La polémica reforma electoral de 2007 finalmente será sometida a juicio, luego de que una juez federal admitió ayer a trámite el amparo promovida por un grupo de intelectuales, académicos y artistas.
Rafaela Franco Flores, juez quinta de distrito en materia administrativa, admitió la demanda presentada el 24 de diciembre de 2007 por Héctor Aguilar Camín, Francisco Calderón, Jorge Castañeda, Luis de la Barreda, Gerardo Estrada, Jorge Fernández Menéndez, Luis González de Alba, Teodoro González de León y Miguel Limón Rojas, entre otros.
Los quejosos alegan que la reforma de noviembre de 2007 al artículo 41 de la Constitución viola su garantía de libre expresión, al prohibir a particulares contratar propaganda electoral en radio y televisión.
La juez desechó la demanda tan pronto fue presentada. Pero el 2 de octubre pasado, al revertir su propio criterio sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia consideró que las reformas a la Carta Magna sí pueden ser cuestionadas por vía judicial, siempre y cuando solo se impugne el procedimiento legislativo.
"Creo que es un triunfo y un cambio de país", dijo Fabián Aguinaco Bravo, abogado de los inconformes.
"Lo trascendente es que ningún órgano del Estado puede permanecer sin control Constitucional, hemos abierto una puerta por donde cualquiera puede transitar cuando sienta que sus derechos y garantías han sido violentados por una reforma a la Constitución".
El litigante aclaró que este juicio no afectará al proceso electoral federal de 2009.
El amparo cuestiona tanto el procedimiento de reforma, como el contenido del artículo 41. En su auto admisorio la juez Franco no aclaró sí examinará todos los temas planteados por los quejosos, sino que se limitó a fijar el 11 de febrero como fecha para audiencia constitucional, y emplazó a juicio a todas las autoridades que aprobaron la reforma.
Estas incluyen a los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, pero también a las legislaturas estatales. Tan solo el desahogo de las contestaciones de cada autoridad demandada podría tomar algunos meses, y cualquier sentencia que dicte la juez será revisada por la Corte.
Otros firmantes de la demanda fueron Federico Reyes Heroles, Ángeles Mastreta, Luis Rubio, Jaime Sánchez Susarrey, Sergio Sarmiento, Jesús Silva-Herzog Márquez, Isabel Turrent y Ramón Xirau.
También serán tramitados al menos 26 amparos similares de cámaras empresariales y comerciales. Pero la Corte desechó en octubre otras demandas en las que no se cuestionaba el procedimiento legislativo, sino únicamente las prohibiciones de contratación de propaganda electoral.
Si los amparos llegan a ser concedidos, los quejosos quedarán exentos de la aplicación de la norma impugnada, pero esta seguirá vigente y las autoridades tendrán que seguirla aplicando.
Rafaela Franco Flores, juez quinta de distrito en materia administrativa, admitió la demanda presentada el 24 de diciembre de 2007 por Héctor Aguilar Camín, Francisco Calderón, Jorge Castañeda, Luis de la Barreda, Gerardo Estrada, Jorge Fernández Menéndez, Luis González de Alba, Teodoro González de León y Miguel Limón Rojas, entre otros.
Los quejosos alegan que la reforma de noviembre de 2007 al artículo 41 de la Constitución viola su garantía de libre expresión, al prohibir a particulares contratar propaganda electoral en radio y televisión.
La juez desechó la demanda tan pronto fue presentada. Pero el 2 de octubre pasado, al revertir su propio criterio sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia consideró que las reformas a la Carta Magna sí pueden ser cuestionadas por vía judicial, siempre y cuando solo se impugne el procedimiento legislativo.
"Creo que es un triunfo y un cambio de país", dijo Fabián Aguinaco Bravo, abogado de los inconformes.
"Lo trascendente es que ningún órgano del Estado puede permanecer sin control Constitucional, hemos abierto una puerta por donde cualquiera puede transitar cuando sienta que sus derechos y garantías han sido violentados por una reforma a la Constitución".
El litigante aclaró que este juicio no afectará al proceso electoral federal de 2009.
El amparo cuestiona tanto el procedimiento de reforma, como el contenido del artículo 41. En su auto admisorio la juez Franco no aclaró sí examinará todos los temas planteados por los quejosos, sino que se limitó a fijar el 11 de febrero como fecha para audiencia constitucional, y emplazó a juicio a todas las autoridades que aprobaron la reforma.
Estas incluyen a los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, pero también a las legislaturas estatales. Tan solo el desahogo de las contestaciones de cada autoridad demandada podría tomar algunos meses, y cualquier sentencia que dicte la juez será revisada por la Corte.
Otros firmantes de la demanda fueron Federico Reyes Heroles, Ángeles Mastreta, Luis Rubio, Jaime Sánchez Susarrey, Sergio Sarmiento, Jesús Silva-Herzog Márquez, Isabel Turrent y Ramón Xirau.
También serán tramitados al menos 26 amparos similares de cámaras empresariales y comerciales. Pero la Corte desechó en octubre otras demandas en las que no se cuestionaba el procedimiento legislativo, sino únicamente las prohibiciones de contratación de propaganda electoral.
Si los amparos llegan a ser concedidos, los quejosos quedarán exentos de la aplicación de la norma impugnada, pero esta seguirá vigente y las autoridades tendrán que seguirla aplicando.
Víctor Fuentes, Reforma, 17 de enero.
0 Responses to "Admiten amparo a intelectuales"
Publicar un comentario