En su informe al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el gobierno de México reconoció que persisten rezagos y debilidades institucionales que preocupan; sin embargo, “hoy en día nadie puede afirmar que la violación a las garantías individuales sea una política de Estado”.
Entre los desafíos que existen, dijo que aún hay 14.4 millones de mexicanos que sufren pobreza alimentaria, pese a que el derecho a la alimentación es una prioridad. Reconoció también que es necesario combatir la explotación infantil con fines laborales, pues señaló que en 2007 había 3 millones 647 mil 67 niños trabajadores de entre 5 y 17 años, de los cuales un millón 513 mil 233 no asistían a la escuela.
De igual manera refirió que 16 mil menores de edad son utilizados en prácticas de prostitución, pornografía, turismo sexual y tráfico con fines de explotación sexual. Por otra parte, aceptó que persiste el desafío de proporcionar de manera efectiva defensores, intérpretes y traductores certificados en todos los juicios y procedimientos, en que sean parte los hablantes de lenguas indígenas.
El informe fue elaborado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de un proceso de consulta que, según la cancillería, incluyó la celebración de dos foros en los que participaron organizaciones sociales y comisiones de derechos humanos. Además se consultó a instituciones y expertos académicos; a legisladores y miembros del Poder Judicial de la Federación, y a dependencias del Ejecutivo.
De 29 cuartillas, el documento recientemente fue presentado al Senado de la República y en febrero próximo será analizado en el consejo de la ONU. En él se abordan las modificaciones efectuadas para adecuar la legislación del país a los tratados internacionales firmados en la materia.
El reporte gubernamental presenta un diagnóstico de la situación de los derechos humanos que impera en México y, aunque reconoce la existencia de rezagos y debilidades, se concluye que la violación de las garantías individuales no constituye una política de Estado.
Concretamente sobre los derechos civiles y políticos, el gobierno mexicano acepta la existencia de tres desafíos fundamentales: la implantación de la reforma al sistema de justicia, garantizar el derecho a la seguridad de la persona, y la aplicación efectiva de los estándares internacionales de derechos humanos en diferentes niveles, incluyendo la plena armonización legislativa en los ámbitos federal y estatales, el fortalecimiento institucional y la utilización efectiva de esos estándares en fallos y sentencias judiciales.
Sostiene que el sistema de justicia requiere urgentemente depurarse, modernizarse y profesionalizarse en todas sus esferas: prevención, procuración y administración de justicia, así como rehabilitación y reinserción social de los convictos. En este apartado menciona que el sistema penitenciario nacional se compone de 439 centros de reclusión, de los cuales seis están a cargo del gobierno federal. La capacidad total es de 168 mil espacios, mientras la población penitenciaria total llegó en septiembre de 2008 a 222 mil 671 internos. En 229 centros penitenciarios existe sobrepoblación, situación que no se presenta en los centros federales de máxima seguridad.
El documento recuerda que en México la pena de muerte se encuentra expresamente prohibida. Se abolió de jure en 2005 mediante la reforma a los artículos 14 y 22 constitucionales, tras la derogación del 142 del Código de Justicia Militar. No obstante, subraya que México era abolicionista de facto desde décadas antes. La pena capital se aplicó por última vez en el país en 1961.
Por lo que hace a los derechos sociales y económicos, puntualiza que el principal reto en esta materia es el combate a la pobreza. Según el Ejecutivo, gracias a los programas sociales, en la década pasada el número de personas que viven bajo la línea de pobreza extrema se redujo de 38 millones a menos de 15 millones de personas.
Entre los desafíos que existen, dijo que aún hay 14.4 millones de mexicanos que sufren pobreza alimentaria, pese a que el derecho a la alimentación es una prioridad. Reconoció también que es necesario combatir la explotación infantil con fines laborales, pues señaló que en 2007 había 3 millones 647 mil 67 niños trabajadores de entre 5 y 17 años, de los cuales un millón 513 mil 233 no asistían a la escuela.
De igual manera refirió que 16 mil menores de edad son utilizados en prácticas de prostitución, pornografía, turismo sexual y tráfico con fines de explotación sexual. Por otra parte, aceptó que persiste el desafío de proporcionar de manera efectiva defensores, intérpretes y traductores certificados en todos los juicios y procedimientos, en que sean parte los hablantes de lenguas indígenas.
El informe fue elaborado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de un proceso de consulta que, según la cancillería, incluyó la celebración de dos foros en los que participaron organizaciones sociales y comisiones de derechos humanos. Además se consultó a instituciones y expertos académicos; a legisladores y miembros del Poder Judicial de la Federación, y a dependencias del Ejecutivo.
De 29 cuartillas, el documento recientemente fue presentado al Senado de la República y en febrero próximo será analizado en el consejo de la ONU. En él se abordan las modificaciones efectuadas para adecuar la legislación del país a los tratados internacionales firmados en la materia.
El reporte gubernamental presenta un diagnóstico de la situación de los derechos humanos que impera en México y, aunque reconoce la existencia de rezagos y debilidades, se concluye que la violación de las garantías individuales no constituye una política de Estado.
Concretamente sobre los derechos civiles y políticos, el gobierno mexicano acepta la existencia de tres desafíos fundamentales: la implantación de la reforma al sistema de justicia, garantizar el derecho a la seguridad de la persona, y la aplicación efectiva de los estándares internacionales de derechos humanos en diferentes niveles, incluyendo la plena armonización legislativa en los ámbitos federal y estatales, el fortalecimiento institucional y la utilización efectiva de esos estándares en fallos y sentencias judiciales.
Sostiene que el sistema de justicia requiere urgentemente depurarse, modernizarse y profesionalizarse en todas sus esferas: prevención, procuración y administración de justicia, así como rehabilitación y reinserción social de los convictos. En este apartado menciona que el sistema penitenciario nacional se compone de 439 centros de reclusión, de los cuales seis están a cargo del gobierno federal. La capacidad total es de 168 mil espacios, mientras la población penitenciaria total llegó en septiembre de 2008 a 222 mil 671 internos. En 229 centros penitenciarios existe sobrepoblación, situación que no se presenta en los centros federales de máxima seguridad.
El documento recuerda que en México la pena de muerte se encuentra expresamente prohibida. Se abolió de jure en 2005 mediante la reforma a los artículos 14 y 22 constitucionales, tras la derogación del 142 del Código de Justicia Militar. No obstante, subraya que México era abolicionista de facto desde décadas antes. La pena capital se aplicó por última vez en el país en 1961.
Por lo que hace a los derechos sociales y económicos, puntualiza que el principal reto en esta materia es el combate a la pobreza. Según el Ejecutivo, gracias a los programas sociales, en la década pasada el número de personas que viven bajo la línea de pobreza extrema se redujo de 38 millones a menos de 15 millones de personas.
Georgina Saldierna, La Jornada, 4 de enero.
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