El Instituto Federal Electoral y la Secretaría de Desarrollo Social suscribieron un convenio para evitar que los programas gubernamentales sean utilizados con fines político-electorales.
Mediante el acuerdo, el IFE se compromete a proporcionar capacitación a personal de la Sedesol sobre temas como programas y propaganda gubernamental.
En el acto, el consejero presidente Leonardo Valdés advirtió que no escatimarán esfuerzos para garantizar el debido cumplimiento de la ley, ya que una democracia de calidad no puede consentir, bajo ningún concepto, el desvío de recursos públicos hacia la promoción de servidores públicos.
Además, requiere del respeto irrestricto al Estado de Derecho, probidad en el ejercicio del servicio público y corresponsabilidad en la generación de medidas que tengan como propósito impedir la intervención de dinero de procedencia ilícita en las campañas electorales, abundó.
El consejero presidente enfatizó que también es necesario celebrar elecciones pacíficas y con altos índices de participación.
Agregó que el convencimiento basado en las propuestas, el ejercicio responsable de la libertad de expresión, la equidad en el acceso a la radio y televisión, así como la rendición de cuentas deben convertirse en signos distintivos de la competencia entre partidos para obtener el voto ciudadano.
También aclaró que alcanzar la confianza ciudadana no es responsabilidad de una sola institución, sino que constituye un objetivo que implica la responsabilidad compartida del gobierno, los partidos políticos y las autoridades electorales.
Refrendó que el IFE no escatimará esfuerzo alguno para garantizar el debido cumplimiento de la ley.
En su oportunidad, el titular de la Sedesol, Ernesto Cordero, afirmó que la dependencia a su cargo está obligada a redoblar su compromiso con la transparencia, la legalidad y la democracia.
Explicó que la estrategia del gobierno federal está articulada en torno a la rendición de cuentas, que constituye el principio básico de todo gobierno democrático.
“Por ello, todas las acciones y programas del gobierno federal son sometidos a evaluaciones independientes y públicas que sirven para promover una mejora constante, una mayor supervisión social y una mejor inversión de los recursos públicos”, explicó.
Mediante el acuerdo, el IFE se compromete a proporcionar capacitación a personal de la Sedesol sobre temas como programas y propaganda gubernamental.
En el acto, el consejero presidente Leonardo Valdés advirtió que no escatimarán esfuerzos para garantizar el debido cumplimiento de la ley, ya que una democracia de calidad no puede consentir, bajo ningún concepto, el desvío de recursos públicos hacia la promoción de servidores públicos.
Además, requiere del respeto irrestricto al Estado de Derecho, probidad en el ejercicio del servicio público y corresponsabilidad en la generación de medidas que tengan como propósito impedir la intervención de dinero de procedencia ilícita en las campañas electorales, abundó.
El consejero presidente enfatizó que también es necesario celebrar elecciones pacíficas y con altos índices de participación.
Agregó que el convencimiento basado en las propuestas, el ejercicio responsable de la libertad de expresión, la equidad en el acceso a la radio y televisión, así como la rendición de cuentas deben convertirse en signos distintivos de la competencia entre partidos para obtener el voto ciudadano.
También aclaró que alcanzar la confianza ciudadana no es responsabilidad de una sola institución, sino que constituye un objetivo que implica la responsabilidad compartida del gobierno, los partidos políticos y las autoridades electorales.
Refrendó que el IFE no escatimará esfuerzo alguno para garantizar el debido cumplimiento de la ley.
En su oportunidad, el titular de la Sedesol, Ernesto Cordero, afirmó que la dependencia a su cargo está obligada a redoblar su compromiso con la transparencia, la legalidad y la democracia.
Explicó que la estrategia del gobierno federal está articulada en torno a la rendición de cuentas, que constituye el principio básico de todo gobierno democrático.
“Por ello, todas las acciones y programas del gobierno federal son sometidos a evaluaciones independientes y públicas que sirven para promover una mejora constante, una mayor supervisión social y una mejor inversión de los recursos públicos”, explicó.
Blanca Valadez, Milenio, 11 de diciembre.
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