban en la radio”, además de “minimizar su importancia y la relevancia del trabajo que ellas hacían”, para que la investigación pase al fuero común y sea la Procuraduría General de Justicia del estado la que investigue los hechos.
“Me parece que el fiscal Orellana lo que quiere es lavarse las manos y regresar el caso a Oaxaca para deslindar su responsabilidad y a la PGR”, remarcó.
Peña Rodríguez dijo que la fiscalía “ha jugado un papel contrario a la defensa de los derechos de los periodistas, pues pretende desvirtuar cada una de las agresiones y vincularlas con actividades fuera de su ejercicio profesional”.
“La información que ofrece el fiscal no está sustentada en la realidad, pues no hay un respaldo probatorio”, afirmó.
El abogado expuso que una conclusión como la dada a conocer por Orellana Wiarco sólo se podría obtener una vez agotadas todas las líneas de investigación.
“No podemos decir cuál era la intención de matarlas si no conocemos quién o quiénes las privaron de la vida, aun suponiendo, sin conceder, que se trató de de una equivocación”, señaló.
Además, destacó que en la averiguación previa iniciada por la PGR “no se ha descartado ninguna línea de investigación” que apunte a que el asesinato fue por su labor periodística.
Consideró que con esa conclusión Orella Wiarco pretende “desvirtuar el trabajo de las radios comunitarias y de las compañeras que estaban en la radio”, además de “minimizar su importancia y la relevancia del trabajo que ellas hacían”, para que la investigación pase al fuero común y sea la Procuraduría General de Justicia del estado la que investigue los hechos.
“Me parece que el fiscal Orellana lo que quiere es lavarse las manos y regresar el caso a Oaxaca para deslindar su responsabilidad y a la PGR”, remarcó.
Peña Rodríguez dijo que la fiscalía “ha jugado un papel contrario a la defensa de los derechos de los periodistas, pues pretende desvirtuar cada una de las agresiones y vincularlas con actividades fuera de su ejercicio profesional”.
Octavio Vélez Ascencio corresponsal, La Jornada, 11 de diciembre.
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