El Departamento de Justicia de Estados Unidos decidió que los migrantes que enfrentan deportación no tienen derecho a un abogado de oficio y si contratan uno privado deben hacerlo sin que ello signifique gastos para el gobierno.
Igualmente, ha decidido que los migrantes —indocumentados y solicitantes de asilo— no tienen garantizado el derecho de reapertura de sus casos si el alegato es que sus abogados no han ejercido una defensa apropiada.
El secretario de Justicia, Michael Mukasey, tomó la decisión el miércoles, según un documento publicado en la página electrónica de esa agencia, e inmediatamente fueron criticadas por grupos de defensa de migrantes, que alegan que así se pone fin a “décadas de práctica legal establecida”.
“Estamos consternados por esta acción”, dijo Nadine Wettstein, directora del centro de acción legal de American Immigration Law Foundation (fundación para las leyes de inmigración).
“Con esta decisión, el gobierno intenta minar el derecho de los migrantes a una audiencia justa sobre si deben ser expulsados del país”, agregó.
Wettstein expresó su sorpresa por el hecho de que la decisión fuera tomada apenas dos semanas antes de que el actual gobierno termine sus funciones, ya que el próximo 20 de enero entra en función el gobierno demócrata.
Igualmente, ha decidido que los migrantes —indocumentados y solicitantes de asilo— no tienen garantizado el derecho de reapertura de sus casos si el alegato es que sus abogados no han ejercido una defensa apropiada.
El secretario de Justicia, Michael Mukasey, tomó la decisión el miércoles, según un documento publicado en la página electrónica de esa agencia, e inmediatamente fueron criticadas por grupos de defensa de migrantes, que alegan que así se pone fin a “décadas de práctica legal establecida”.
“Estamos consternados por esta acción”, dijo Nadine Wettstein, directora del centro de acción legal de American Immigration Law Foundation (fundación para las leyes de inmigración).
“Con esta decisión, el gobierno intenta minar el derecho de los migrantes a una audiencia justa sobre si deben ser expulsados del país”, agregó.
Wettstein expresó su sorpresa por el hecho de que la decisión fuera tomada apenas dos semanas antes de que el actual gobierno termine sus funciones, ya que el próximo 20 de enero entra en función el gobierno demócrata.
AP en Washington, Milenio, 9 de enero.
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