Por unanimidad, el pleno del Senado aprobó las modificaciones que realizó la Cámara de Diputados a la Ley Federal de Telecomunicaciones, en las que se obliga a los concesionarios de telefonía celular a tener un registro y control de las llamadas, con lo que se pretende el combate al secuestro virtual y la extorsión.
Los senadores también aprobaron, con 93 votos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aprobada por los diputados.
Los senadores perredistas Ricardo Monreal y Tomás Torres advirtieron que existen algunas contradicciones con las leyes que el propio Senado aprobó; sin embargo el PAN y el PRI rechazaron los artículos reservados por el PRD.
El priista Francisco Labastida admitió que todas las leyes son perfectibles, pero insistió en que dicha ésta obliga a que en los próximos cuatro años se concrete una depuración de los elementos policiacos y que los tres órdenes de gobiernos sólo contraten elementos certificados.
En lo que se refiere a las reformas sobre telefonía celular, los senadores avalaron las modificaciones hechas por los diputados, en las que se agrega como conductas ilícitas a combatir por medio del registro de telefonía celular los delitos de amenazas, el secuestro en cualquiera de sus modalidades o algún delito grave o relacionado con la delincuencia organizada.
La huella dactilar que deberá constar en el registro de clientes podrá ser directamente en tinta o en forma electrónica y se ordena expresamente a los concesionarios mantener la reserva y protección de las bases de datos personales.
Los senadores avalaron eliminar la necesidad de aprobación judicial para que un concesionario deba entregar datos a las procuradurías federal y locales, cuando realicen una investigación.
El Senado amplío la entrada en vigor del decreto, de 30 a 60 días posteriores a su publicación, y redujo de dos a un año el plazo para que los concesionarios cumplan con las obligaciones de registro y control de los teléfonos celulares.
Los senadores también aprobaron, con 93 votos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aprobada por los diputados.
Los senadores perredistas Ricardo Monreal y Tomás Torres advirtieron que existen algunas contradicciones con las leyes que el propio Senado aprobó; sin embargo el PAN y el PRI rechazaron los artículos reservados por el PRD.
El priista Francisco Labastida admitió que todas las leyes son perfectibles, pero insistió en que dicha ésta obliga a que en los próximos cuatro años se concrete una depuración de los elementos policiacos y que los tres órdenes de gobiernos sólo contraten elementos certificados.
En lo que se refiere a las reformas sobre telefonía celular, los senadores avalaron las modificaciones hechas por los diputados, en las que se agrega como conductas ilícitas a combatir por medio del registro de telefonía celular los delitos de amenazas, el secuestro en cualquiera de sus modalidades o algún delito grave o relacionado con la delincuencia organizada.
La huella dactilar que deberá constar en el registro de clientes podrá ser directamente en tinta o en forma electrónica y se ordena expresamente a los concesionarios mantener la reserva y protección de las bases de datos personales.
Los senadores avalaron eliminar la necesidad de aprobación judicial para que un concesionario deba entregar datos a las procuradurías federal y locales, cuando realicen una investigación.
El Senado amplío la entrada en vigor del decreto, de 30 a 60 días posteriores a su publicación, y redujo de dos a un año el plazo para que los concesionarios cumplan con las obligaciones de registro y control de los teléfonos celulares.
Elba Mónica Bravo, Milenio, 10 de diciembre.
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