La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) consideró que el gobierno de Estados Unidos comete un “acto discriminatorio” por la decisión que tomó el Departamento de Justicia de negar el derecho de contar con un abogado de oficio a los migrantes que enfrentan un proceso de deportación.
En un comunicado, el organismo expresó su preocupación por ese hecho, que se da a 15 días del cambio de gobierno en aquel país, y subrayó que esa decisión contraviene la normativa internacional de derechos humanos además de que afecta las garantías fundamentales de los trabajadores indocumentados y de sus familias.
De acuerdo con el organismo la resolución del gobierno estadunidense va en contra de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; de las convenciones Americana sobre Derechos Humanos, la internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares; y del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, “éste último vinculante para Estados Unidos”.
La comisión subrayó que la defensa jurídica es un derecho que se reconoce a todos los demás habitantes en esa nación. Refirió que toda persona sometida a algún procedimiento, administrativo o judicial, debe contar con la garantía mínima del debido proceso.
Agregó que en la Opinión Consultiva 18 la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció porque la calidad migratoria de una persona no sea justificación para privarla del goce y ejercicio de sus derechos fundamentales que deben serle reconocidos y garantizados.
En un comunicado, el organismo expresó su preocupación por ese hecho, que se da a 15 días del cambio de gobierno en aquel país, y subrayó que esa decisión contraviene la normativa internacional de derechos humanos además de que afecta las garantías fundamentales de los trabajadores indocumentados y de sus familias.
De acuerdo con el organismo la resolución del gobierno estadunidense va en contra de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; de las convenciones Americana sobre Derechos Humanos, la internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares; y del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, “éste último vinculante para Estados Unidos”.
La comisión subrayó que la defensa jurídica es un derecho que se reconoce a todos los demás habitantes en esa nación. Refirió que toda persona sometida a algún procedimiento, administrativo o judicial, debe contar con la garantía mínima del debido proceso.
Agregó que en la Opinión Consultiva 18 la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció porque la calidad migratoria de una persona no sea justificación para privarla del goce y ejercicio de sus derechos fundamentales que deben serle reconocidos y garantizados.
La Jornada, 11 de enero.
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