Periodistas piden renuncia del fiscal especial de PGR

La plazuela construida en honor de Francisco Zarco, en la salida noroeste del Metro Hidalgo de la Ciudad de México, se fortificó ayer como el lugar de las recriminaciones de los periodistas alarmados.

Ayer, llegaron allí profesionales de la información —que cobran, trabajan y se arriesgan a diario por ello— para unificar sus reacciones, sus enojos,
sus miedos.

Su noticia mayor fue que mostraron haber iniciado, con ese acto, el inicio de la primera red nacional de autodefensa de los periodistas en ejercicio. En enero anunciarán acciones
drásticas, dijeron.

Lo común de todos ellos fue el temor al medio ambiente, al “clima intimidatorio contra la prensa en México, singularmente en las regiones de más violencia del país”.

Pero lo otro que ayer los unificó en sus irritaciones fue enterarse que el fiscal especial federal para proteger a los periodistas —Octavio Alberto Orellana Warco—, mintió deliberadamente un día antes, según se percataron.

El presunto —como le llaman— fiscal especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas de la PGR se atrevió a informar que de entre 38 y 45 periodistas presuntamente asesinados de 2006 a 2008 sólo tres casos han sido por su trabajo profesional, pero no informó haber logrado castigo para ninguno.

Ese fiscal debe renunciar, dijeron los oradores, quienes consiguieron apoyo tácito al argumentar que debe hacerlo no sólo por evidente incapacidad del tiempo que lleva en ese cargo, sino —se dijo— por el deleznable procedimiento de investigar primero a las víctimas antes que a los victimarios.

Plaza de la unión

La plazoleta Zarco, una casi insignificante cuchilla (en el cruce de las avenidas Reforma, Hidalgo y calle Zarco), recinto dormitorio de niños de la calle, había sido utilizada durante años para protestas de los periodistas, a partir de 1984 cuando fue asesinado el columnista Manuel Buendía por denunciar vínculos del narcotráfico con políticos, policías y delincuentes de aquellos años.

Allí, en el acto de ayer, después de mucho tiempo, lastimosamente se mostraron unificados los representantes de cincos sindicatos de prensa y otras expresiones del periodismo profesional.

El fin común —se explicó— es hacer un frente, una red, para que se detengan los crímenes contra periodistas, que el Estado, o sea Presidencia, cámaras legisladoras, Poder Judicial de la Federación y similares de gobiernos estatales, cumplan con su obligación de garantizar el flujo de la información, así como la libertad y los derechos de expresión y prensa en México.

Minimiza agresiones

••• La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas minimizó en su informe anual las agresiones a los periodistas, por lo que falla así al objetivo para lo que fue creada, indicaron organizaciones civiles, al indicar que ésta se encuentra acotada en sus funciones.

Octavio Alberto Orellana Warco, titular de la fiscalía, afirmó que México no es de los países más riesgosos para ejercer el periodismo, y sostuvo que “hay una percepción errónea de que México es el país en donde más homicidios contra periodistas se cometen, pero eso no es cierto”.

“Con ello el fiscal soslaya los riesgos de la libertad de prensa en México, mismos que han sido denunciados, condenados y documentados” por organizaciones civiles nacionales e internacionales, dijeron. (México • Eugenia Jiménez)

Rogelio Hernández, López, Milenio, 11 de diciembre.