La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó ayer su preocupación por la decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos de impedir a los migrantes que enfrentan un proceso de deportación el derecho a contar con un abogado de oficio.
En un comunicado, advirtió que la decisión afecta derechos fundamentales de los trabajadores indocumentados y de sus familias y subrayó que toda persona sometida a algún procedimiento administrativo o judicial debe contar con la garantía mínima del debido proceso.
"Esa decisión contraviene varios instrumentos internacionales de derechos humanos, específicamente la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, éste último vinculante para Estados Unidos", apuntó.
Recordó que que en la Opinión Consultiva 18 (OC-18/03) la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció porque la calidad migratoria de una persona no sea justificación para privarla de sus derechos fundamentales.
"El hecho de que Estados Unidos no proporcione los servicios gratuitos de un abogado a los migrantes mexicanos expulsados de ese país es una disposición discriminatoria, pues la defensa jurídica es un derecho que se reconoce a todas las demás personas en esa nación", reprochó.
En un comunicado, advirtió que la decisión afecta derechos fundamentales de los trabajadores indocumentados y de sus familias y subrayó que toda persona sometida a algún procedimiento administrativo o judicial debe contar con la garantía mínima del debido proceso.
"Esa decisión contraviene varios instrumentos internacionales de derechos humanos, específicamente la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, éste último vinculante para Estados Unidos", apuntó.
Recordó que que en la Opinión Consultiva 18 (OC-18/03) la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció porque la calidad migratoria de una persona no sea justificación para privarla de sus derechos fundamentales.
"El hecho de que Estados Unidos no proporcione los servicios gratuitos de un abogado a los migrantes mexicanos expulsados de ese país es una disposición discriminatoria, pues la defensa jurídica es un derecho que se reconoce a todas las demás personas en esa nación", reprochó.
Reforma, 11 de enero.
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