Autoridad electoral exigirá antecedentes de personas “políticamente expuestas”

Consejeros electorales afirmaron que el blindaje en las elecciones de este año incluirá compromisos concretos para la transparencia de la información de los candidatos de cada partido, así como antecedentes de las personas “políticamente expuestas”, como los dirigentes de institutos políticos, por ejemplo.

Sin embargo, en ese paquete de fiscalización (para evitar que en el proceso electoral de este año se inmiscuyan actividades ilícitas como el narcotráfico o el lavado de dinero) no estarán incluidos personajes de otros sectores, como el empresarial o de las fuerzas armadas.

Este tipo de personas y organismos serían sólo vigilados por autoridades federales, como la Procuraduría General de la República (PRG) o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pese a que en el Instituto Federal Electoral (IFE) se trabaja en torno a un acuerdo en materia de seguridad y democracia.

Los consejeros electorales integrantes de la comisión especial para elaborar el acuerdo, identificado como blindaje, se reunieron ayer para avanzar en el texto de referencia.

En la sesión de Consejo General del IFE, programada para el próximo 14 de enero, se espera presentar y aprobar el documento que incluya las propuestas de partidos políticos y de las autoridades electorales, con énfasis en tareas de fiscalización de ingresos y gastos de partidos, y medidas para evitar la compra del voto o injerencia de personas vinculadas a actividades ilícitas.

Alfredo Figueroa, integrante de la comisión especial del IFE que analiza el llamado blindaje electoral, señaló que el instituto cumplirá con su responsabilidad, aunque reiteró que tocará a las autoridades federales (PGR, SHCP, entre otras), estatales y municipales hacer su tarea para la detección y detención de presuntos delincuentes.

Figueroa y Marco Gómez, integrantes de la comisión en referencia, afirmaron que el acuerdo incluirá “medidas concretas y acciones puntuales” más allá de buenos deseos, particularmente en la tarea de iniciar procedimientos diáfanos y eficaces sobre la información de partidos y candidatos a puestos de elección popular.

El blindaje será un mecanismo adicional a diversas nuevas atribuciones del IFE en materia de fiscalización, como el acceso a información clasificada en secreto bancario, hacendario o fiduciario.

“No es un acuerdo simplemente de buenos deseos, sino disposiciones puntuales, obligatorias para los partidos, que tienden a tener una fiscalización más rígida y sólida”, indicó el consejero Gómez durante un receso del encuentro de este martes.

Añadió que no hay “ninguna resistencia” en los partidos políticos rumbo a la aprobación de acuerdo en materia de seguridad y democracia, programada para la próxima semana, en la sesión de Consejo General.

En principio, comentó, hay que notificar que todos los dirigentes partidistas son personas “políticamente expuestas”, que deberán acreditar una mayor transparencia en los procesos de selección de candidatos y los antecedentes que soporten cada una de las postulaciones que pretendan registrar ante el IFE.

Sin embargo, respecto de la posibilidad de no tocar con este convenio a militares, por ejemplo, el consejero dijo que deberá estudiarse ese punto en particular.

Por otra parte, la comisión de prerrogativas y partidos políticos aprobó anoche la alianza del PRI y del PVEM para contender en el proceso electoral federal de este año.

La resolución será puesta a consideración del Consejo General del IFE en la sesión programada para este jueves. En tanto, hoy vence el plazo para la eventual entrega de un nuevo nombre que identifique a la coalición electoral integrada por los partidos del Trabajo y Convergencia.

Fabiola Martínez, La Jornada, 7 de enero.