Las empresas de radio y televisión pueden litigar contra los lineamientos del Instituto Federal Electoral (IFE) para el manejo de tiempos en dichos medios, resolvió ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La Corte rechazó por unanimidad tres quejas presentadas por el IFE y el Senado, que cuestionaban la decisión de una juez federal que el 25 de abril de 2008 admitió a trámite una demanda de amparo promovida por dos filiales del Grupo Televisa.
La empresa impugnó acuerdos emitidos por el Consejo General y el Comité de Radio y Televisión del IFE que establecen las pautas para la distribución de los tiempos que corresponde administrar a dicho órgano, alegando que implican una afectación ilegal a su patrimonio.
En teoría el juicio de amparo no procede en materia electoral. Pero la juez Leticia Flores consideró que no se trata de un caso electoral, sino "estrictamente de índole económica", pues las empresas no ejercen derechos políticos, ni están alegando cuestiones sobre el derecho a votar y ser votado.
La Corte confirmó hoy que, de entrada, la juez hizo lo correcto al admitir el amparo.
El IFE pretendía el desechamiento del recurso por notoria improcedencia.
"Al existir una duda razonable que surge para determinar si, pese a la pertenencia al ámbito electoral, el contenido de los acuerdos del IFE afectan o no de manera ilegal el patrimonio de las quejosas, se estima que no es manifiesta, ni evidente, la causal de improcedencia, ya que para ello se necesita contar con mayores elementos de juicio para resolver lo conducente", estableció el pleno de la Corte.
Eso quiere decir que la juez Flores deberá seguir con el trámite del juicio _que lleva meses congelado_ y dictar sentencia sobre la legalidad de las reglas dictadas por el organismo electoral que, previsiblemente, será revisada en última instancia por la propia Corte.
El amparo fue promovido por las filiales Televimex y Cadena Radiodifusora Mexicana _que es la división de radio de Televisa_, y también cuestiona la reforma constitucional en materia electoral, aprobada en noviembre de 2007, la cual es el antecedente de todas las nuevas normas que ha emitido el IFE sobre radio y televisión.
Otras empresas, entre ellas Televisión Azteca y Cadena Tres, también promovieron al menos 20 amparos contra las pautas y reglamentos dictados por el Instituto Federal Electoral para manejo de tiempos en medios electrónicos.
Igualmente hay demandas contra el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en los capítulos que regulan esta materia.
Estos juicios están en trámite y es previsible que, lo mismo que en el de Televisa, la Suprema Corte eventualmente dictará el fallo final.
Inconforme
Entre las nuevas atribuciones del organismo electoral que impugnó el Grupo Televisa están las siguinetes:
· Las facultades del IFE en asignación y administración de tiempos y horarios para propaganda electoral.
· La atribución del organismo de aprobar las pautas de los mensajes de los partidos en precampañas y campañas.
· El monitoreo a los noticieros de radio y TV para ver su tendencia de cobertura.
· La obligación de los concesionarios de entregar información a órganos del IFE.
· La obligación de transmitir anuncios de los partidos aunque sus mensajes violen la ley.
La Corte rechazó por unanimidad tres quejas presentadas por el IFE y el Senado, que cuestionaban la decisión de una juez federal que el 25 de abril de 2008 admitió a trámite una demanda de amparo promovida por dos filiales del Grupo Televisa.
La empresa impugnó acuerdos emitidos por el Consejo General y el Comité de Radio y Televisión del IFE que establecen las pautas para la distribución de los tiempos que corresponde administrar a dicho órgano, alegando que implican una afectación ilegal a su patrimonio.
En teoría el juicio de amparo no procede en materia electoral. Pero la juez Leticia Flores consideró que no se trata de un caso electoral, sino "estrictamente de índole económica", pues las empresas no ejercen derechos políticos, ni están alegando cuestiones sobre el derecho a votar y ser votado.
La Corte confirmó hoy que, de entrada, la juez hizo lo correcto al admitir el amparo.
El IFE pretendía el desechamiento del recurso por notoria improcedencia.
"Al existir una duda razonable que surge para determinar si, pese a la pertenencia al ámbito electoral, el contenido de los acuerdos del IFE afectan o no de manera ilegal el patrimonio de las quejosas, se estima que no es manifiesta, ni evidente, la causal de improcedencia, ya que para ello se necesita contar con mayores elementos de juicio para resolver lo conducente", estableció el pleno de la Corte.
Eso quiere decir que la juez Flores deberá seguir con el trámite del juicio _que lleva meses congelado_ y dictar sentencia sobre la legalidad de las reglas dictadas por el organismo electoral que, previsiblemente, será revisada en última instancia por la propia Corte.
El amparo fue promovido por las filiales Televimex y Cadena Radiodifusora Mexicana _que es la división de radio de Televisa_, y también cuestiona la reforma constitucional en materia electoral, aprobada en noviembre de 2007, la cual es el antecedente de todas las nuevas normas que ha emitido el IFE sobre radio y televisión.
Otras empresas, entre ellas Televisión Azteca y Cadena Tres, también promovieron al menos 20 amparos contra las pautas y reglamentos dictados por el Instituto Federal Electoral para manejo de tiempos en medios electrónicos.
Igualmente hay demandas contra el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en los capítulos que regulan esta materia.
Estos juicios están en trámite y es previsible que, lo mismo que en el de Televisa, la Suprema Corte eventualmente dictará el fallo final.
Inconforme
Entre las nuevas atribuciones del organismo electoral que impugnó el Grupo Televisa están las siguinetes:
· Las facultades del IFE en asignación y administración de tiempos y horarios para propaganda electoral.
· La atribución del organismo de aprobar las pautas de los mensajes de los partidos en precampañas y campañas.
· El monitoreo a los noticieros de radio y TV para ver su tendencia de cobertura.
· La obligación de los concesionarios de entregar información a órganos del IFE.
· La obligación de transmitir anuncios de los partidos aunque sus mensajes violen la ley.
Víctor Fuentes, Reforma, 6 de enero.
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