Para el Consejo General del IFE la supresión de propaganda anticipada de campaña y el desvío de los recursos públicos con fines electorales son motivos de preocupación, advirtió el consejero Marco Antonio Gómez.
“Mi principal preocupación, es no repetir las omisiones que se vivieron en 2006”, señaló el también presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE, entrevistado por EL UNIVERSAL.
Participación de servidores públicos, incluido el ex presidente (Vicente Fox); violaciones del acuerdo de neutralidad —que el IFE no hizo valer— guerra sucia y propaganda calumniosa, son algunas de las omisiones cometidas, dijo.
Por falta de acuerdos internos, el IFE tiene dos grandes pendientes: el tema de libertad de expresión, donde hay que definir parámetros que limiten la difusión de mentiras o de injurias; y las conductas de promoción personalizada, que violan el artículo 134 constitucional, dijo el consejero.
Actualmente se encuentra pendiente en el IFE, la firma de un acuerdo para Reforzar la Equidad de las Precampañas y Campañas Electorales en relación con la Imparcialidad en el Uso de los Recursos Públicos.
Con el reglamento se pretende regular la propaganda institucional, gubernamental y de servidores públicos; los actos anticipados de precampaña y de campaña; y la publicidad de partidos, coaliciones, precandidatos y candidatos en radio y televisión.
El proyecto consta de 21 artículos distribuidos en ocho capítulos y, entre otras cosas, prohíbe terminantemente a los tres poderes de la Unión, a los gobiernos locales, ayuntamientos, dependencias, entidades, promover el voto.
Establece un plazo de 10 días, a partir de la aprobación del Reglamento, para que los servidores públicos refieren publicidad exterior que implique la promoción de partidos, precandidatos o candidatos.
Se busca sancionar toda sospecha de que los funcionarios pretendan obligar a sus subordinados a apoyar o a emitir voto a favor o en contra de un partido o candidato e incluso prohibir publicidad subliminal a aquellos que usen nombre, silueta, imagen, símbolos o voz que identifique a un servidor público.
“Tenemos más atribuciones que nunca para requerir a terceros, lo que falta es simplemente que los consejeros del IFE demuestren que tienen la voluntad política de aplicar esas nuevas atribuciones”, sentenció Marco Gómez.
Sin embargo, la reticencia de los partidos impidió que el documento —en poder de EL UNIVERSAL— fuera dado a conocer públicamente, porque algunos partidos lo consideran “una camisa de fuerza”.
El reglamento busca evitar desvío ilegal de fondos y bienes o servicios, entre otras cosas.
“Mi principal preocupación, es no repetir las omisiones que se vivieron en 2006”, señaló el también presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE, entrevistado por EL UNIVERSAL.
Participación de servidores públicos, incluido el ex presidente (Vicente Fox); violaciones del acuerdo de neutralidad —que el IFE no hizo valer— guerra sucia y propaganda calumniosa, son algunas de las omisiones cometidas, dijo.
Por falta de acuerdos internos, el IFE tiene dos grandes pendientes: el tema de libertad de expresión, donde hay que definir parámetros que limiten la difusión de mentiras o de injurias; y las conductas de promoción personalizada, que violan el artículo 134 constitucional, dijo el consejero.
Actualmente se encuentra pendiente en el IFE, la firma de un acuerdo para Reforzar la Equidad de las Precampañas y Campañas Electorales en relación con la Imparcialidad en el Uso de los Recursos Públicos.
Con el reglamento se pretende regular la propaganda institucional, gubernamental y de servidores públicos; los actos anticipados de precampaña y de campaña; y la publicidad de partidos, coaliciones, precandidatos y candidatos en radio y televisión.
El proyecto consta de 21 artículos distribuidos en ocho capítulos y, entre otras cosas, prohíbe terminantemente a los tres poderes de la Unión, a los gobiernos locales, ayuntamientos, dependencias, entidades, promover el voto.
Establece un plazo de 10 días, a partir de la aprobación del Reglamento, para que los servidores públicos refieren publicidad exterior que implique la promoción de partidos, precandidatos o candidatos.
Se busca sancionar toda sospecha de que los funcionarios pretendan obligar a sus subordinados a apoyar o a emitir voto a favor o en contra de un partido o candidato e incluso prohibir publicidad subliminal a aquellos que usen nombre, silueta, imagen, símbolos o voz que identifique a un servidor público.
“Tenemos más atribuciones que nunca para requerir a terceros, lo que falta es simplemente que los consejeros del IFE demuestren que tienen la voluntad política de aplicar esas nuevas atribuciones”, sentenció Marco Gómez.
Sin embargo, la reticencia de los partidos impidió que el documento —en poder de EL UNIVERSAL— fuera dado a conocer públicamente, porque algunos partidos lo consideran “una camisa de fuerza”.
El reglamento busca evitar desvío ilegal de fondos y bienes o servicios, entre otras cosas.
Jorge Octavio Ochoa, El Universal, 19 de enero.
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