Contubernio con empleadores para permitir trata laboral con prácticas semejantes a la esclavitud y negligencias u omisiones que han llevado a la muerte de migrantes, o que los han puesto en riesgo de ser víctimas de violaciones, prostitución y de pornografía infantil, son el sello de cuatro años de denuncias en contra del Instituto Nacional de Migración (INM).
Desde mayo de 2004 a diciembre de 2008, el INM, organismo de la Secretaría de Gobernación (Segob), ha recibido 23 quejas por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las cuales suman más de 700 personas afectadas, incluidos dos muertos.
Aunque la dependencia aclara que ha atendido todas las observaciones, no puede precisar cuántos empleados o funcionarios han sido sancionados por las violaciones documentadas por la CNDH.
Entre los decesos está el de Santos Catalino Portillo, salvadoreño denunciado por su ex concubina en San Miguel de Allende, Guanajuato, por no tener documentos y que tras un acto negligente del INM, falleció en los separos de Seguridad Pública de ese municipio esposado de un brazo a su celda, según la recomendación 22/2006 de la CNDH.
Una muerte más, la de la ecuatoriana María Alicia Yupa, está consignada en la recomendación 24/2008 del organismo. Esta mujer falleció en un hospital del ISSSTE, luego de un diagnóstico errático de las autoridades del INM, quienes no informaron que padecía hipertiroidismo.
En los últimos cuatro años se han mantenido las denuncias de extranjeros, que pretenden asentarse en el país o bien llegar hasta Estados Unidos, contra el INM siendo 2006 y 2007, en los que más quejas han llegado a la CNDH, con siete cada año, las cuales, son individuales o de grupo, donde 30% son menores de edad, mientras que en 2008 la cifra se quedó en seis.
El 10 de diciembre pasado, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, presentó el Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012, donde subrayó que México tenía un doble desafío en esta materia:
“Por un lado, persiste el reto de intensificar la lucha en contra de cualquier práctica que atropelle la igualdad, la integridad y la dignidad de las personas; el otro, consiste en combatir los poderes fácticos que atentan contra la capacidad del Estado mexicano”, apuntó en esa ocasión.
La niña de Guatemala
La penúltima recomendación emitida contra el INM, es la de “V1”, niña guatemalteca de 15 años de edad que intentó llegar sin documentos a Estados Unidos por territorio mexicano. Para llegar a la frontera con dinero, se desempeñó como mesera en un bar de Iztapalapa donde además era obligada a prostituirse.
El 12 de diciembre de 2006, seis meses después de estar en ese lugar, un hombre preguntó a la encargada cuánto costaba “la salida” de la guatemalteca, por lo que pagó 2 mil pesos para llevarse a la menor a un hotel.
Minutos después, el cuerpo de “V1” salía volando por la ventana del tercer piso luego de ser golpeada y violada. Sobrevivió. Autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) pretendían repatriarla sin revisar los reportes médicos, los cuales, ordenaron tres cirugías para garantizar su vida.
Otro caso es el reportado el 23 de agosto de 2006. Autoridades de Reynosa, Tamaulipas, detuvieron a Norma Mireyda Contreras, hondureña, ilegal con 37 semanas de embarazo. Tras su detención se determinó su expulsión y fue enviada a la estación del INM en Iztapalapa. Antes de llevarse a cabo su deportación, el 3 de septiembre de 2006, personal de esas instalaciones la remitió al hospital general Dr. Manuel Gea González de la Secretaría de Salud, donde dio a luz a una niña.
El 7 de septiembre de 2006, ambas, madre e hija, fueron conducidas a las instalaciones del INM en Tapachula, Chiapas, donde fueron enlistadas y expulsadas como nacionales de Honduras. Así, a la recién nacida se le privó de su derecho a ser registrada en el país de acuerdo a la recomendación 29/2007 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Desde mayo de 2004 a diciembre de 2008, el INM, organismo de la Secretaría de Gobernación (Segob), ha recibido 23 quejas por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las cuales suman más de 700 personas afectadas, incluidos dos muertos.
Aunque la dependencia aclara que ha atendido todas las observaciones, no puede precisar cuántos empleados o funcionarios han sido sancionados por las violaciones documentadas por la CNDH.
Entre los decesos está el de Santos Catalino Portillo, salvadoreño denunciado por su ex concubina en San Miguel de Allende, Guanajuato, por no tener documentos y que tras un acto negligente del INM, falleció en los separos de Seguridad Pública de ese municipio esposado de un brazo a su celda, según la recomendación 22/2006 de la CNDH.
Una muerte más, la de la ecuatoriana María Alicia Yupa, está consignada en la recomendación 24/2008 del organismo. Esta mujer falleció en un hospital del ISSSTE, luego de un diagnóstico errático de las autoridades del INM, quienes no informaron que padecía hipertiroidismo.
En los últimos cuatro años se han mantenido las denuncias de extranjeros, que pretenden asentarse en el país o bien llegar hasta Estados Unidos, contra el INM siendo 2006 y 2007, en los que más quejas han llegado a la CNDH, con siete cada año, las cuales, son individuales o de grupo, donde 30% son menores de edad, mientras que en 2008 la cifra se quedó en seis.
El 10 de diciembre pasado, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, presentó el Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012, donde subrayó que México tenía un doble desafío en esta materia:
“Por un lado, persiste el reto de intensificar la lucha en contra de cualquier práctica que atropelle la igualdad, la integridad y la dignidad de las personas; el otro, consiste en combatir los poderes fácticos que atentan contra la capacidad del Estado mexicano”, apuntó en esa ocasión.
La niña de Guatemala
La penúltima recomendación emitida contra el INM, es la de “V1”, niña guatemalteca de 15 años de edad que intentó llegar sin documentos a Estados Unidos por territorio mexicano. Para llegar a la frontera con dinero, se desempeñó como mesera en un bar de Iztapalapa donde además era obligada a prostituirse.
El 12 de diciembre de 2006, seis meses después de estar en ese lugar, un hombre preguntó a la encargada cuánto costaba “la salida” de la guatemalteca, por lo que pagó 2 mil pesos para llevarse a la menor a un hotel.
Minutos después, el cuerpo de “V1” salía volando por la ventana del tercer piso luego de ser golpeada y violada. Sobrevivió. Autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) pretendían repatriarla sin revisar los reportes médicos, los cuales, ordenaron tres cirugías para garantizar su vida.
Otro caso es el reportado el 23 de agosto de 2006. Autoridades de Reynosa, Tamaulipas, detuvieron a Norma Mireyda Contreras, hondureña, ilegal con 37 semanas de embarazo. Tras su detención se determinó su expulsión y fue enviada a la estación del INM en Iztapalapa. Antes de llevarse a cabo su deportación, el 3 de septiembre de 2006, personal de esas instalaciones la remitió al hospital general Dr. Manuel Gea González de la Secretaría de Salud, donde dio a luz a una niña.
El 7 de septiembre de 2006, ambas, madre e hija, fueron conducidas a las instalaciones del INM en Tapachula, Chiapas, donde fueron enlistadas y expulsadas como nacionales de Honduras. Así, a la recién nacida se le privó de su derecho a ser registrada en el país de acuerdo a la recomendación 29/2007 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
José Gerardo Mejía, El Universal, 6 de enero.
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