El Instituto Federal Electoral (IFE) dio a conocer que puso en marcha el proceso de seguridad, legalidad y transparencia para las campañas electorales de este año, en el que se incluye la fiscalización de recursos a dirigentes partidistas y candidatos, quienes no podrán invocar el secreto bancario para evitar que sus cuentas y valores sean sujetos de investigación en caso de existir alguna denuncia.
El IFE envió al Senado de la República copia del Acuerdo número CG959/2008, “por el que se establecen medidas y compromisos de partidos políticos para propiciar condiciones de seguridad, legalidad y transparencia durante el resto del proceso electoral federal 2008-2009”, firmado por el presidente del instituto, Leonardo Valdés Zurita, y el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina.
El acuerdo enviado por el IFE generó una serie de confusiones en el Senado, pues algunos legisladores consideraron que el instituto les estaba notificando que sus cuentas banacarias personales estarían sujetas a fiscalización por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
En una de las parte del acuerdo enviado por el IFE al Senado se recuerda que el secreto bancario y fiduciario puede ser roto para las personas “políticamente expuestas”, para indagaciones y sólo en caso de que haya una denuncia previa sobre presuntas violaciones al marco legal electoral.
Dado que los senadores, como todos los funcionarios con cargo de elección popular, dirigentes partidistas y candidatos son consideradas personas políticamente expuestas, algunos legisladores creyeron que la fiscalización los alcanzaban a ellos.
Sin embargo, el IFE tuvo que emitir un comunicado en el que aseguró que ese instituto está obligado solamente a enviar “únicamente” las listas los candidatos y dirigentes de partidos a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
El IFE aseguró que no revisaría las cuentas banacarias de los senadores, pues carece de facultades para hacerlo.
Horas antes de que el IFE realizara su aclaración, al terminar la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), órgano que preside el coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, los propios coordinadores parlamentarios reaccionaron a su interpretación del acuerdo, y aceptaron que sus cuentas bancarias fueran fiscalizadas, sin que esto fuera la intención del IFE.
La mayoría aceptó la inexistente medida. Coordinadores parlamentarios vieron con agrado el hecho, pero reconocieron que apenas estudiarían en amplitud el acuerdo.
El presidente del Senado, Gustavo Madero (PAN) dijo incluso que la medida es producto de la reforma electoral que el Congreso hizo en septiembre de 2007.
“Es parte de las reformas que aprobamos nosotros mismos y a las cuales nos estamos sometiendo para que exista una renuncia al secreto bancario en los procesos electorales de los partidos”, comentó.
De acuerdo con Madero, esta medida le permitirá al IFE un mayor control y monitoreo en el manejo de los recursos, y así garantizar que no existan violaciones a disposiciones electorales.
El coordinador del PRD, Carlos Navarrete, se dijo de acuerdo en la fiscalización de las cuentas de cada uno de los senadores, al ser personajes “políticamente expuestos”. Dijo que todo forma parte de un acuerdo avalado por el instituto el 22 de diciembre.
El senador Santiago Creel fue más allá y dijo que el IFE podrá auditar las cuentas bancarias no sólo de los legisladores, sino también de familiares cercanos como cónyuges e hijos.
El IFE envió al Senado de la República copia del Acuerdo número CG959/2008, “por el que se establecen medidas y compromisos de partidos políticos para propiciar condiciones de seguridad, legalidad y transparencia durante el resto del proceso electoral federal 2008-2009”, firmado por el presidente del instituto, Leonardo Valdés Zurita, y el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina.
El acuerdo enviado por el IFE generó una serie de confusiones en el Senado, pues algunos legisladores consideraron que el instituto les estaba notificando que sus cuentas banacarias personales estarían sujetas a fiscalización por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
En una de las parte del acuerdo enviado por el IFE al Senado se recuerda que el secreto bancario y fiduciario puede ser roto para las personas “políticamente expuestas”, para indagaciones y sólo en caso de que haya una denuncia previa sobre presuntas violaciones al marco legal electoral.
Dado que los senadores, como todos los funcionarios con cargo de elección popular, dirigentes partidistas y candidatos son consideradas personas políticamente expuestas, algunos legisladores creyeron que la fiscalización los alcanzaban a ellos.
Sin embargo, el IFE tuvo que emitir un comunicado en el que aseguró que ese instituto está obligado solamente a enviar “únicamente” las listas los candidatos y dirigentes de partidos a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
El IFE aseguró que no revisaría las cuentas banacarias de los senadores, pues carece de facultades para hacerlo.
Horas antes de que el IFE realizara su aclaración, al terminar la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), órgano que preside el coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, los propios coordinadores parlamentarios reaccionaron a su interpretación del acuerdo, y aceptaron que sus cuentas bancarias fueran fiscalizadas, sin que esto fuera la intención del IFE.
La mayoría aceptó la inexistente medida. Coordinadores parlamentarios vieron con agrado el hecho, pero reconocieron que apenas estudiarían en amplitud el acuerdo.
El presidente del Senado, Gustavo Madero (PAN) dijo incluso que la medida es producto de la reforma electoral que el Congreso hizo en septiembre de 2007.
“Es parte de las reformas que aprobamos nosotros mismos y a las cuales nos estamos sometiendo para que exista una renuncia al secreto bancario en los procesos electorales de los partidos”, comentó.
De acuerdo con Madero, esta medida le permitirá al IFE un mayor control y monitoreo en el manejo de los recursos, y así garantizar que no existan violaciones a disposiciones electorales.
El coordinador del PRD, Carlos Navarrete, se dijo de acuerdo en la fiscalización de las cuentas de cada uno de los senadores, al ser personajes “políticamente expuestos”. Dijo que todo forma parte de un acuerdo avalado por el instituto el 22 de diciembre.
El senador Santiago Creel fue más allá y dijo que el IFE podrá auditar las cuentas bancarias no sólo de los legisladores, sino también de familiares cercanos como cónyuges e hijos.
Ricardo Gómez y Jorge Octavio Ochoa, El Universal, 22 de enero.
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