El consejo general del Instituto Federal Electoral (IFE) exculpará al Partido Acción Nacional (PAN) de responsabilidad por su campaña nacional asociada a los programas del gobierno federal, que fue impugnada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). En sesión extraordinaria, se desecharán las acusaciones de ilegalidad en la propaganda panista difundida en varios distritos, y que para el PRI implica un mal uso de programas de gobierno, lo cual, según el dictamen distribuido, es infundado.
El dictamen de la secretaría ejecutiva tiene apoyo mayoritario entre consejeros, quienes desde la semana pasada determinaron la atracción del caso en función de que había diferencia de criterios en la actuación de juntas distritales respecto de recursos interpuestos por el PRI. En uno de ellos se había incluso ordenado retirar la propaganda panista que enfatiza los programas de gobierno, lo que fue impugnado por el PAN.
Ante esta situación, los consejeros se reunieron este lunes para analizar el caso, mismo que fue desahogado mediante el procedimiento especial sancionador, que establece plazos estrechos para analizar las quejas. Aunque en el dictamen no se contempla, entre los razonamientos de los consejeros destaca: el partido en el gobierno puede decir que hay 27 millones de personas en el Seguro Popular y la oposición puede argumentar que hay más de 70 millones fuera de ese seguro, y en ambos casos es una postura frente a una política de gobierno.
En los anuncios panistas sobre seguridad pública, guarderías y el Seguro Popular –a través de espectaculares– se asocia el Partido Acción Nacional al gobierno, lo que en consideración del PRI es ilegal, pues se utilizan de manera indebida los programas oficiales. En el dictamen se justifica que los partidos deben desarrollar actividades políticas permanentes que alienten la participación social en la vida democrática. A juicio de la secretaría ejecutiva, la propaganda panista encuadra dentro del esquema de actividad pública permanente, pues difunde su ideología y pensamiento sin encuadrar en una contienda electoral.
“Si bien la propaganda de mérito podría influir en el ánimo de la ciudadanía, al resaltar algunas de las tareas del gobierno federal emanado de sus filas, lo cierto es que la misma no presiona, coacciona o condiciona a los electores a emitir su sufragio en favor de dicho partido, toda vez que no amenaza su integridad física, económica o social, ni les condiciona la prestación de un servicio público o beneficio a cambio de su voto.”
Al hablar sobre el tema, el consejero Marco Antonio Gómez Alcántar aseveró que más allá del sentido en que se desahogaría la resolución, la importancia de la sesión radica en que el Consejo General fije criterios sobre lo que pueden o no ser actos anticipados de campaña, y la posible adopción de medidas cautelares en respuesta a presuntas violaciones. De igual forma clarificará criterios en cuanto a la propaganda política que difunden los partidos y la que se considera propiamente propaganda político-electoral
Destacó que las denuncias se han presentado en los distritos 5 de Michoacán, 7 de Coahuila, 5 del estado de México, 4 de Morelos, 5 y 7 de Sinaloa, 16 y 18 de Veracruz, y se decretó que la conducta, por generalizada, puede exceder sus facultades.
El dictamen de la secretaría ejecutiva tiene apoyo mayoritario entre consejeros, quienes desde la semana pasada determinaron la atracción del caso en función de que había diferencia de criterios en la actuación de juntas distritales respecto de recursos interpuestos por el PRI. En uno de ellos se había incluso ordenado retirar la propaganda panista que enfatiza los programas de gobierno, lo que fue impugnado por el PAN.
Ante esta situación, los consejeros se reunieron este lunes para analizar el caso, mismo que fue desahogado mediante el procedimiento especial sancionador, que establece plazos estrechos para analizar las quejas. Aunque en el dictamen no se contempla, entre los razonamientos de los consejeros destaca: el partido en el gobierno puede decir que hay 27 millones de personas en el Seguro Popular y la oposición puede argumentar que hay más de 70 millones fuera de ese seguro, y en ambos casos es una postura frente a una política de gobierno.
En los anuncios panistas sobre seguridad pública, guarderías y el Seguro Popular –a través de espectaculares– se asocia el Partido Acción Nacional al gobierno, lo que en consideración del PRI es ilegal, pues se utilizan de manera indebida los programas oficiales. En el dictamen se justifica que los partidos deben desarrollar actividades políticas permanentes que alienten la participación social en la vida democrática. A juicio de la secretaría ejecutiva, la propaganda panista encuadra dentro del esquema de actividad pública permanente, pues difunde su ideología y pensamiento sin encuadrar en una contienda electoral.
“Si bien la propaganda de mérito podría influir en el ánimo de la ciudadanía, al resaltar algunas de las tareas del gobierno federal emanado de sus filas, lo cierto es que la misma no presiona, coacciona o condiciona a los electores a emitir su sufragio en favor de dicho partido, toda vez que no amenaza su integridad física, económica o social, ni les condiciona la prestación de un servicio público o beneficio a cambio de su voto.”
Al hablar sobre el tema, el consejero Marco Antonio Gómez Alcántar aseveró que más allá del sentido en que se desahogaría la resolución, la importancia de la sesión radica en que el Consejo General fije criterios sobre lo que pueden o no ser actos anticipados de campaña, y la posible adopción de medidas cautelares en respuesta a presuntas violaciones. De igual forma clarificará criterios en cuanto a la propaganda política que difunden los partidos y la que se considera propiamente propaganda político-electoral
Destacó que las denuncias se han presentado en los distritos 5 de Michoacán, 7 de Coahuila, 5 del estado de México, 4 de Morelos, 5 y 7 de Sinaloa, 16 y 18 de Veracruz, y se decretó que la conducta, por generalizada, puede exceder sus facultades.
Alonso Urrutia, La Jornada, 27 de enero.
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