BOGOTÁ.- La Procuraduría de Colombia formuló cargos por homicidio contra cinco militares sospechosos de asesinar a dos civiles y presentarlos falsamente como guerrilleros abatidos en combate, anunció ayer el organismo.
La decisión afecta a dos suboficiales y tres soldados del Ejército investigados por el asesinato de dos campesinos en septiembre de 2003 en el municipio de San Luis, departamento de Antioquia, señaló el Ministerio Público, que vigila la conducta de los funcionarios del Estado.
Según la Procuraduría, José Botero y Albeiro Giraldo fueron "retenidos" y "sus cadáveres aparecieron posteriormente en la morgue del cementerio local, adonde fueron llevados por el Ejército reportados como guerrilleros sin identificar muertos en combate".
Los uniformados aseguraron que los enfrentamientos se desataron durante una operación contra un jefe rebelde.
Pero las familias de las víctimas y la comunidad de la zona señalan que fueron testigos de la forma como los militares retuvieron y golpearon a los campesinos, cuyos cuerpos habrían sido sacados posteriormente en un caballo, precisó la entidad.
El caso se suma a una ola de denuncias contra las Fuerzas Armadas por el asesinato de civiles reportados como bajas de irregulares para reclamar éxitos en la lucha antiguerrilla, lo que motivó la destitución de unos 40 militares, incluidos tres Generales, desde fines de octubre.
Por otra parte, el Gobierno colombiano aseguró en Bruselas que todos los grupos paramilitares de ultraderecha que actuaban en su territorio fueron disueltos, contrario a lo asegurado por varias ONG, y aceptó unas 60 recomendaciones que le formularon en el marco del examen periódico del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Por el contrario, las autoridades colombianas rechazaron una recomendación de varios países que le pidieron renunciar a su política de recompensas por informaciones sobre las guerrillas de izquierda y las cabezas de sus líderes.
"El sistema de recompensas ha debilitado enormemente a los grupos armados ilegales y su estructura criminal, ha ayudado a resolver casos de secuestros y ha contribuido a luchar contra la impunidad", dijeron las autoridades colombianas en un anexo al informe que presentaron la semana pasada al Consejo.
En total, Colombia rechazó diez recomendaciones. El informe final sobre la situación de los derechos humanos deberá ser aprobado en marzo por el pleno del Consejo.
Una de las recomendaciones señalaba que Colombia debía desmontar las estructuras económicas y políticas de los paramilitares desmovilizados.
En el agregado al informe las autoridades colombianas aseguraron que el concepto de paramilitar es un termino que no se aplica en la situación actual, tras la desmovilización de unos 31 mil combatientes de esas organizaciones, que concluyó en 2006.
Varios grupos de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales denunciaron la semana pasada ante el Consejo que los grupos paramilitares -cuyos vínculos con políticos cercanos al gobierno investiga la justicia- continúan actuando y simplemente cambiaron de nombre.
La decisión afecta a dos suboficiales y tres soldados del Ejército investigados por el asesinato de dos campesinos en septiembre de 2003 en el municipio de San Luis, departamento de Antioquia, señaló el Ministerio Público, que vigila la conducta de los funcionarios del Estado.
Según la Procuraduría, José Botero y Albeiro Giraldo fueron "retenidos" y "sus cadáveres aparecieron posteriormente en la morgue del cementerio local, adonde fueron llevados por el Ejército reportados como guerrilleros sin identificar muertos en combate".
Los uniformados aseguraron que los enfrentamientos se desataron durante una operación contra un jefe rebelde.
Pero las familias de las víctimas y la comunidad de la zona señalan que fueron testigos de la forma como los militares retuvieron y golpearon a los campesinos, cuyos cuerpos habrían sido sacados posteriormente en un caballo, precisó la entidad.
El caso se suma a una ola de denuncias contra las Fuerzas Armadas por el asesinato de civiles reportados como bajas de irregulares para reclamar éxitos en la lucha antiguerrilla, lo que motivó la destitución de unos 40 militares, incluidos tres Generales, desde fines de octubre.
Por otra parte, el Gobierno colombiano aseguró en Bruselas que todos los grupos paramilitares de ultraderecha que actuaban en su territorio fueron disueltos, contrario a lo asegurado por varias ONG, y aceptó unas 60 recomendaciones que le formularon en el marco del examen periódico del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Por el contrario, las autoridades colombianas rechazaron una recomendación de varios países que le pidieron renunciar a su política de recompensas por informaciones sobre las guerrillas de izquierda y las cabezas de sus líderes.
"El sistema de recompensas ha debilitado enormemente a los grupos armados ilegales y su estructura criminal, ha ayudado a resolver casos de secuestros y ha contribuido a luchar contra la impunidad", dijeron las autoridades colombianas en un anexo al informe que presentaron la semana pasada al Consejo.
En total, Colombia rechazó diez recomendaciones. El informe final sobre la situación de los derechos humanos deberá ser aprobado en marzo por el pleno del Consejo.
Una de las recomendaciones señalaba que Colombia debía desmontar las estructuras económicas y políticas de los paramilitares desmovilizados.
En el agregado al informe las autoridades colombianas aseguraron que el concepto de paramilitar es un termino que no se aplica en la situación actual, tras la desmovilización de unos 31 mil combatientes de esas organizaciones, que concluyó en 2006.
Varios grupos de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales denunciaron la semana pasada ante el Consejo que los grupos paramilitares -cuyos vínculos con políticos cercanos al gobierno investiga la justicia- continúan actuando y simplemente cambiaron de nombre.
AFP, Reforma, 16 de diciembre.
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