El combate al secuestro y la delincuencia organizada unió a las bancadas en la Cámara de Diputados que aprobaron ayer, por 351 votos a favor y dos en contra, la adición constitucional que otorga al Congreso la facultad de emitir leyes generales a fin de que se libre la acción coordinada y decidida de todos los Poderes de la Unión contra tales delitos.
Además, en la exposición de motivos de la reforma se hace hincapié en que al elaborar las leyes contra secuestradores y grupos delictivos, los legisladores deben ser cuidadosos de no criminalizar las luchas sociales y de respetar el pacto federal.
Con más de dos tercios de los votos que demanda un cambio constitucional, la reforma salió de San Lázaro y pasó al Senado, y de allí irá al Ejecutivo y luego seguirá un recorrido por las Legislaturas de los estados. Se espera que en febrero se sumen los 16 votos mínimos de la República que le darían vigencia al decreto. De inmediato las cámaras tendrán que ponerse a trabajar en las leyes generales, con las cuales los gobiernos federal, estatales y municipales darán la pelea a los secuestradores.
Además, los diputados aprobaron la Miscelánea Penal que les envió el Senado, por 314 votos a favor y 4 en contra, y el decreto correspondiente lo enviaron al Ejecutivo. Con ello, el Congreso cumplió uno de los compromisos de los Cien Días contra la Inseguridad Pública.
Antes, los ocho grupos parlamentarios dieron su voto a favor de la reforma al artículo 73 Constitucional Fracción XXI, que presentó al pleno el presidente de la Comisión de Justicia, César Camacho, como una respuesta del Congreso a la exigencia nacional de enfrentar el delito de secuestro.
“Contribuirá a contar con un marco jurídico sólido, uniforme, integral y eficiente”, dijo Lariza Montiel Luis (PAN), y resaltó la abrumadora mayoría: “Son tiempos de trabajar por el país”, expresó.
Aleida Alavez Ruiz (PRD) apoyó la reforma pero lamentó que la prevención del delito quedó fuera, mientras que Jorge Mario Lescieur Talavera (PRI) destacó que contra la delincuencia, el gobierno nunca debe estar solo, sino contar con los gobiernos estatales y locales, como queda establecido en la adición constitucional.
Patricia Castillo Romero (Convergencia) explicó que en el momento actual en México “tenemos miedo”, y vemos padres que investigan el secuestro de sus hijos, plagiarios que respiran impunidad, así como apatía de las autoridades.
Falta mucho por hacer, pero con esta adición a la Constitución “damos un gran paso”, y queda demostrado que la seguridad y la justicia no tienen colores ni partido, sólo el interés de México.
Además, en la exposición de motivos de la reforma se hace hincapié en que al elaborar las leyes contra secuestradores y grupos delictivos, los legisladores deben ser cuidadosos de no criminalizar las luchas sociales y de respetar el pacto federal.
Con más de dos tercios de los votos que demanda un cambio constitucional, la reforma salió de San Lázaro y pasó al Senado, y de allí irá al Ejecutivo y luego seguirá un recorrido por las Legislaturas de los estados. Se espera que en febrero se sumen los 16 votos mínimos de la República que le darían vigencia al decreto. De inmediato las cámaras tendrán que ponerse a trabajar en las leyes generales, con las cuales los gobiernos federal, estatales y municipales darán la pelea a los secuestradores.
Además, los diputados aprobaron la Miscelánea Penal que les envió el Senado, por 314 votos a favor y 4 en contra, y el decreto correspondiente lo enviaron al Ejecutivo. Con ello, el Congreso cumplió uno de los compromisos de los Cien Días contra la Inseguridad Pública.
Antes, los ocho grupos parlamentarios dieron su voto a favor de la reforma al artículo 73 Constitucional Fracción XXI, que presentó al pleno el presidente de la Comisión de Justicia, César Camacho, como una respuesta del Congreso a la exigencia nacional de enfrentar el delito de secuestro.
“Contribuirá a contar con un marco jurídico sólido, uniforme, integral y eficiente”, dijo Lariza Montiel Luis (PAN), y resaltó la abrumadora mayoría: “Son tiempos de trabajar por el país”, expresó.
Aleida Alavez Ruiz (PRD) apoyó la reforma pero lamentó que la prevención del delito quedó fuera, mientras que Jorge Mario Lescieur Talavera (PRI) destacó que contra la delincuencia, el gobierno nunca debe estar solo, sino contar con los gobiernos estatales y locales, como queda establecido en la adición constitucional.
Patricia Castillo Romero (Convergencia) explicó que en el momento actual en México “tenemos miedo”, y vemos padres que investigan el secuestro de sus hijos, plagiarios que respiran impunidad, así como apatía de las autoridades.
Falta mucho por hacer, pero con esta adición a la Constitución “damos un gran paso”, y queda demostrado que la seguridad y la justicia no tienen colores ni partido, sólo el interés de México.
Juan Arvizu y Andrea Merlos, El Universal, 10 de diciembre.
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