Reynosa, Tamps., 6 de enero. Tras rendir declaración ante la Procuraduría General de la República (PGR), 189 centroamericanos que permanecían secuestrados en una casa de seguridad fueron llevados a la estación temporal del Instituto Nacional de Migracion (INM) en esta localidad, que sólo puede alojar a 60 personas.
Los indocumentados estuvieron 24 horas en instalaciones de la PGR, luego de que el Ejército los rescató en una casa de seguridad operada por traficantes en la colonia Doctores de esta ciudad, y al concluir la diligencia fueron llevados a los patios de la estación del INM.
Los 157 hombres y 32 mujeres de diversas nacionalidades fueron informados de su inminente repatriación. Mientras, el juez octavo de distrito, con sede en Tamaulipas, dictó auto de formal prisión a cuatro presuntos traficantes de indocumentados, informó la PGR.
En tanto, como parte del programa Diputado Amigo, que recibe denuncias por abusos a migrantes, el PRD señaló que los indocumentados rescatados siguen hacinados, lo cual “ahonda su situación desventajosa”.
La estación Reynosa del INM está a 30 kilómetros de la cabecera municipal y no tiene agua ni servicios sanitarios, sólo un pozo y una fosa séptica, refirió Camerino Márquez, vocero de la fracción perredista en la Cámara de Diputados.
“La gravedad de los problemas de los indocumentados en México se da por falta de una política integral de Estado y el desdén de la Secretaría de Gobernación”, expresó.
Según Márquez, el gobierno federal debe construir instalaciones más amplias para dar a los migrantes centroamericanos las condiciones que exige para los mexicanos en Estados Unidos.
“Son seres humanos que deben ser tratados con respeto”, dijo en entrevista telefónica. Asimismo, refirió que los indocumentados –entre quienes hay algunos brasileños y menores de edad– eran retenidos por traficantes que operan “redes internacionales muy fuertes” y reciben hasta 5 mil dólares por cada uno.
Anticipó que presentará un punto de acuerdo para exhortar al gobierno de Felipe Calderón a construir más estaciones migratorias en los principales estados fronterizos, que se mejoren las condiciones de las ya existentes y se contrate personal capacitado para asegurar el respeto a los derechos humanos de los indocumentados.
Los indocumentados estuvieron 24 horas en instalaciones de la PGR, luego de que el Ejército los rescató en una casa de seguridad operada por traficantes en la colonia Doctores de esta ciudad, y al concluir la diligencia fueron llevados a los patios de la estación del INM.
Los 157 hombres y 32 mujeres de diversas nacionalidades fueron informados de su inminente repatriación. Mientras, el juez octavo de distrito, con sede en Tamaulipas, dictó auto de formal prisión a cuatro presuntos traficantes de indocumentados, informó la PGR.
En tanto, como parte del programa Diputado Amigo, que recibe denuncias por abusos a migrantes, el PRD señaló que los indocumentados rescatados siguen hacinados, lo cual “ahonda su situación desventajosa”.
La estación Reynosa del INM está a 30 kilómetros de la cabecera municipal y no tiene agua ni servicios sanitarios, sólo un pozo y una fosa séptica, refirió Camerino Márquez, vocero de la fracción perredista en la Cámara de Diputados.
“La gravedad de los problemas de los indocumentados en México se da por falta de una política integral de Estado y el desdén de la Secretaría de Gobernación”, expresó.
Según Márquez, el gobierno federal debe construir instalaciones más amplias para dar a los migrantes centroamericanos las condiciones que exige para los mexicanos en Estados Unidos.
“Son seres humanos que deben ser tratados con respeto”, dijo en entrevista telefónica. Asimismo, refirió que los indocumentados –entre quienes hay algunos brasileños y menores de edad– eran retenidos por traficantes que operan “redes internacionales muy fuertes” y reciben hasta 5 mil dólares por cada uno.
Anticipó que presentará un punto de acuerdo para exhortar al gobierno de Felipe Calderón a construir más estaciones migratorias en los principales estados fronterizos, que se mejoren las condiciones de las ya existentes y se contrate personal capacitado para asegurar el respeto a los derechos humanos de los indocumentados.
Julia Antonieta Le Duc y Enrique Méndez, La Jornada, 7 de enero.
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